La socióloga explica que la falta de presencia estatal en las comunidades deja a las mujeres expuestas a la violencia machista
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La impunidad de la violencia machista impera en la Regiones Autónomas del país. Sin presencia estatal en las comunidades y con wihtas (jueces comunales) sin poder de acción, para las mujeres es difícil denunciar, ni dónde resguardarse de sus agresores, expone Anny Matamoros, socióloga, docente miskita de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), y perteneciente al Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica.
Hasta el 25 de noviembre, Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 66 mujeres y niñas víctimas de femicidios, de los cuales 17 ocurrieron en la Costa Caribe, mientras que a nivel nacional se registraron 96 niñas y niños que quedaron en la orfandad y 120 mujeres sobrevivientes de intentos de femicidio.
Por si fuera poco, las mujeres no solo tienen que enfrentarse a la violencia machista, sino también a la invasión de los colonos que dejó 12 indígenas asesinados el 25 de agosto de este año. Aunque no hay un conteo oficial, Matamoros asegura que han habido alrededor de 3 mil niños, mujeres y hombres indígenas asesinados desde 2005, cuando aumentó el conflicto de tierras.
Me parece importante mencionar que la situación de violencia que vivimos en la Costa es histórica. No es una violencia que la pueda asociar hace dos o tres años. De hecho la Costa Caribe viene luchando por la reivindicación de sus derechos desde hace mucho tiempo atrás, luchando por una verdadera ley de autonomía.
Nuestra gente, las mujeres con sus familias están migrando hacia otros países. Hay un fuerte desplazamiento interno y por fuerzas mayores están saliendo de sus comunidades. La comunidad entre más alejada esté, menos calidad de vida tiene. Nuestras comunidades no tienen agua potable. Antes las comunidades abastecían el alimento de las cabeceras municipales. Hoy en día vas a las comunidades y ves que se están muriendo de hambre, porque no solo está afectando el cambio climático, sino que también las personas no tienen donde sembrar. Tienen miedo de ir a sembrar por todos los conflictos que existen. Eso se traduce en violencia estructural, una violencia que es palpable y que nadie dice o hace nada. A pesar de que tenemos Gobiernos autonómicos no sentimos respaldo, ni protección hacia los derechos de los pueblos, ni de las mujeres.
Somos una región donde las oportunidades de vida son mínimas, una región donde los casos de VIH siguen en aumento y nadie dice nada. Eso no lo ves reflejado en datos o informes que se divulga, por tanto no se sabe cómo está afectando a la ciudadanía costeña, tanto a mujeres como hombres principalmente jóvenes.
Nuestras instacias han naturalizado la violencia sexual en menores. Vemos niñas de 15 y 14 años que están pariendo hijos. Esto nadie lo habla, ni lo posiciona como un problema. Seguimos viendo que la crisis sociopolítica ha venido a crear inseguridad ciudadana. Hay niveles más altos de femicidio. Precisamente la semana pasada mataron a una señora de 38 años en Puerto Cabezas, en este caso el agresor sigue libre porque no lo han capturado.
Vemos que la juventud tiene pocas oportunidades laborales. Salen de la universidad y no tienen ningún empleo, y los pocos empleos que existen los consigues solo con conexiones del poder, para que te puedan garantizar empleo digno. También gran cantidad de jóvenes tienen adicción a las drogas porque tenemos un elevado índice de expendios de drogas en las comunidades y en los municipios. No solo vas a ver a los hombres en eso, las mujeres también están cayendo en la adicción. Aunque se sabe dónde están los expendios, no se hace nada para combatirlo.
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Tampoco tenemos organizaciones que trabajen en todo esto. Antes teníamos más organizaciones civiles trabajando en este tipo de tema, lo que ha disminuido considerablemente. De hecho nosotras como Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense, aún cuando no contamos con todo el presupuesto hacemos de todo para seguir trabajando en los derechos humanos, capacitando a las niñas en derechos sexuales y reproductivos, en los jóvenes sobre nuevas formas de masculinidades, acompañando a las comunidades.
Son esas y muchas formas más las maneras en que se manifiestan las violencias estructurales, pero de ahí vienen otras formas de violencia que vivimos las mujeres en la región. Las mujeres no tenemos patrimonio, seguimos siendo abandonadas con hijos, hay padres ausentes que simplemente se desobligan de la pensión alimenticia. Tampoco hay una forma de conseguirla, a pesar que existen leyes que estipulan que la pensión alimenticia debe de ser obligatoria.
Las mujeres seguimos viviendo violencia psicológica, patrimonial, física yeconómica. Los abusos sexuales a niñas tienen un índice alto. Tampoco hay programas que aseguren el seguimiento de estas niñas. En URACCAN hemos articulado esfuerzos con las psicólogas forenses para garantizar un programa de autocuido para niñas y niños en situaciones de violencia, e igual para mujeres que han sido víctimas de violación sexual. Pero la población es mucha y necesitamos más programas.
