El juicio de la tiktoker y modelo Salma Flores contra su exnovio Kevin Reyes Leytón continúa. Según Flores, Reyes Leytón compartió con otras personas videos íntimos de ella donde mantenían relaciones sexuales, y los divulgó en redes sociales.
Por esta razón, Reyes Leytón está detenido desde julio de este año, y es acusado de la revelación indebida de datos o de información de carácter personal, delito sancionado hasta con ocho años de cárcel en la Ley de Ciberdelitos.
La difusión sin consentimiento de contenido íntimo están contempladas por la Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres y recientemente en la Ley de Ciberdelitos. Sin embargo, aunque se trata de un delito común contra las mujeres en el país, y continuamente denunciado por las víctimas, el caso de Flores es el primero en sentar un precedente por llegar a juicio.
“A la mayoría de las chavalas cuando llegan a la Policía ni les permiten interponer la denuncia si no tienen pruebas en ese momento contra la persona que acusan, o directamente les cuestionan por qué se tomaron esas fotos o esos videos”, revela “Laura”, activista feminista e integrante del Colectivo 8 de Marzo, quienes han acompañado denuncias de víctimas de propalación.
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Para Laura, el hecho de que el caso de Salma Flores accediera a las instituciones de justicia tiene que ver con el clasismo, ya que al tener poder mediático y económico, y ser de Managua le da ventajas frente a otras mujeres que han denunciado el mismo delito.
Mientras que las jóvenes que son pobres, rurales y no están en los medios, tienen menos oportunidades de que sus denuncias sean tomadas en cuenta.
“Las chavalas que no tienen poder económico, no son conocidas o provienen de zonas rurales tienen menos acceso a la justicia, y tampoco cuentan con la información sobre cómo pueden defenderse. Están en mayor desventaja que una chavala de la ciudad que sí tiene todo lo anterior”, explica.
Pero no a todas las víctimas de propalación de la capital se les garantiza su derecho a la denuncia y a la justicia cuando denuncian sus casos. “Julissa”, una joven de 25 años que solicitó el anonimato, expone que cuando ella denunció ante una Comisaría de la Mujer y la Adolescencia, la funcionaria capitalina que la atendió no quiso recibir su denuncia.
El año pasado «Julissa» había sido amenazada por una persona desconocida de difundir fotos íntimas de ella si no le enviaba más, al negarse, sus fotos fueron publicadas en redes sociales y en páginas dedicadas a la propalación.
“Yo denuncié y la Policía me dijo que yo no tenía pruebas suficientes contra la persona que acusaba, pero tampoco hicieron nada para investigar. Yo tenía algunas capturas de pantalla que podían demostrar quién había sido, pero la Policía me dio un no rotundo y no quisieron hacer nada más por mi caso”, expresa.
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La activista feminista, Laura, indica que ese tipo de respuestas son las más comunes cuando se denuncia la propalación. Pero aunque la denunciante no tenga “pruebas contundentes” contra la persona que denuncia, la Policía está en la obligación de investigar el delito y ahondar en el caso, y no puede negarle la denuncia a ninguna víctima.
“Muchas veces a las chavalas ni les toman el escrito de la denuncia, y siempre es con la excusa de falta de pruebas. Los casos siempre los dejan engavetados”, expresa.
Cabe destacar que han habido casos anteriores de hombres que han sido detenidos o han tenido orden de captura por difundir contenido íntimo, pero porque son denunciados por otros delitos relacionados a la pornografía infantil u otros tipos de violencia.
Pero la detención de Reyes Leyton representa la primera detención ocurrida únicamente por la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
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“De todo mi tiempo acompañando casos de propalación, solo en dos ocasiones tuvimos éxito. Pero en el primer caso al agresor no solo se le estaba denunciando por eso, sino también por vender contenido de menores de edad. A él si le dio orden de captura, pero huyó a Costa Rica”, señala Laura.
Mientras que en los otros casos se les obliga a las víctimas a mediar con sus agresores, y no se cumplen con lo establecido en la leyes, que son cuatro años de prisión en la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, y ocho años de prisión en la Ley Especial de Ciberdelitos.
“En el otro caso se hizo una mediación y se le dijo al agresor que pidiera disculpas públicamente. Eso fue una revictimización porque en el pueblo había un ambiente de señalamiento y culpa a las chavalas, y el hombre andaba con un parlante nombrándolas y dizque pidiendo disculpas”, expresa.
Laura señala que el caso de Salma Flores pueda ser una oportunidad para que agresores que cometen el delito de propalación puedan ser detenidos y enjuiciados como corresponde.
