Ante la ausencia Estatal y desconfianza en la Policía Nacional, cientos de mujeres han denunciado públicamente a sus agresores desde las redes sociales durante los últimos tres años.
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Después de un año y medio de haber vivido violencia sexual por parte de un compañero de clases, “Ana” rompió el silencio y expuso a su agresor con nombre y apellido. En una publicación que posteriormente se hizo viral en Twitter, relató su testimonio para alertar a otras mujeres de su alrededor y para tener al menos justicia social.
«Cuento hasta hoy mi testimonio porque durante mucho tiempo tuve miedo, miedo de ser juzgada y miedo de aceptar que fui víctima de abuso, pero ahora decido romper el silencio porque estoy cansada, cansada de ver a Harvin Hernández actuar como si no hizo nada, haciéndole daño a personas cercanas a mí y que todavía tiene el cinismo de compartir cosas sobre feminicidios, violaciones y abusos, cuando él es uno más en la lista», se lee en la denuncia de Ana realizada el 20 de agosto de 2020.
En medio de una ola de denuncias públicas que, se extendió en el año 2020 y que continuó en 2021, su denuncia se replicó 212 veces en la red social Twitter y cumplió su cometido, ya que diferentes personas enviaron el testimonio a mujeres cercanas del supuesto agresor, comenta la joven universitaria de 23 años.
Gracias a las denuncias del 2020, Ana identificó que había vivido violencia sexual en 2019. A partir de entonces entró en cuadro depresivo, pero con la ayuda de sus hermanas mayores, decidió recibir asistencia psicológica, la cual todavía mantiene.
Si bien, pensó en denunciar legalmente a su agresor, el papel que había tenido la Policía en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018 la desalentaba a ir, además tenía miedo de ser revictimizada en el proceso, ya que podían cuestionarle por qué hizo la denuncia tan tarde y culpabilizarla de la situación. Sumado a eso, indica que no se sentía emocionalmente lista para enfrentar un proceso tan largo, lo que implicaba pagar por asistencia legal y decirle a sus padres, quienes todavía no saben de lo sucedido.
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Apenas estaba asimilando que había sido víctima de abuso y romper el silencio era su primer paso para aceptarlo.
Desde que el movimiento #MeToo se hizo mundial en redes sociales, en 2017, tras una serie de denuncias por abuso y acoso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, condenado a 23 años por delitos sexuales; las denuncias públicas han sido la estrategia que las mujeres han utilizado para exponer a sus agresores en medio de un clima de impunidad en el que la única reparación que tienen ante los delitos es la denuncia social, explica la activista feminista, Mirna Blandón.
La denuncia pública a través de las plataformas digitales, según Blandón es una forma de conseguir una sanción social, que aunque no es una sanción jurídica, legal y punitiva, representa un gesto de justicia para las víctimas que deciden recurrir a estas estrategias debido a la ausencia de responsabilidad estatal.
Haber realizado un proceso psicológico o estar en el proceso.
Tener el acompañamiento de tus redes de apoyo (antes, durante y después).
Acuerparse de organizaciones de mujeres que aborden la violencia machista.
Apoyarse en recursos psicoemocionales.
Si es posible, haber realizado una denuncia en la Policía o Ministerio Público para presentar un precedente.
En Nicaragua las denuncias públicas han tenido un gran impacto en los últimos tres años, especialmente en la red social Twitter, siendo la última ola de testimonios en octubre de este año, después de una denuncia contra Elvin Jesús Peralta, acusado por más de cinco mujeres de supuestamente haberlas violentado física y psicológicamente.
Este tipo de denuncias son más comunes y se viralizan más en Twitter y Facebook, según Sarahí, una de las creadoras del Blog de la Denuncia, plataforma que se dedicó a compartir en dichas redes sociales e Instagram los testimonios de cientos de mujeres de manera anónima durante el año pasado.
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Esta plataforma surgió como una alternativa para que las mujeres pudieran denunciar la violencia machista ante la falta de espacios e instituciones creíbles. En esta se expusieron a exnovios, profesores, periodistas, sacerdotes, líderes sociales y todo aquel que las agredió. En su mayoría eran jóvenes entre los 17 y 30 años del pacífico y centro del país.
Sarahí se declara incapaz de contabilizar cuántas denuncias recibieron, pero asegura que llegaron a recibir más de 100 denuncias al día durante varios meses, y en ocasiones no daban abasto. Las publicaciones cesaron en diciembre de 2020, cuando las mujeres comenzaron a hacer las denuncias desde sus propios perfiles.
