La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa utilizando el Poder Judicial para reprimir a las mujeres nicaragüenses que se atreven a denunciar las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país. La líder estudiantil Mildred Rayo, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue condenada a diez años de cárcel por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

La presa política fue condenada -el pasado 30 de enero- junto a otros dos jóvenes; Miguel Flores y uno de identidad protegida a solicitud de sus familiares, por el juez orteguista Félix Salmerón, quien primeramente los declaró culpables en un juicio a puerta cerrada el pasado 26 de enero y, posteriormente, ratificó la pena de diez años para Rayo y ocho para los otros dos jóvenes, solicitada por la Fiscalía orteguista, que representó al Estado como la supuesta víctima.

La justicia orteguista también sentenció a los jóvenes a pagar 560 días multa, equivalentes a más de 41 600 córdobas, y ordenó el decomiso de los objetos ocupados al momento de la detención.

Rayo y Flores fueron detenidos desde el 1 de noviembre de 2022, cuando circulaban cerca del río Sapoá, en Cárdenas, Rivas, por miembros del Ejército de Nicaragua, institución que no informó públicamente sobre la detención y tampoco al lugar que los jóvenes fueron trasladados, aunque tres días después públicamente se conoció que la ciudadana estaba en las celdas del Distrito Tres de Managua.

Rechazan condena arbitraria e ilegal

La agrupación opositora AUN rechazó públicamente la condena impuesta por la justicia orteguista contra Rayo y Flores, calificándola de “arbitraria y ridícula”.

“Nuestros líderes son jóvenes inocentes, que, así como a los más de 230 presos políticos, se les acusa arbitrariamente por luchar en contra de la dictadura de Nicaragua. Demandamos su libertad irrestricta y respeto a sus derechos humanos. !¡Son inocentes!”, apuntaron a través de las redes sociales. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también repudió las condenas, que calificó de “injustas”, exigiendo la liberación de los miembros de AUN y todos los presos políticos que existen en el país.

Los defensores alertaron que en estos procesos judiciales contra opositores “las violaciones a las garantías del debido proceso aumentan, la indefensión de los reos de conciencia es total, el régimen no quiere entregar copia de las sentencias a los abogados defensores, lo que dificulta la apelación porque tienen que trabajar de memoria”.

La dictadura de Daniel Ortega mantiene a más de 240 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, entre estos al menos 30 mujeres, incluídas las recientes capturas de Martha Ubilla, madre del preso político Marvin Castellón Ubilla, y la docente Thelma Vanegas García.

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