El calvario de doña Elea Valle, la mujer que asegura que el Ejército asesinó a tres miembros de su familia, parece no tener fin, pues su hija de 13 años desapareció la madrugada de este lunes.

La información sobre la desaparición de la menor fue confirmada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).  Marlin Sierra, directora ejecutiva de esta organización explicó que se desconocen las circunstancias sobre la desaparición de la menor.

La defensora de derechos humanos apeló a la Policía y el Estado mismo a contribuir para dar con el paradero de la menor.

“La misma doña Elea decía, aun cuando ella se haya ido por su propia voluntad es una niña que tiene que estar bajo protección de su familia y ella está en todo su derecho de pedir que le ayuden a localizarla y que retorne bajo su tutela”, mencionó la defensora de derechos humanos.

Según Sierra, en un término máximo de 48 horas la Policía debería y está en la obligación de emprender la búsqueda de la menor hija de doña Elea.

Una vida de sufrimiento

Desde el 12 de noviembre de 2017, empezó una carrera para clamar justicia al Estado por el asesinato de su esposo y dos de sus hijos a manos del Ejército de Nicaragua, según denunció a finales de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Elea Valle
Foto: La Lupa/ O. Navarrete

Doña Elea originalmente habitaba en la comunidad de Silibila, municipio de Prinzapolka, en la región de la Costa Caribe Norte, pero en el año 2014 su familia empezó a ser objeto de persecución por parte del Ejército, luego que su cuñado supuestamente se alzó en armas contra el Gobierno, según narró a este organismo de derechos humanos.

Desde entonces, agregó, su familia empezó a desplazarse en al menos cuatro oportunidades, pero los miembros del Ejército siempre daban con su paradero, pues según denuncia de Valle, ellos sostenían que su esposo también era “un armado”.

Desde que ella hizo la denuncia pública acerca del asesinato de su esposo y sus otros dos hijos para ella ha sido un calvario porque la persecución ha sido permanente, donde ella se moviliza la han estado vigilando, inclusive ha cambiado de diferentes lugares y eso hasta le ha generado cierta inestabilidad a la familia, sobre todo a sus hijos, porque ella tiene un niño con discapacidad también”, manifestó Sierra.

Medidas cautelares

A partir de la denuncia, el 24 de febrero de 2018, la CIDH otorgó medidas cautelares y demandó al Estado que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la señora Elea Valles Aguilar y sus (tres) hijos”.

La CIDH observó que a pesar de que doña Elea, el 23 de noviembre de 2017, interpuso una denuncia sobre el caso de su esposo ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, a la fecha “no habría obtenido respuesta sobre avances ni se habrían implementado medidas de protección a su favor”.

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