«Nicaragua cuenta con un – Estado indolente – para las necesidades de justicia de las mujeres, y las instituciones públicas no dan respuestas efectivas a la violencia machista en todas sus expresiones», valora Blandón. Por ello, las mujeres buscan otras formas para hacer visible el daño que deja la violencia en sus cuerpos y en sus vidas.
Blandón, considera que la desconfianza en la Policía orteguista se incrementó en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018, desde cuando interponer una denuncia es un acto de alto riesgo porque las mujeres pueden: pasar a investigadas y en el peor de los casos ser privadas de libertad, en especial aquellas que no son afines a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Hay un clima de inseguridad, una como mujeres, otra como víctimas de violencia sexual y luego como protagonistas y actoras de una lucha cívica social que las pone en el ojo del huracán”, explica la activista feminista.
Las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia que fueron desmanteladas arbitrariamente por el la dictadura en 2014, y han sido reabiertas desde el año pasado, no cuentan con un personal calificado ni con un modelo de atención integral que permita no revictimizar a las denunciantes, quienes casi siempre son cuestionadas de «permitir el abuso» a pesar que la tres veces reformada Ley 779 – Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres – tiene como propósito “proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia”.
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A mediados de octubre, Jimena interpuso en la Policía, una denuncia contra su exnovio y el mejor amigo de su ex-novio, después que la violentaran sexualmente. La Policía detuvo a los señalados, mientras la sometían a valoraciones medico legales.
Accedió a hacerse los chequeos con la esperanza de tener un proceso legal y justo, con evidencias que se revelaron en el peritaje médico que finalmente estableció que había vivido una agresión sexual, pero no fue suficiente para el sistema de justicia que puso en libertad a sus agresores por «falta de pruebas». “La investigación duró solo dos días”, cuenta, aunque no sabé exactamente qué investigaciones se realizaron.
Este tipo de prácticas son comunes, según una de las activista de la RVCM, la impunidad contra las mujeres es lo que describiría a Nicaragua. “Se dice que abrieron la Comisaría de las Mujeres, pero para nada, es decir hay una infraestructura, donde la mayoría (de las personas que atienden) son hombres y ni te toman la denuncia. Lo he visto, lo he palpado y lo he sabido por casos específicos de mujeres que las mandan de regreso sin nada, sin ninguna respuesta”, expresa.
La psicóloga, Ana Manzanares alega que uno de los motivos por los que las mujeres prefieren denunciar públicamente a través de redes sociales se debe a que un proceso legal es invasivo y abusivo. Las autoridades cuestionan a las mujeres y están siempre bajo sospecha. Lo que agrava la situción, es la falta de un sistema que asegure la protección psicoemocional de las mujeres durante la denuncia.
La denuncian de las mujeres ocurre después de un largo período de haber vivido la violencia o después de haber pasado un proceso terapéutico. Primero, porque todos los agresores manipulan a las víctimas para que no reconozcan la violencia y no hablen al respecto; segundo, porque los mecanismos de autodefensa psicológicos hace que las mujeres nieguen la experiencia que vivieron; y en el caso que lo reconozcan, muchas se sienten culpables y tienen miedo a ser juzgadas.
Esa culpa personal se fusiona en negativo con la culpabilización por parte de la sociedad, explica Blandón que «el costo de hacer una denuncia siempre lo pagan las mujeres» en medio de una cultura machista que responsabiliza a las mujeres mientras a los agresores los exime.
Las redes sociales tampoco son espacios totalmente seguros para las mujeres que deciden denunciar. Las posibilidades de recibir ataques cibernéticos para restar fuerza y desacreditar las denuncias son altas, y van desde reportar la publicación o el perfil de la denunciante, alegando que viola las reglas comunitarias hasta recibir amenazas de perfiles falsos.
Sarahí del Blog de la Denuncia, indica que este tipo de ataques eran comunes en su cuenta, y venían desde perfiles falsos o de los mismos abusadores que les mandaban mensajes a las administradoras del espacio, así como a las denunciantes aunque lo hicieran de manera anónima.
La experta en seguridad digital, Sofía insiste que la vida online no se puede desvincular de la vida offline y en el peor de los casos las mujeres pueden llegar a ser víctimas de ataques físicos cuando no denuncian de forma anonima.
Realizala desde el anonimato.
Verifica que la cuenta desde la que publicas no sea identificable.
Utiliza una red wifi privada que sea segura.
Conectate a una Virtual Private Network (VPN).
Configura la privacidad de tu navegador.
