La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió al régimen Ortega Murillo «a cumplir con su obligación de dar diligentes y apropiadas prestaciones de salud» a los más de 700 presos políticos que lo necesiten.

El llamado surge a raíz de las denuncias del agravamiento de la salud del preso político Max Cruz, quien según la misma CIDH sufre de «una severa infección en su pierna derecha sin tratamiento médico».

A través de su cuenta de twitter ese organismo refiere que con ese caso «verifica un patrón reiterado de desatención por la salud de los manifestantes privados de libertad en Nicaragua».

En octubre pasado, Cruz fue secuestrado por paramilitares y oficiales de la policía orteguista en Altagracia, en la Isla de Ometepe, y después que sus familiares lo buscaron por diferentes sitios fue localizado en el Hospital Antonio Lenín Fonseca en Managua.

Cruz sufrió al menos cuatro impactos de bala y una fractura en la rodilla, según denunciaron sus familiares en ese momento.

En esa ocasión, según sus familiares, los paramilitares llegaron en cuatro camionetas y comenzaron a dispararle a la casa de Max Cruz, y aunque este se entregó, pusieron boca abajo a los niños y a su cónyuge que buscó cómo defenderlos, momento en que los paramilitares y policías golpearon a la pareja por lo que Cruz se soltó para tratar de defenderla. Ahí le dispararon.

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