A dos meses y medio de las elecciones generales en Nicaragua, la politóloga, economista y activista, Edipcia Dubón, considera que es difícil concretar un escenario para el próximo 7 de noviembre porque a diario suceden cosas en el país. Sin embargo, aclara que se va marcando una ruta bastante negativa con un proceso que no es competitivo, y que los resultados no expresarían la voluntad popular.

En entrevista con La Lupa apunta que no hay garantía para que los votantes puedan elegir, cuando no hay libertad para la postulación de los candidatos opositores.

Dubón además refiere sobre el incumplimiento en la aprobación de verdaderas reformas electorales que garanticen los derechos de la población nicaragüense, a la vez, indispensable para legitimar el proceso y el resultado del mismo.

Un proceso marcado por la represión

De acuerdo a la legislación de Nicaragua y a los estándares internacionales en materia electoral, ¿cómo ha perdido legitimidad el actual proceso electoral que concluye con las elecciones del siete de noviembre de este año?

El proceso electoral nicaragüense ha estado cuestionado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea, en el que se señala que el gobierno de Daniel Ortega tendría que haber avanzado en una serie de reformas a la Ley Electoral, y al Consejo Supremo Electoral que permitiera pluralidad, que permitiera competencia, que permitiera la participación en igualdad de condiciones de los partidos políticos, y a su vez que permitiera que los nicaragüenses tuvieran opciones para participar en un proceso libre, observado, competitivo, justo. Sin embargo, el régimen realmente no avanzó en los requerimientos que hizo la OEA, en el que prácticamente le daban un margen de tiempo para que avanzara en esa dirección.

 No hay que olvidar, que el régimen también había suscrito con la OEA en el año 2017, un memorandum de entendimiento, en el que se comprometía a realizar una serie de reformas, y que tampoco cumplió. Entonces, realmente es evidente la negativa del régimen en función de avanzar en esas mejoras, y sobre todo en garantizar las oportunidades para una elección justa.

¿Cómo se puede hablar de elecciones cuando hay encarcelamiento de 7 precandidatos a la presidencia, la inhibición de una candidata a la vice presidencia inscrita, 31 presos políticos en 2 meses, despojo de personería jurídica a 3 partidos políticos?

Realmente en la medida que el régimen ha avanzado en realizar toda esta serie de agravios que usted ha señalado, lo que hace es reiterar la preocupación expresa en la resolución de octubre 20 de la OEA, en el que se señala el deterioro de la institucionalidad democrática del país, en que el régimen no respeta plenamente el orden constitucional, los derechos humanos, libertades fundamentales, y en la que se inscribe un proceso electoral en el que no hay condiciones para una competencia justa, una competencia libre, en el que los nicaragüenses puedan elegir.

En la medida que no hay libertad para postularse a una elección, en esa medida no hay garantía para que los nicaragüenses puedan elegir de forma libre. En la medida en que se asedia los medios de comunicación, se violentan los derechos de libertad de información, de libertad de prensa y libertad de expresión del pueblo de Nicaragua, y es por ello que prácticamente tanto la OEA y la Unión Europea han señalado de forma muy puntual al régimen la necesidad de que se genere un proceso político pluralista, que conduzca al ejercicio efectivo da los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica, los derechos de libertad de expresión y el registro abierto de nuevas opciones políticas a lo que el régimen respondió con una negativa y con la violación de los derechos políticos de los miembros del partido inscritos tanto como el PRD (Partido de Restauración Democrática), y como recientemente Ciudadanos por la Libertad (CxL).

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 Hemos visto que cinco países: México, Argentina, Colombia, Costa Rica y el último España, han llamado a sus embajadores en Nicaragua a consulta, ¿cuál es su lectura?

Creo que es importante señalar que ese es un mecanismo de la diplomacia internacional para expresar el descontento con el régimen de Ortega, y también expresar el rechazo a las expresiones groseras que han tenido algunos vocero del régimen, entre ellos, los hijos del presidente inconstitucional Daniel Ortega, en el que se han referido de forma bastante fuera de lugar hacia autoridades del gobierno mexicano y hacia autoridades del gobierno argentino, y también se inscribe en una disputa que se está dando en el ámbito de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el que se está disputando la presidencia de ese órgano, y que el régimen ha expresado ampliamente su voluntad de apoyar a San Vicente y Las Granadinas, en contra de Argentina, entonces claramente estamos frente a un régimen que no responde a las críticas bien intencionadas y a la búsqueda de salidas democráticas y cívicas que de manera concertada unos países han tratado de iniciar para crear algunos mecanismos de diálogo que permitan que Nicaragua pueda restablecer su orden democrático.

Obviamente el régimen ha respondido de forma grosera, y además ha cerrado la posibilidad de establecer esos mecanismos de diálogos a nivel internacional, y aquí es importante señalar que si bien es cierto que éstos países en concreto tienen una inclinación de izquierda, son países que han llegado al poder a través de elecciones, osea que tienen un compromiso democrático, son de izquierda democrática, y no están de acuerdo con la permanencia en el poder de forma totalitaria, mucho menos con el abuso hacia los derechos humanos de un pueblo. Creo que esas son las verdaderas diferencias que están puestas sobre la mesa y que hacen que el régimen responda de esa manera, y que los mismos países también hayan tomado primero una actitud de llamar a sus embajadores, y que después el régimen en supuesta reciprocidad haya realizado la misma acción.   

