Hace 10 años que murió Manuela, pero hoy está cerca que se le haga justicia a ella, a sus hijos y a su familia.

En El Salvador el aborto está totalmente penalizado desde 1998, incluso cuando la salud o la vida de la mujer gestante está en riesgo. Además se condena lo que llaman inducción al aborto, por lo que a partir de este cambio de legislación ya no se hablaba de aborto en nuestro país y durante años no se sabía los efectos que estaba teniendo esta ley.

Por ello un grupo de personas defensoras de derechos humanos, que habíamos conformada la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto,  iniciamos en 2011 una investigación, buscando en todos los juzgados de El Salvador, casos de mujeres procesadas por aborto o que hubieran tenido emergencias obstétricas en las que murió  la criatura en gestación y que a ellas las condenaron por homicidio agravado con penas de hasta 40 años, culpándolas de la muerte de las criaturas.

En aquel momento identificamos 129 casos, la mayoría eran mujeres jóvenes, viviendo en pobreza y con bajos niveles de formación. Las abogadas de la Agrupación iniciaron la búsqueda de estas mujeres en las diversas prisiones del país, para hablar con ellas y ver la posibilidad de ofrecerles apoyo jurídico. Sin embargo una de ellas, Manuela, no aparecía  en ningún centro penitenciario. Al final nos dijeron que estuvo  privada de libertad en la cárcel de San Miguel pero ya había muerto.

Entonces empezamos a conocer la historia de Manuela. Un abogado y una integrante de la Agrupación, fueron a su comunidad, a 190 kilometros de San Salvador y conocieron a su familia, que poco a poco, tímidamente y con temor empezaron a contar su historia.

Manuela era una mujer que vivía en una pequeña comunidad rural al oriente de El Salvador, a la que hace diez años solo se llegaba por un camino de tierra. Su familia era de muy escasos recursos económicos, por lo que a los 13 años se tuvo que poner a trabajar como empleada doméstica.

Se casó y tuvo dos hijos, pero a los 4 años de matrimonio, su marido, por la situación de pobreza, emigro a USA. Manuela no recibió educación y no sabía leer ni escribir. Tampoco tuvo acceso a salud integral, por lo que nunca uso métodos de control de su fertilidad.  Al poco tiempo, su marido estableció otra relación en USA, dejando de enviarle remesas económicas para contribuir al cuidado de su hijos.

Desde 2006 sentía fuertes dolores de cabeza que le hacían perder el conocimiento y le aparecieron bultos en el cuello, fue a pasar consulta a una pequeña Unidad de Salud de Cacaopera, ubicada a más de 5 kilómetros a pie desde su comunidad y por meses le aseguraron que no tenía nada grave, enviándola de regreso a su casa con una prescripción de analgésicos, sin realizarle ningún examen. Después supimos que en ese momento, ya tenía una forma avanzada de cáncer linfático.

Manuela quedó nuevamente embarazada. El día 27 de febrero de 2008, cuando tenía 25 años, ingreso en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, por una hemorragia producto de una emergencia obstétrica. Según consta en el informe médico, Manuela había sufrido en la mañana, una caída en el río cuando estaba lavando y tuvo un trauma pélvico, empezando a tener dolores que se incrementaban en intensidad y frecuencia, sintió necesidad de defecar y fue a la letrina que tenían en el patio de su casa, donde se dio un parto precipitado, acompañado de una preclamsia grave, perdiendo el conocimiento y su familia la saco de la comunidad al Hospital.

Fue denunciada por el personal de salud que la atendió, de haberse provocado un aborto, que según el Informe del Director del Hospital estaba motivado porque “el embarazo era producto de la infidelidad”. Un problema de salud, producto de los prejuicios y creencias particulares del personal de salud, se empezó a convertir en un delito.

Manuela, a quien el Estado le había fallado, no garantizándole la educación adecuada ni servicios de salud eficientes, ahora la criminalizaba al acusarla de que la muerte de la criatura que estaba gestando era producto de un acto intencional. La versión de los hechos que dio Manuela ya no fue escuchada ni tenida en cuenta, no se garantizó la presunción de inocencia y fue tratada como una asesina. Al día siguiente, fue detenida cuando estaba siendo atendida en la Sala de Maternidad y esposada a la camilla del Hospital.

Aunque la Procuraduría de la Republica le nombró un abogado de oficio, no llegó y ella y sus padres fueron interrogados sin la presencia de ningún abogado. A su padre que es analfabeta, le hicieron poner su huella digital en una declaración incriminatoria para Manuela, que no pudo leer.

Desde ese instante Manuela estuvo detenida y conducida a prisión. Fue juzgada en agosto de 2008 y condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado, culpándola de que la criatura hubiera muerto. En prisión se agravó su enfermedad sin ser diagnosticada ni recibir tratamiento médico, 12 meses después de su ingreso en prisión y cuando ya no podía levantarse, le diagnosticaron que los bultos que tenía desde hacía años eran producto de un linfoma de Hodkking, un cáncer linfático.

Sólo entonces iniciaron un tratamiento de quimioterapia, pero que se realizó de forma discontinua e incompleta, pues cuando tenía citas para ir a la Hospital, a veces no la trasladaron aduciendo no disponer de transporte. Otras mujeres que compartieron prisión  con Manuela, nos explicaron que en esa época que estaba recibiendo quimioterapia, dormía en el suelo, debajo de una litera, pues por el hacinamiento de la prisión, no existían camas para todas las reclusas y las últimas que llegaban tenían que dormir en esas condiciones. Al seguir agravándose, fue trasladad, en enero de 2010, al Hospital Nacional de San Miguel, donde murió el 30 de abril de ese año, dejando dos hijos huérfanos, a quienes no pudo volver a ver desde que ingresó a la cárcel.

Cuando en 2011 conocimos su caso y contactamos con su familia, se dio apoyo legal al papá de Manuela que intentó reabrir el caso y puso una denuncia en el Sistema Penitenciario. Al no lograr respuesta en el Sistema de Justicia salvadoreño, se buscó justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentando una demanda en nombre de Manuela y su familia el 21 de marzo de 2012.

Para ello ha sido muy importante que dos organizaciones se sumaran dando su apoyo y asesoría jurídica, la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local de El Salvador y el Center for Reproductive Rights. La demanda ha ido avanzando en un largo recorrido y ya está admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se espera lo vea en audiencia en los primeros meses de 2021.

Esperamos que más de 10 años después de su muerte, la justicia internacional reconozca que Manuela era inocente, rehabilitando su nombre y el de sus hijos y familia, terminando con el estigma que han tenido que arrastrar a lo largo de estos años y que su muerte, permita que el Estado tome medidas para que otras mujeres, no deban enfrentar la misma violación de derechos que ella vivió, que problemas obstétricos de salud ya no sean tratados como delitos, que se escuche y crea a las mujeres y se respete su presunción de inocencia.

Conocer, analizar y reflexionar sobre la historia que debió enfrentar Manuela y su familia, nos permite identificar las raíces profundas de la discriminación e injusticia que viven muchas mujeres en El Salvador.

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Alberto Romero de Urbiztondo (@aromero0568): Nicaragüense de origen español e ingeniero de profesión. Vive en El Salvador desde hace más de 20 años. Defensor de derechos humanos, miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y del Movimiento por una Cultura Laica, temáticas sobre los que ha realizado investigaciones y artículos. Miembro de la Sombrilla Centroamericana, red de organizaciones que defiende los derechos sexuales y derechos reproductivos en la región.

*Contenido patrocinado

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