El año 2021 fue uno de los más restrictivos para la expresión legítima de las voces críticas y disidentes en el país, y para el ejercicio periodístico, señala Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, durante la presentación del capítulo IV.B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual está enfocado únicamente en las violaciones cometidas contra los derechos humanos en Nicaragua.
«No tengo registro en los casi 25 años de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en que prácticamente toda una sala de redacción haya tenido que desplazarse forzosamente», manifestó Vaca, refiriéndose al exilio de varios periodistas de La Prensa debido a los constantes ataques contra las y los periodistas.
De acuerdo con monitoreos de la CIDH, los actos de represión contra la prensa independiente proveniente de las esferas gubernamentales y sectores afines, se extienden en una gran cantidad de obstaculizaciones a la profesión como intimidación, hostigamiento, allanamientos contra medios de comunicación, agresiones, criminalización, entre otros tipos de violencia.
Vaca señala que todas estas agresiones ocurrieron incluso en presencia de hijos, hijas y demás familiares de las y los periodistas, y que los perpetradores ni siquiera sospesaron el impacto que puede tener en ellos o si también salían afectados durante los ataques.
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También expuso que la CIDH ha registrado distintos patrones de ataques contra la prensa, entre los que se destacan las declaraciones estigmatizantes y los señalamientos criminalizantes por parte de liderazgos públicos, que encuentran resonancia en sectores que apoyan al actual mandatario y, en determinadas ocasiones, han intensificado la escalada de violencia contra periodistas.
Solo en 2021, se registraron 702 ataques contra la libertad de prensa en el país, de acuerdo con los informes de La Prensa. En ese mismo año, la CIDH identificó al menos 65 casos de periodistas en situación de “altísimo grado de vulnerabilidad y riesgo”.
La Comisión señala que la situación contra la prensa se volvió más preocupante en el contexto electoral antes y durante el 7 de noviembre de 2021, en el que se observó numerosas limitaciones a la cobertura periodística, agresiones, despojo de equipos y detenciones contra quienes cubrían independientemente.
En ese contexto, se documentaron 52 agresiones desde el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
“La Comisión reitera que este tipo de acciones representan graves ataques y restricciones indebidas en contra del derecho a la libertad de expresión, y en algunos casos constituyen actos de censura. Todo ello afecta no solamente los derechos de las y los periodistas y propietarios de medios de comunicación de ejercer su labor de forma libre, segura e independiente, sino también al derecho de toda la ciudadanía a tener acceso a la mayor cantidad de información e ideas posible”, indica.
Esta serie de violaciones contra la libertad de prensa ha provocado el cierre de radios comunitarias, lo que ha ocasiones un “apagón informativo” especialmente en la Costa Caribe y los diferentes departamentos del país. Según la CIDH, algunas emisoras dejaron de operar por la falta de condiciones y garantías para ejercer el periodismo independiente, y por la falta de apoyo publicitario, ya que existe un temor generalizado entre los anunciantes a sufrir retaliaciones.
Vaca indica que esto ha provocado el aumento de la autocensura y exilio por parte de las y los periodistas, especialmente después de la serie de detenciones contra periodistas, directivos y trabajadores de medios de comunicación, quienes han sido juzgados y condenados por supuestamente esparcir noticias falsas y cometer menoscabo contra la integridad nacional.
Por su parte, la relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), Esmeralda Arosemena, indicó que «en Nicaragua hay un régimen de terror», y señaló que el MESENI presenció ataques contra periodistas, tales como Kalúa Salazar, quien ha sido víctima de hostigamiento en reiteradas ocasiones.
También denunció que persiste el estado policial y el cierre absoluto de los espacios de denuncia, lo que posibilita la coordinación entre la Policía Nacional y los grupos simpatizantes del partido de Gobierno, para agredir a las personas que disienten contra el Estado.
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«El gobierno de Nicaragua ha promovido un drástico cierre del espacio cívico e impuesto un
estado policial, en el cual las protestas y cualquier expresión legítima contra el gobierno no son toleradas, y se aplican desproporcionada y discrecionalmente normas sancionatorias contra aquellas voces disidentes», denuncia en el informe.
Según la relatora, las elecciones generales realizadas el año pasado, representaron una gran oportunidad para comenzar un período de transición democrática y para que las personas afectadas por la represión desde 2018 obtuvieran justicia; sin embargo, la CIDH constató que el régimen Ortega-Murillo «le puso fin de manera absoluta y negativa» a la oposición, a quienes se les impidió su participación y quienes posteriormente fueron perseguidos para ser encarcelados.
“Reitero el firme compromiso de la Comisión, del mecanismo del MESENI, y el mío de manera personal como relatora para el país, para continuar trabajando en el cumplimiento de nuestro mandato, especialmente con el énfasis puesto en la necesidad urgente de superar la impunidad de los casos de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas y las que hoy siguen ocurriendo en nuestra Nicaragua”, indicó al concluir la presentación del informe.
