Las votaciones municipales organizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificadas como una “farsa electoral” por no ser libres, justas, transparentes y observadas, realizadas este seis de noviembre para elegir a 6088 alcaldes, vicealcaldes y concejales, estuvo plagada de abstencionismo y un incremento de violencia política en el país, dejando al menos 17 personas detenidas previo y durante el proceso electoral, según el primer corte informativo divulgado por la organización Urnas Abiertas. 

El documento señala que las votaciones se dieron bajo un “absoluto control territorial”, ya que “trabajadores públicos, personas opositoras y ciudadanía general” fueron vigilados “cuadra por cuadra ya sea para obligarlos a votar, asediarlos y evitar cualquier expresión de resistencia”.

“Desde tempranas horas de la mañana el FSLN inició su labor de coacción contra trabajadores del Estado para obligarlos a asistir a las urnas para votar y hacer cumplir las orientaciones partidarias. Al sector público se le indicó asistir desde tempranas horas y enviar fotos con el dedo manchado tras la votación” denunció la organización. 

La medida, agregan, también incluyó a sus familiares mayores de 16 años y a algunos de los trabajadores públicos también se les exigió “permanecer por un período más extendido de tiempo en los centros de votación para simular una amplia participación de la ciudadanía”. 

Sin embargo, la población nicaragüense dejó claro que no cree en las votaciones municipales impulsadas por el orteguismo. Los Centros de Votación de los diferentes municipios del país, según reportes ciudadanos, tuvieron poca afluencia de votantes, en algunos con cero filas y en otros con precaria asistencia.

A través de fotografías y videos, la ciudadanía reveló la falta de votantes en varios centros de votación de Masaya, Managua, Matagalpa, Estelí, Madriz, Chontales, Río San Juan, Jinotega, Chinandega y en las regiones Norte y Sur del Caribe.

Urnas abiertas indicó que en el 63% de los Centros de Votación observados «se constató la instalación de puestos de control, donde operadores políticos del Frente Sandinista vigilaban y controlaban a quienes llegaban a votar”.

Además, denunció que en el 42% de los CV observados la ciudadanía “tuvo inconvenientes por no encontrarse en el padrón electoral” y, en algunos de esos casos, las personas fueron “agredidas y expulsadas”, acusadas de ser “golpistas”.

El Consejo Supremo Electoral, en septiembre, informó que en estas votaciones municipales solo estaban convocados a votar 3,722,884 de nicaragüenses, dejando por fuera a más de 755 mil ciudadanos que en 2021 fueron parte de los 4.4 millones de nicaragüenses habilitados para participar de las votaciones generales. 

En ese contexto, Urnas Abiertas señaló que dicha reducción en el padrón era contraria al crecimiento 100, 000 nuevos votantes que se registraba en cada período electoral.

La organización además denunció que en los Centros de Votación se registraron violaciones a la Ley Electoral, ejecutadas por miembros de la Policía Nacional, que ingresaron a las urnas portando armas de fuego, en claro incumplimiento de la legislación. Asimismo, documentaron que en al menos el 41% de los centros de votación hubo proselitismo político.

“Había afiches del Frente Sandinista dentro de las juntas receptoras de votos, boletas, fiscales y votantes usaban vestimenta con propaganda partidaria, en algunos puntos como parques se detectó música revolucionaria a alto volumen. Además, se registró a militantes visitando a personas y orientando votar en la casilla 2”, detalla el documento.

17 detenciones previo y durante las votaciones 

“Desde la última hora del sábado cinco de noviembre y hasta el momento (4:00 p.m. del seis de noviembre) se ha registrado un incremento de violencia política en 15 departamentos y regiones del país, la cual se ha manifestado a través de: detenciones arbitrarias, hostigamiento, agresiones, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de Centros de Votación (CV), controles de carretera, presencia policial desproporcionada y presencia paramilitar en los CV”, señala parte del documento compartido por la organización.

Las detenciones documentadas por Urnas Abiertas, entre el uno y seis de noviembre en horas de la tarde, ocurrieron en los departamentos de Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua.

La organización no divulgó los nombres de las personas capturadas porque no contaba con la autorización de los familiares. Sin embargo, públicamente se han denunciado las detenciones de Karla Vega de El Rosario, Carazo; y Randall Barbosa y su esposa Yaritza Brenes, de Nindirí, ambos familiares de la presa política Nidia Barbosa, condenada a 11 años de prisión por el régimen orteguista.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también denunció, a través de sus redes sociales, el asedio contra sus miembros, especialmente contra algunos de Corinto, en Chinandega.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Oacnudh), manifestó su “preocupación” por las detenciones que estaban ocurriendo durante este proceso de votaciones e instó al Estado de Nicaragua “a garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y el cese de la represión”. 

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