Ocho representantes de Corea, Nicaragua, Cuba, China, Venezuela, Rusia, Siria e Irán  enviaron una carta a la secretaría general de las Naciones Unidas para solicitar un llamamiento a la alta comisionada de los derechos humanos, Michell Bachelet, en el que pida el “levantamiento completo e inmediatato de medidas coercitivas unilaterales”.

Los regímenes, en el preámbulo del documento, aducen que las medidas coercitivas los limitan en su actuar frente a la pandemia del COVID-19. “Tenemos que reconocer que se trata de un acto difícil, sino imposible, para países que actualmente se enfrentan a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales y violan flagrantemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, reza parte del texto donde se quejan de las medidas que supuestamente los limitan a hacer frente al COVID-19.

Es por ello que pidieron a la Alta Comisionada de derechos humanos de la ONU que “solicite el levantamiento completo e inmediato de esas medidas ilegales, coercitivas y arbitrarias de presión económica … a fin de garantizar la respuesta plena, eficaz y eficiente de todos los miembros de la comunidad internacional al COVID-19 y a que rechace también la politización de esa pandemia”.

 

Sin embargo, en países como Nicaragua hay medidas que ni siquiera requieren de recursos económicos extras para ser convocadas, pero no se han hecho. El régimen orteguista, por ejemplo, es uno de los pocos países con casos confirmados que no ha suspendido las clases en escuelas y universidades públicas, además, llama a sus fanáticos a participar en actividades que lejos de promover el distanciamiento social buscan propiciar aglomeraciones. 

En Nicaragua, según las cifras oficiales, hasta la fecha solo hay dos casos confirmados y 12 casos sospechosos. Sin embargo, sectores como el privado y la misma Iglesia Católica han tomado medidas estrictas para evitar el contagio del coronavirus, mientras que en las instituciones estatales, según denuncias recibidas por La Lupa, ni siquiera se les permite usar mascarillas a quienes llegan con síntomas similares a los del COVID-19, aduciendo que “instan la histeria colectiva”.

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Róger Guevara Mena, analista político y exdiplomático de Nicaragua, asegura que este tipo de llamamientos que realizan estos países conocidos a nivel internacional como dictatoriales o violadores de derechos humanos, carecen de toda moral.

“No creo que tenga un impacto, ya que toda la comunidad internacional conoce lo que estos estados han hecho, conoce que son violadores de derechos humanos… Además, este organismo no tiene las facultades y no está entre sus razones de ser el levantamiento de sanciones, porque estas además son unilaterales, entonces, no creo que tenga mayor impacto esta solicitud que ellos hacen”, aseguró Guevara.

En el caso de Nicaragua, hasta la fecha hay más de una docena de funcionarios, ligados al orteguismo, que han sido sancionados por Estados Unidos, señalados de cometer actos que violentan los derechos de los nicaragüenses, principalmente, desde iniciaron las protestas en abril 2018.

Entre los sancionados por el Gobierno estadounidense están: Rosario Murillo, Laureano Ortega, Juan Valle, Roberto Rivas, Lumberto Capbell y Sonia Castro. La única institución pública sancionada hasta la fecha es la Policía Nacional, ya que es señalada de ser el principal órgano represor del dictador Daniel Ortega contra la oposición nicaragüense.

Foto principal: Tomada de La Prensa.

La Lupa Nicaragua
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