Corte IDH manda a dialogar al Estado de Nicaragua y a representantes de comunidades miskitus
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Por 109 En una audiencia de monitoreo a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en favor de los pueblos indígena miskitu de diferentes comunidades, así como a los defensores Lottie Cunningham y José Medrano Coleman, se le pidió al Estado de Nicaragua que dialogue con las partes beneficiadas con las medidas para buscar una solución a los problemas que afectan a los comunitarios miskitus.
Elizabeth Odio Benito, juez y presidenta de Corte IDH, señaló tras escuchar por una hora los alegatos de los representes de los pueblos miskitus y del Estado de Nicaragua, que llamaba a ambas partes a dialogar.
“El llamado es al diálogo, de manera que los problemas concretos sean cumplidos de la mejor forma”, amonestó la presidenta de la Corte IDH.
.En la audiencia pública de monitoreo estuvieron presentes, en representación de Estado de Nicaragua Rosa Cunningham, alcaldesa de Waspam; Claudia Núñez Ramírez, procuradora auxiliar de la Procuraduria General de la República; Carlos Gaitán, asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras que de parte de la sociedad civil que es beneficiaria de las medidas provisionales estuvieron Lottie Cunningham y José Medrano Coleman.
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Además, como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvieron: Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH y Jorge Meza, abogado de la Secretaría de la CIDH.
INCUMPLIMIENTOS
En la audiencia, Lottie Cunningham compareció para denunciar que las medidas no se han cumplido en favor de todos los beneficiarios, además señaló que muchos desconocen que el Estado esté ejecutando alguna medida.
A su vez señaló que los asesinatos, por los que fueron otorgadas las medidas, no han sido investigados o no se les ha dado una muestra de que se esté haciendo. También apuntó que unas 807 personas permanecen en situaciones de desplazamientos por la misma inseguridad de las comunidades miskitu.
La también defensora de los derechos de los indígenas miskitu apuntó que los niveles de violencia e inseguridad, además de la ocupación de los territorios ha ocasionado “que se pierdan 28, 243 hectáreas para cultivo en los últimos cinco años”, lo cual asegura ha desencadenado una “grave crisis alimentaria”.
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El Estado continúa sin cumplir lo que esta Corte ha dictado; erradicar la violencia,buscar soluciones con la participación de los beneficiarios y sus representantes, implementar acciones con la participación de los beneficiarios. Además, señaló que como parte beneficiada de las medidas tampoco han sido invitados a participar de esas medidas que el Estado aduce estar implementando para acatar la orden de la Corte IDH.
LAS MENTIRAS
Sin embargo, el Estado en todo momento aseguró estar cumpliendo con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.
La alcaldesa de Waspam apuntó que “en cumplimento de las medidas adaptadas por esta corte se creó la Comisión Regional, para la atención a las comunidades con medidas cautelares y provisionales, conformada por autoridades de los gobiernos comunales y territoriales indígenas electos en asambleas regionales, conforme a sus tradiciones”.
Sin embargo, la parte que debería ser beneficiada con dichas medidas aseguró que en una de las tantas reuniones ni siquiera se les ha permitido el ingreso, por lo que apuntaron que el diálogo o búsqueda de solución conjunta ordenada por la Corte IDH no se está cumpliendo.
La alcaldesa agregó que hay “comunidades que no participan por chantajes” y por “campaña de personas que no están de acuerdo con los procesos de paz”.
Además, refirió que como Estado consideran que “corresponde sean las autoridades indígenas la representación legal”, aduciendo que los comunitarios eligen a sus representantes territoriales en asambleas y ahí no había ninguno.
“Los peticionarios no gozan de la representación para representar a las comunidades y territorios, pues no cuentan con el mandato de las asambleas”, dijo la representante de la comuna de Waspam.
Sin embargo Cunningham afirmó que si estaban autorizados por las comunidades afectadas y beneficiarias de las medidas provisionales.
Ante el doble discurso; un Estado poniendo todo de las mil maravillas y unos peticionarios que denunciaban la falta de atención y seguridad en sus territorios, Humberto Sierra -otro de los jueces que participó de la audiencia invitó a las partes -para poder encontrar una solución- a que elaboren un inventario concreto de los secuestros, muertes, violaciones, situaciones de invasión, circunstancia, problemas alimenticios, desplazamientos, pues de lo contrario consideró que la “audiencia pública serían eficaces”.
“No veo que de esta manera se esté dialogando y se esté trabajando en resolver el problema.Estamos aquí tratando de buscar una solución, debemos de trabajar en esa línea pues de lo contrario vamos a reproducir los esquemas de la Comisión. Tratemos de construir soluciones”, insistió.
La parte peticionaria culminó su comparecencia señalando que están dispuestos en abrir un diálogo, pero descartaron que el Estado lo esté, ya que en varias ocasiones lo han intentado sin tener un resultado.
