Tres de sus familiares fueron encarcelados por el régimen Ortega-Murillo entre 2018 y 2020; dos fueron liberados y uno, Marvin Castellón, sigue recluido en “La Modelo”.
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La saña de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la familia Castellón Ubilla siguió extendiéndose este 2023. El 11 de enero, la Policía orteguista detuvo a Martha del Socorro Ubilla, cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en el barrio Raul Cerna, en Managua.
Docenas de miembros de la Policía orteguista, a bordo de tres patrullas, irrumpieron en la vivienda de la ciudadana en horas de la noche, y la trasladaron al Distrito Tres de la capital, donde ninguno de sus familiares ha sido autorizado a verla, y únicamente se les permiten entregar alimentos.
Ubilla no salió de su vivienda sin antes pedir a uno de sus familiares, que presenciaron la captura, que le dijera a sus tres hijos exiliados en Estados Unidos, uno de ellos excarcelado político, que “no se les ocurra regresarse”.
El 13 de enero pasado, la justicia orteguista giró una acusación contra Ubilla, sin especificar los delitos y aduciendo, en la causa divulgada en el Sistema Nicarao, que la supuesta víctima u ofendido es el “Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
En la causa contra Ubilla también incluyeron a la docente Thelma Estela Vanegas García, habitante del barrio Los Vanegas, en Managua; Javier Enrique Espinoza Rodríguez, sonidista del barrio Monseñor Lezcano que apoyó las marchas de 2018; y José Ricardo Muñoz López, autoconvocado de Diriamba, Carazo, quienes también fueron capturados el 11 de enero pasado.
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El caso de la ciudadana estará a cargo del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, dirigido por la jueza orteguista Nalia Nadehzda Úbeda Obando.
Martha Ubilla, que este 19 de enero cumplirá 60 años de edad, dedicó los últimos más de 54 meses a resistir la permanente persecución de la dictadura orteguista, que desde 2018 asedia, hostiga y persigue a sus familiares por haberse atrevido a participar en las protestas sociales.
En agosto de 2018, la dictadura Ortega-Murillo ordenó el encarcelamiento de dos de los cinco hijos de Martha; Marlon y Marvin Castellón Ubilla, y su esposo Marvin Antonio Castellón, quienes luego de 16 meses de encierro fueron liberados bajo el régimen de convivencia familiar.
Tres meses después de la libertad condicional otorgada por la dictadura, en marzo de 2020, los hijos de Martha; Marvin y Marlon Castellón Ubilla, fueron recapturados, el último acusado de supuestamente robar un celular y liberado esta vez luego de 21 meses de cárcel, mientras que el otro fue dejado encarcelado, condenado a más de diez años por los supuestos delitos de lesiones graves y robo agravado.
Martha, pese a su avanzada edad y a sus padecimiento de diabetes y cardiopatía, se las ingeniaba para dividir su tiempo entre las tareas del hogar, las visitas al Penal y su lucha por la libertad de su hijo Marvin Castellón Ubilla, quien ya tiene más de dos años encerrado en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Ubilla en varias ocasiones denunció que en todo este tiempo que ha sufrido y acompañado a sus hijos en esta persecución y detenciones orquestadas por la dictadura, fue víctima asedio, amenazas y abusos por parte de los funcionarios del Penal, que la obligaban a desnudarse y le realizaban tocamientos indebidos durante las requisas que le realizaban para autorizarla a ingresar a las visitas familiares.
La última vez que Martha Ubilla se sometió a las requisas de La Modelo fue el pasado nueve de enero, cuando visitó a su hijo Marvin Castellón, tres días antes de ser capturada por la dictadura.
Tanto Martha como sus hijos, desde febrero de 2022, son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que la ahora presa política y su familia sufren una situación de extrema gravedad y urgencia.
La dictadura Ortega-Murillo hasta 2022 mantenía a más de 235 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, entre ellas 26 mujeres, según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Con las detenciones ordenadas por el régimen hasta el 11 de enero pasado, el número de ciudadanas encerradas ascendió a 28 y el total de personas encarceladas suma más de 240.
