América Latina y el Caribe son para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región más débil para enfrentar la pandemia del covid_19, según un informe especial que indica que antes de la crisis sanitaria, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentaría un decrecimiento máximo de un 1,3 por ciento en 2020, pero con la crisis se estima en al menos 1.8 por ciento y a medida que siga evolucionando podría ser de hasta de un tres o cuatro por ciento.  

Las cifras de la economía en números rojos se traducen en un corto plazo en mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza, incluida la pobreza extrema, y en el caso de los sistemas de salud, implica mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso.

Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones de personas y 24,7 millones de personas, con una base de 188 millones de personas desocupadas en 2019. En un escenario “medio” el aumento del desempleo sería de 13 millones de personas.

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América Latina se verá afectada en cinco puntos claves: la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos. Esto significa que el volumen de las exportaciones y valor se reducirán por la recesión mundial. También se verán afectados los precios de los productos primarios; la interrupción de las cadenas globales de valor; la menor demanda de servicio de turismo y la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.

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La pobreza extrema crecerá después del covid_19.

El covid-19 ha infectado a más de un millón y medio de personas en todo el planeta y ha provocado la muerte de más de 89 mil personas, colapsados sistemas de salud, y dejando en tierra, flotas completas de aviones, paralizados ante la interrupción del turismo abrupto y sin fechas de reinicio, con gran parte de la población en sus casas. En Centroamérica se han confirmado 5, 678 casos de coronavirus. Esto tomando en consideración que las acciones más importantes para enfrentar la contención de la pandemia es el autoaislameinto, la cuarentena y el distanciamiento social.

“Esa medida tiene impactos positivos para la salud al aplanar la curva de contagio. Pero, también afecta a la actividad económica pues el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total. Esto disminuye las horas de trabajo y los salarios y da lugar a la consiguiente reducción de la demanda agregada de bienes y servicios”, apunta la Cepal.

Las medidas para ralentizar el covid_19 ha obligado a varios Estados a aprobar subsidios extraordinarios o crear programas de emergencia que busquen proteger los sectores más vulnerables como las personas en el desempleo, en el sector informal, migrantes, refugiados, entre otros.

El organismo internacional señala que el Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda, lo que pasa por capacidades y recursos públicos, instrumentos de política apegadas con las capacidades productivas de cada país, y demás.

El «extraño» país llamado Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega se resiste a implementar algunas de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para disminuir el riesgo de contagio en los más de seis millones de personas que viven en el país. Analistas han asegurado que la apuesta por mantener la normalidad y promover el consumo y la actividad comercial a todos los niveles busca preservar la actividad económica pese al impacto brutal que podría tener, con el desborde de casos de coronavirus, lo que se traduciría en el colapso del ya endeble sistema de salud.

Al respecto, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), expuso una propuesta de medidas para mitigar el impacto en la economía del covid_19. Estas las dividen en cuatro puntos: aliviar la carga de gastos y proteger los ingresos de la población durante la emergencia; proteger el empleo; re direccionar el gasto público y acceder a fondos internacionales de emergencia de manera condicionada.

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Estos son algunos de los puntos que señaló el grupo opositor al régimen orteguista:

  1. Eliminar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica.
  2. Una moratoria por tres meses en el pago de los servicios básicos de agua potable y energía para los consumidores desempleados o que tengan ingresos menores al valor de la canasta básica.
  3. Restablecer las condiciones fiscales previas a la reforma de febrero de 2019. Esto dotaría de liquidez a las empresas.
  4. Acordar la flexibilización de las condiciones laborales: adelanto de vacaciones y reducción de la jornada, trabajo en casa, a fin de preservar la estabilidad y prestaciones laborales.
  5. Aprobar una reforma al Presupuesto General de la República a fin de reasignar recursos públicos.  Dentro de las prioridades de uso de estas reasignaciones del Estado, serían crear un programa de apoyo económico al sector informal y a la población que dejaría de percibir ingresos.

No obstante, el reto se centra en que si el régimen orteguista cederá de alguna forma en tomar medidas que disminuyan el contagio por Covid-19 o en realidad, esperará la llegada de la transmisión comunitaria, de la que no se ha salvado ningún país.

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