Es el caso de Linda que fue acosada por su agresor después de denunciarlo en Twitter el año pasado. El hombre la había violentado psicológica y sexualmente, hasta llegó a secuestrarla en su cuarto. Su denuncia retumbó porque muchas mujeres habían sido agredidas por el mismo sujeto, y ella era la primera en exponerlo. Pero después que Linda se separó y contó su testimonio, él se mudó cerca de su universidad para vigilarla, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), relata.
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Lo describe como un hombre altamente violento, con acceso a armas de fuego y con influencia dentro de las instituciones públicas, ya que era hijo de un militar, así que tenía miedo de denunciarlo en la Policía. Debido al acoso, utilizó taxis para entrar y salir de la universidad durante los primeros tres meses después de la denuncia, siempre estaba acompañada y tuvo que alertar a sus amigas sobre la situación.
Otra de las adversidades a las que las mujeres se enfrentan a la hora de exponer públicamente ante la ausencia de un marco jurídico y un Estado de Derecho, es ser denunciadas por sus agresores bajo los delitos de injurias y calumnias.
En 2017 el caso de Cinthya Zeledón fue foco nacional y sentó un precedente, no solo por el impacto que tienen las redes sociales al momento de denunciar, sino también por la respuesta de los agresores al ser expuestos. Zeledón denunció a Néstor Tellería de haberla violado en el año 2013, la denuncia fue realizada a través de Facebook en 2017 y debido a lo viral que se hizo, lo denunció posteriormente por la vía judicial.
Meses más tarde su agresor la denunció por los delitos de injurias y calumnias, lo que terminó en un juicio de dos años donde fue absuelta bajo el argumento de que los hechos denunciados eran reales, pero la violación quedó en la impunidad, ya que al agresor se le favoreció con el principio de duda razonable.
Sarahí del Blog de la Denuncia, señala que esa era una de las principales amenazas que recibían junto a las mujeres que se atrevían a romper el silencio con el objetivo de amedrentarlas, intimidarlas y en el mejor de los casos que detuvieran las exposiciones y borraran las denuncias, pero ellas estaban claras de su trabajo y no se iban a detener en denunciar la violencia.
Para la abogada feminista del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, las mujeres tienen el derecho de denunciar públicamente, puesto que es un acto legítimo de toda víctima, y es obligación de las autoridades investigar para acusar criminalmente a los agresores.
“La denuncia es un acto de poner en conocimiento público, sea ante una autoridad o mediante redes sociales, de un hecho que se presume viola los derechos humanos y está calificado como delito en las leyes del país. Por lo que le corresponde a las autoridades investigar y acusar criminalmente a los responsables”, explica.
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Mirna Blandón, activista feminista, pone en relieve que la denuncia pública “es el derecho ciudadano de las mujeres a reclamar y exigir justicia, ya que el Estado no lo hace, no queda más que promover la denuncia, la condena social y llamar a otras mujeres a hacer lo mismo para decirles implícitamente «somos varias, no estamos solas»”.
En palabras de la psicóloga, Ana Manzanares, denunciar nunca es fácil, pero es lo más sanador que existe. «No solo porque cuestiona a todo un sistema machista que exige a las mujeres que se callen, sino también porque ellas reconocen su poder al apropiarse de su voz. Verbalizar es darle un orden a la historia personal, porque la violencia desorganiza y fractura todas las dimensiones de las mujeres, así que romper el silencio es clave para el proceso de sanación de las mujeres».
Señalado por más de cinco mujeres por agresiones físicas y psicológicas.
Miembro de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), señalado de violación sexual.
Señalado por ocho mujeres de difundir fotografías íntimas sin su consentimiento.
Director de la Preparatoria UNAN-Managua, señalado por estudiantes, varones y mujeres, de acosarlos y abusar sexualmente.
Señalado de pertenecer al grupo La Liga, un grupo de WhatsApp donde hombres se compartían, sin consentimiento, fotografías íntimas de mujeres.
Recomienda a las mujeres que quieran denunciar, ya sea públicamente o judicialmente, estar en un proceso psicológico para tener las herramientas psicoemocionales durante el proceso legal, porque pueden surgir crisis en el camino. Alienta a crear redes de apoyo con otras mujeres y a acercarse a las organizaciones de mujeres que den este tipo de acompañamiento, ya que lo más importante es no denunciar sola.
Mientras, Mirna Blandón promueve interiorizar la denuncia, sea de la forma que sea, como un derecho; Sofía aconseja hacerlo de forma anónima si no hay un entorno seguro, pero todas coinciden en que la denuncia es una de las principales herramientas de las mujeres para acabar con la impunidad, el silencio y encontrar sanación.
