El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió, este jueves, nuevas sanciones individuales contra la familia del dictador Daniel Ortega. En esta ocasión, las sanciones fueron dirigidas contra Rafael ‘Payo’ Ortega, quien se convierte en el segundo hijo de los Ortega-Murillo, después de Laureano Ortega, en ser sancionado por el gobierno estadounidense.

Las sanciones también fueron extendidas a tres de las empresas de la dictadura Ortega-Murillo, administradas por ‘Payo’ en colaboración con su madre, Rosario Murillo: la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP Petronic), Inversiones Zanzibar Sociedad Anónima (Inversiones Zanzibar) y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat).

«Rafael Ortega es la persona clave en la administración de dinero detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia«, afirmó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), en un comunicado.

Tanto, ‘Payo’ Ortega, como las tres empresas fueron agregados a la lista de «Designaciones realacionadas con Nicaragua» de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), agencia de inteligencia financiera y de cumplimiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encargada de planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y de política exterior del Gobierno estadounidense.

El primer hijo de familia de dictadores en ser sancionado, el pasado 17 de abril, fue Laureano Ortega. La vicepresidenta de Nicaragua, la dictadora Rosario Murillo, también es parte de la lista de funcionarios que han sido sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, tras ser señalados como violadores de derechos humanos y ejecutores de actos de corrupción en Nicaragua.

OTROS SANCIONADOS

Las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra la dictadura Ortega-Murillo reúnen, actualmente, 15 funcionarios vinculados con actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, cometidas principalmente desde abril 2018.

Uno de los primeros sancionados, en diciembre de 2017, por cometer actos de corrupción y violaciones a los derechos de los nicaragüenses, fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, en el marco de la aplicación de la Ley Global Magnitsky.

La Ley Magnitsky contempla la cancelación de visas, congelamiento de bienes y activos de personas privadas acusadas por cometer actos violatorios de derechos humanos y corrupción.

Tras la sanción de Rivas siguieron Francisco López, asesor y conocido tesorero del Frente Sandinista; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Nestor Moncada Lau, asesor de seguridad; Rosario Murillo, vicepresidenta y dictadora; Laureano Ortega, hijo de los dictadores y asesor en temas económicos; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ex ministra de Salud, Orlando Castillo, director de Telcor; Óscar Mojica, director del Ministerio de Tranporte e Infraestructura; Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista; Lumberto Campbell, sustituto de Rivas en el CSE; y Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

(EN DESARROLLO)

Foto: Tomada de La Prensa

La Lupa Nicaragua
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