La «seguridad nacional» que silencia al periodismo de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido el concepto de «seguridad nacional» en una herramienta para criminalizar el periodismo independiente, despojar de la nacionalidad a las personas comunicadoras exiliadas y presionar a sus familiares dentro del país, según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El informe Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo, sitúa a Nicaragua entre los casos más severos de América Latina, donde los cargos de traición han dejado de limitarse a supuestas amenazas externas para apuntar hacia la disidencia política y la prensa crítica.

La organización establece febrero de 2023 como punto de partida cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 personas presas políticas, a quienes calificó públicamente de «traidoras a la patria» al amparo de la Ley 1055. Poco después, el oficialismo impulsó una reforma constitucional y una norma específica, la Ley 1145 sobre pérdida de la nacionalidad, que permite retirar la ciudadanía y los derechos civiles a cualquier persona señalada como «traidora a la patria».

El impacto de esa legislación sobre el gremio periodístico tiene sus consecuencias. Un informe de 2026 elaborado por RSF España y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), encontró que un 15.2 % de las personas periodistas nicaragüenses exiliadas encuestadas habían sido despojadas de su nacionalidad.

A esa medida se suma la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde 2020, que obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento externo a inscribirse ante el Estado, en una réplica de la legislación rusa que, según RSF, ha sido copiada por gobiernos autoritarios o en vías de serlo en distintas regiones del mundo.

Prensa desde el exilio, bajo vigilancia

Con los medios independientes cerrados, confiscados u obligados a operar fuera del país, el periodismo digital se ha convertido en una de las últimas fuentes de información fiable sobre Nicaragua, señala el informe. Quienes lo sostienen —en su mayoría desde el exilio— enfrentan vigilancia y amenazas de procesamiento penal, mientras las plataformas donde publican su trabajo suelen quedar bloqueadas dentro del territorio nicaragüense.

RSF atribuye buena parte de ese control a la Ley Especial de Ciberdelitos, en vigor desde diciembre de 2020, que castiga la difusión de «noticias falsas», la «incitación al odio» y las «amenazas a la estabilidad» mediante definiciones que la organización considera deliberadamente ambiguas. Esa vaguedad, sostiene el informe, permite presentar la cobertura periodística como un riesgo para la seguridad del Estado y funciona como herramienta central para reconfigurar el ecosistema informativo del país en torno a narrativas oficiales.

Familias bajo presión

El informe documenta además un patrón de represión que trasciende a quienes ejercen el periodismo y alcanza a su entorno cercano. En Nicaragua, junto con El Salvador, los familiares de personas periodistas exiliadas son objeto de vigilancia rutinaria, interrogatorios por parte de autoridades y presión administrativa, de acuerdo con RSF.

La organización advierte, en el conjunto del informe, que la represión transnacional recurre con frecuencia a golpear a quienes rodean a la persona periodista —parejas, madres, hermanas, hijas— como forma de coacción indirecta, una estrategia documentada también en otros países, como Irán o China, donde familiares mujeres han sido detenidas, interrogadas o sometidas a campañas de acoso en represalia por el trabajo de sus parientes exiliados.

Aunque el informe no ofrece cifras desagregadas por género específicas para el caso nicaragüense, sí subraya que la pérdida de nacionalidad, el exilio forzado y la persecución de las redes familiares tienen efectos que golpean de manera diferenciada a las mujeres periodistas y a las mujeres del entorno familiar de las personas comunicadoras, quienes con frecuencia asumen además el cuidado de hijas e hijos en contextos de desplazamiento y precariedad económica agravada por el despojo de derechos civiles.

RSF pone el caso nicaragüense dentro de una tendencia latinoamericana más amplia, en la que los cargos de traición se emplean para presionar o desacreditar a quienes investigan instituciones de seguridad o actores armados. La organización subraya que, a diferencia de otras regiones donde el discurso de seguridad nacional se apoya en amenazas externas, en América Latina la lógica se orienta principalmente hacia el llamado «enemigo interno».

RSF pidió a los Estados adoptar definiciones precisas de lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional, garantizar el debido proceso a las personas periodistas procesadas y establecer mecanismos internacionales de alerta temprana frente a la represión transnacional, incluida la que se ejerce a través del despojo de nacionalidad y la persecución de las redes familiares.