El Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció, a través de un informe, que en 2022 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo superó sus propios récords sobre violaciones a derechos humanos contra los nicaragüenses, incrementando el número de personas encarceladas por motivos políticos y ordenando el cierre masivo de oenegés.
La organización señaló que la dictadura orteguista canceló 3108 organizaciones sin fines de lucro en 2022, a través del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, ubicándolo como el año con más cancelaciones desde 2018.
“Estas cancelaciones masivas de OSFL han dejado en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales históricamente discriminados como: juventudes, niñez y mujeres víctimas de violencia, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros”, denunció.
Raza e Igualdad también indicó que más de 225 personas están presas por motivos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua, siendo esta la cifra más alta de reos políticos que mantiene el régimen desde la Rebelión de Abril de 2018, cuando 674 ciudadanos y ciudadanas fueron encerradas por la Policía orteguista.
La organización recordó que en 2022 al menos 76 de estas personas encarceladas por motivos políticos recibieron medidas provisionales, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Asimismo, mencionaron que otros diez presos y presas políticas fueron propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como beneficiarias, por considerar que “están expuestas a ser objeto de inminentes actos de violencia”, y que sus núcleos de familiares están propensos “a sufrir represalias” por sus demandas de justicia.
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Las personas propuestas como beneficiarias, detalla el Instituto, son: Norlan Cárdenas, Jaime Navarrete, Osman Aguilar, Ezequiel González, Denis Palacios, Uriel Pérez, Ernesto Ramírez; Edder Muñoz, Juan Lorenzo Holmann, José Santos Sánchez; y Nidia Barbosa, quien además está expuesta a agresiones diferenciadas por su condición de género y edad, advirtieron los defensores de Raza e Igualdad.
La Corte IDH, además de otorgar las medidas a favor de los presos políticos de Nicaragua, declaró en “desacato permanente” al estado nicaragüense, dirigido por la dictadura de los Ortega Murillo, por no asumir las medidas provisionales adoptadas por ese organismos, y ordenó que se presente un informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se incluya “la desprotección absoluta en la que se encuentran las y los beneficiarios”.
El Instituto denunció, citando a la plataforma regional Voces del Sur (VDS), que en 2022 ocurrieron un total de 703 casos de violaciones a la libertad de prensa, que siguieron propiciando la salida de más hombres y mujeres de prensa.
El informe también detalla que entre las principales violaciones a la libertad a la prensa se registraron: el uso abusivo del poder estatal (498 casos), agresiones y ataques (159) y el discurso estigmatizante (15).
Ante este contexto de crisis sociopolítica y económica que la dictadura orteguista ha plagado de represión, encarcelamientos, persecución, hostigamiento contra disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, campesinos, empresarios y religiosos, señala el informe, se produjo en 2022 “un éxodo inédito” de migración, ya que «al menos 328,443 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses salieron del país en ese período, superando los 161,269 que migraron en el año 2021, cuando también se marcó un récord en el historial migratorio de Nicaragua”.