 El cambio de algunos magistrados del Consejo Supremo Electoral y las reformas electorales aprobadas por los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, ¿qué efecto tienen?

No tienen ningún efecto porque la misma resolución de la OEA establece que uno de los elementos fundamentales para poder hablar de unas elecciones libres, justas y transparentes, debe incluir a los actores nacionales representados en la oposición, y estos actores deben de estar expresados en las medidas y reformas significativas que tendrían que haberse dado en el Consejo Supremo Electoral, y así mismo tendríamos que haber avanzado en un proceso de modernización y reestructuración del Consejo que expresara esa diversidad y pluralidad, de la que es parte nuestra nación.

Sin embargo, el régimen no dio apertura a esa pluralidad y más bien consolidó su presencia en esa instancia, lo que no conduce a un ejercicio efectivo de derechos civiles y políticos, tampoco permite que se pueda realizar un examen técnico independiente sobre los registros de votación, sobre auditorías independientes sobre las listas de votantes, y mucho menos que se pueda garantizar un recuento y consolidación de resultados de forma transparentes y en tiempos efectivos, entonces lo que el régimen hizo fue simplemente consolidar su poder desde la cúspide hasta la base en el Consejo Supremo Electoral.

¿Qué impacto tiene el hecho que el régimen no cumplió lo acuerdos con la OEA para verdaderas reformas electorales que permitieran elecciones libres y transparentes?

Eso es un tema que está todavía en veremos, en el sentido que la Organización de Estados Americanos en su misma resolución establece, que el Secretario general de la OEA tiene que hacer un informe periódico sobre el estado de los acuerdos y sobre la aplicación del calendario en materia de reformas electorales, y ese procedimiento aún no se ha realizado, lo que implica que todavía el Consejo Permanente de la organización no tome posición, sin embargo no significa que los opositores nicaragüenses y las organizaciones políticas consolidadas en el país o en el exilio, no estén presionando para que se desarrolle ese proceso de puesta en común de la situación del país, que es muy preocupante porque en la medida que no se avanzó en realizar esas reformas, en garantizar los derechos de la población nicaragüense, en esa medida el proceso se vuelve ilegítimo, y el resultado del mismo, también.

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¿Qué cambios se deben de dar para que estas elecciones sean reconocidas por la población nicaragüense y la comunidad internacional?

Fundamentalmente el respeto a los derechos humanos, las libertades públicas, las garantías constitucionales sean devueltos al país. Se levante el estado de facto que ha establecido el régimen, violando todas las libertades públicas, pero además avanzar en los acuerdos establecidos no solamente con la Alianza Cívica sino también con la Organización de Estados Americanos, en que se comprometió a la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, a realizar un proceso pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, a realizar una serie de exámenes técnicos que permitan poner al día el padrón electoral, el registro de votación que asegurara un conteo veraz de los votos, en el que todos los nicaragüenses pudieran votar y también establecer eso de forma legislativa en una reforma que le diera modernización y reestructuración al Consejo Supremo Electoral.

En la medida que en Nicaragua no se avance en crear esas condiciones electorales, en esa medida no hay posibilidad de hablar de un resultado electoral que exprese la voluntad popular.

¿Por qué la participación de seis partidos políticos no es suficiente para legitimar las elecciones generales?

Porque el resultado de las elecciones está vinculado a la voluntad popular, y los nicaragüenses habían expresado a través de distintas encuestas nacionales, la voluntad en la que se señalaba que los candidatos que expresaban esa voluntad popular eran algunos de los que hoy están detenidos, secuestrados por el régimen y que las expresiones más representativas más plurales eran la Alianza Cívica, la Unab (Unidad Nacional Azul y Blanco) y la Coalición Nacional, de manera que las otras expresiones que se han conformado recientemente o que han sido partidos que han existido durante los últimos tiempos, realmente no han estado en el imaginario de los nicaragüenses, no han estado acompañando ni a las víctimas, ni son reconocidos líderes opositores, sino más bien muchos desgraciadamente, son vistos como colaboracionistas con el régimen de Ortega, y no tienen el respaldo ciudadano, ni las credenciales para expresar la voluntad del pueblo.

¿Qué rol considera cumplen estos seis partidos políticos de cara a estas elecciones?

En las condiciones en que Nicaragua hay más de 140 presos políticos, que se han sustituido a las verdaderas fuerzas opositoras anulando sus representaciones formales, creo que mantenerse en la boleta electoral, sirve solamente para los fines del régimen, no necesariamente para ser una alternativa democrática para los nicaragüenses.

En una o dos palabras, ¿cómo califica el proceso que llevará a las próximas elecciones generales?

Como un proceso que no es competitivo, y que sus resultados no expresan la voluntad popular.

¿Qué consecuencias traería, si la comunidad internacional desconoce el proceso electoral de Nicaragua?

Las consecuencias son nefastas para nuestro país, tanto en el orden económico, internacional y político porque Nicaragua entraría a una fase de aislamiento que para un país que es dependiente de la cooperación internacional puede ser muy trágico.

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