Ha habido más impunidad porque cuando se aprueba la Ley 77 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres) había cierta articulación con las instancias estatales y las organizaciones de mujeres. Por ejemplo, el modelo de atención era más articulado, había comisarías más activas. Esto ha disminuido con el transcurso de los años.
La ley como tal ha venido perdiendo esa fuerza con los cambios que ha tenido y se ha bajado ese nivel de rigurosidad. Ahora con todo este tema de la mediación ¿En qué quedamos las mujeres? Ya sabemos que una víctima en estado crónico va a ir a mediar con su agresor. Eso le quita fuerza a las organizaciones en el acompañamiento. Para nosotras esa no es la mejor manera de ayudar a la mujer, nos dejan de manos cruzadas.
Podemos ver que la impunidad está en aumento. Hay muchos agresores que siguen libres de la justicia. En la Costa Caribe debería de haber un contacto más directo con los wihtas (jueces comunales) de los barrios y de las comunidades. Mientras más alejadas estén las comunidades hay menos presencia estatal. La policía no existe en muchas de ellas ¿Quiénes son los que ven los casos en las comunidades? Los wihtas, pero a veces ellos no tienen dinero para transportar un caso de violación a una cabecera municipal, o esa víctima no tiene el pasaje para venir a denunciar. La lejanía también deja en la impunidad muchos casos de violencia hacia las mujeres.
Eso le va dando fuerza al agresor. Andábamos en la zona del Alto Wangkii hace poco y las mujeres decían “aquí mandan los hombres, ellos nos pegan, hacen lo que quieren con nosotras ¿Y quién dice algo?”. Porque en estos casos hasta el wihta le tiene miedo a los agresores, ellos le dicen “si te metés te quemo la casa o te voy a matar”. Las mujeres están en total desprotección. No es como en las cabeceras municipales que al menos está la Policía y puede hacer algo al menos. La mayor preocupación es en las comunidades donde no hay figuras del Estado que garanticen justicia. Si en las cabeceras municipales hay impunidad, imagínate en las comunidades. No existe la justicia para las mujeres ahí. También lo complica el difícil acceso a esas comunidades porque son horas de camino y es algo que desde la instancia estatal no va a ocurrir, ellos no van a llegar hasta allá.
El hecho de que a los wihtas no se les de las condiciones de trabajo, hace que aumente la impunidad. Ellos necesitan recursos económicos, necesitan protección de la Policía, necesitan resguardar sus vidas y las de sus familias. Todos estos son elementos vienen a reforzar la violencia machista. También el hecho de que no haya espacios activos para el empoderamiento de las mujeres va a hacer que nos sigamos educando en un contexto sumiso, con roles arcaicos. Cuando las mujeres no trabajan en la defensa de sus derechos simplemente considera que todo pasa porque debe pasar, que porque soy mujer me lo merezco, que porque soy mujer debo obedecer a lo que dice mi marido. Necesitamos espacios que abonen para deconstruir muchos prejuicios que las mujeres todavía tenemos, y que de alguna u otra manera hace que naturalicemos la violencia machista.
Esto afecta en la calidad de la vida sexual de las mujeres. En las comunidades las mujeres no acceden a métodos de planificación familiar, cuando vas a los centros de salud no hay enfermeras. El centro está físicamente, pero está cerrado y si están abiertos no cuentan con los métodos anticonceptivos. Las mujeres al no poder planificar siguen quedando embarazadas. Esto limita su calidad de vida.
Sí, definitivamente han aumentado. Existen comunidades donde ya no hay pueblos indígenas, hay comunidades indígenas donde solo viven colonos porque las personas han tenido que salir de ahí. Esto deja otro tipo de secuelas, porque al venirse ellas y sus familias a las cabeceras municipales vienen a sufrir otros tipos de violencia. Vienen a vivir en condiciones inhumanas. Al no tener casas construyen champas de plástico, los niños y las niñas tienen que vender en las calles. Por ejemplo, en el municipio donde vivo no mirabas tanto niños vendiendo en las calles a altas horas de las noches, sin ir a estudiar. Ahora eso es común.
En la medida que más procesos educativos y formativos tengamos, las personas vamos ir teniendo mayor conciencia crítica de la realidad en la que vivimos, y vamos a lograr encontrar mecanismos o alternativas para mejorar nuestras situaciones. Considero que procesos formativos en temas de derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a derechos propios de las mujeres, en trabajar con los hombres las nuevas formas de masculinidades libres de todos los estereotipos machistas, nos va ayudar. Son estos temas los que realmente se necesitan trabajar. Hay que trabajar más en la identificación de la violencia machista y poder deconstruir esos imaginarios que refuerza la violencia contra las mujeres y en los hombres.
También es importante reforzar la identidad de nuestros pueblos, porque somos mayormente invadidos por personas externas. Esto hace que migremos, y perdemos nuestra identidad, cultura y cosmovisión, lo cual es un peligro para el proyecto autonómico.
