La falta de garantías del CSE, la eliminación de adversarios, la falta de observación creíble hacen el proceso electoral poco creíble, según organismos.
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A menos de un mes para las votaciones del próximo 7 de noviembre, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene Nicaragua bajo un contexto represivo y de persecución contra las personas opositoras, lo que sumado a una serie de irregularidades marcan el proceso como ‘ilegítimo’, según denuncian organismos de derechos humanos.
A continuación presentamos cinco de las razones por las que este proceso no es legítimo sobre la base de documentos internacionales que garantizan el respeto a la democracia.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU establece que para garantizar que un proceso electoral sea considerado auténtico, los Estados deben de brindar garantías mínimas como la participación política
No obstante, el Observatorio Urnas Abiertas, registró 1,513 hechos de violencia en el contexto electoral, como hostigamientos, judicialización, agresiones físicas, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, entre otros.
La Organización de los Estados Americanos en la resolución Situación en Nicaragua aprobada en 2020, recomendó realizar reformas electorales “significativas y coherentes”, que sean acordes al derecho internacional y a la Carta Democrática Interamericana, para que de esta manera se reconozcan los comicios como libres, justos, transparentes y competitivos.
Dentro de estas medidas se incluiría “un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos”.
Sin embargo, la Asamblea Nacional realizó una reforma a la Ley Electoral, en la cual se ignoró dichas recomendaciones, profundizó las restricciones para quienes deseen postularse y restringió las libertades de asociación, reunión, manifestación y opinión.
Asimismo, la Asamblea eligió a 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral que en su mayoría son sandinistas y aliados al régimen.
Ante esto la OEA expresó que “la elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral”, de modo que no existen las garantías necesarias, ni la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo.
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De acuerdo a los organismos internacionales, para que las elecciones sean auténticas y legítimas la ciudadanía debe de disfrutar de sus derechos fundamentales y libertades individuales. Sin embargo, la Policía ha arrestado ilegalmente a 155 personas opositoras, de las cuales siete eran aspirantes a candidatos presidenciales.
Estos procesos penales se realizaron con múltiples violaciones a la Constitución y al Código Procesal Penal de Nicaragua, así como con cargos falsos, revela Humans Rights Watch en una investigación.
A pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la liberación inmediata de las últimas personas encarceladas y el cese de las torturas, el Estado de Nicaragua ha hecho caso omiso.
Por otra parte, el CSE anuló la personería jurídica de los partidos opositores Ciudadanos por la Libertad, el Partido Conservador y el Partido Restauración Democrática, bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.
Según Urnas Abiertas, el Gobierno de Nicaragua inició una fase de persecución judicial contra precandidatos y liderazgos políticos opositores.
El nuevo calendario electoral publicado por el CSE, redujo la duración de la campaña electoral a 39 días, lo cual viola el artículo 74 de la Ley Electoral que establece que dicha actividad deberá tener una duración de 75 días.
Adicionalmente, las demás publicaciones se hicieron de manera tardía. La publicación provisional de personas candidatas a presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, estaba prevista para el 12 de agosto, pero se realizó hasta el 1 de septiembre.
El período de subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidaturas para todos los partidos políticos que estaba planificado para 13, 14 y 15 de agosto, se trasladó al 4 de septiembre, y se retrasó la campaña electoral que estaba originalmente destinada a realizarse el 21 de agosto para realizarse el 25 de septiembre.
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Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la observación electoral tiene como objetivo promover de manera proactiva las libertades y los derechos democráticos de participación, a través de la vigilancia, la evaluación de la actuación del Estado y la elaboración de informes para la mejora del proceso.
Además, la observación electoral debe ser independiente, fidedigna y acreditada.
No obstante, en Nicaragua solo se reconoce a los acompañantes electorales, cuyas capacidades y atribuciones no están normadas, “por lo que existe poca claridad sobre las tareas específicas que cumplirán estas personas”, explica Urnas Abiertas.
La observación electoral debería de ser exhaustiva, independiente, neutra, científica y de observación procedimental, características que los cinco acompañantes electorales nombrados por el Régimen carecen, ya que todos son afines políticamente al Gobierno y esto hace se pierda todo tipo de independencia para realizar el acompañamiento, manifesta Urnas Abiertas.
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El observatorio Urnas Abiertas reportó 928 irregularidades en la verificación ciudadana, entre las cuales se encuentran control partidario del FSLN en todos los centros de votación, uso de recursos públicos para propaganda política, mecanismos de verificación no uniforme, entre otras.
Aunque la verificación ciudadana es una actividad importante incluida en el calendario electoral, no se encuentra regulada dentro de la Ley Electoral “lo que permite la discrecionalidad del CSE en su desarrollo”, manifiestan en su informe.
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El CSE explicó que existen un total de 13,459 Juntas Receptoras de Votos habilitadas para los comicios, finalmente 253 más que las que abrieron en las últimas elecciones, cuando fueron 13,206 JRV, pese que inicialmente se había denunciado el cambio y la reducción de centros de votación.
