Tras dos años y medio de crisis, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue reprimiendo a los nicaragüenses, en un franco deterioro de las instituciones democráticas y violando los derechos humanos de la población.

A pesar de las advertencias que a nivel internacional hizo recientemente el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA), el régimen sigue con sus estrategias represoras.

Los más de 100 personas siguen siendo presos políticos de la dictadura, las leyes que está aprobando a su conveniencia y que le aseguren el camino para perpetuarse en el poder, además de conculcar el derecho de la libertad de reunión y de movilización son al menos tres formas de represión que mantiene el régimen en el país.

Bloquea paso a opositores

En las últimas semanas, el régimen ha instaurado una nueva forma de represión al prohibir la libre movilidad de los opositores.

En sus visitas a los municipios y departamentos del país para conformar los comités de la Coalición Nacional, los opositores han sido objeto de acoso, asedio, agresiones físicas y hasta de abuso por parte de las fuerzas de la Policía orteguista.

El más reciente episodio lo vivieron Juan Sebastián Chamorro, Jasson Salazar y la catedrática María Asunción Moreno, tres miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), cuando se dirigían a la ciudad de Masaya el pasado fin de semana para participar de una asamblea territorial.

Una patrulla policial les bloqueó el paso en el kilómetro 21, en el sector de Piedra Quemada, y aunque intentaron avanzar caminando, los agentes del régimen los regresaron a empujones, golpeándolos con el escudo antidisturbios y bajo un sinnúmero de ofensas.

“No nos dio ninguna razón la policía, solo nos dijo que había orden de no pasar (…) Tenemos derecho a movilizarnos libremente”, denunció Moreno ante la embestida del régimen.

De esta forma, el régimen sigue conculcando el derecho de reunión que tienen los nicaragüenses y ahora el de movilización.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió al régimen Ortega Murillo el “cese de la represión y la persecución en contra de la oposición”.

El organismo de derechos humanos demandó “que se les respete la integridad personal, la libre circulación, la libertad de asociación y los derechos políticos”.

Presos políticos “amenazados”

Desde el inicio de la “Rebelión de Abril” el régimen ha querido apagar la lucha cívica amenazando con cárcel a todo aquel que considere un opositor.

A la fecha, según organismos de derechos humanos, todavía hay 103 presos políticos que permanecen en las cárceles de la dictadura, hacinados y sufriendo torturas.

Al menos la mitad de ellos, desde el pasado 30 de septiembre iniciaron una huelga de hambre que, a la fecha, la mantienen como una forma de protesta, afirmó la abogada y activista de derechos humanos, Yonarqui Martínez.

“Continúan (en huelga de hambre) a pesar de las amenazas, son menos pero persiste la protesta pacífica. Es la única manera de decirles a todos los nicaragüenses basta ya de violación de derechos humanos y que exigen libertad”, señaló Martínez.

Algunos de los presos han sido enviados a celdas de máxima seguridad, pero pese a la situación en la que se encuentran, mantienen la huelga.

“Nunca han desistido y están bajo amenazas de ser enviados a máxima, pero aún hay presos políticos en huelga”, denunció la activista de derechos humanos.

Proyectos legislativos

Por otro lado, el régimen desde septiembre pasado ha impulsado varios proyectos legislativos, entre ellos la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley Mordaza”, que ya fue dictaminada y está lista para ser aprobada próximamente en el plenario de la Asamblea Nacional, dominado por diputados del régimen.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró “preocupación” sobre estos proyectos legislativos de la dictadura que pretenden limitar las “libertades de expresión y prensa” en Nicaragua, pero también en países como Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Argentina.

En el marco de su  76ª Asamblea General, la SIP condenó las acciones de “hostigamiento” por parte de la Policía contra los periodistas y la sociedad civil.

La semana pasada, la bancada del régimen presentó en la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, la propuesta de reforma a la Constitución Política para establecer la cadena perpetua por “crímenes de odio”, una iniciativa que pretende castigar a los opositores como dejó en entredicho el dictador Daniel Ortega en uno de sus discursos.

La Lupa Nicaragua
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