Leyes del régimen de Ortega «amenazan la vida de las mujeres»
Funcionaria del régimen de Daniel Ortega abandonó furiosa una sesión y eludió responder sobre las violaciones contra las defensoras
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Por 64 Expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes aprobadas por el régimen de Daniel Ortega las que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe.
La representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rosalía Bohórquez Palacios, dio muestra de la intolerancia del régimen orteguista a las críticas, al abandonar de manera furiosa la sesión, tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”.
La funcionaria llegó cuando la sesión ya había iniciado, ocupó su espacio a la par de la presidenta del Comité, leyó la proclama del régimen y cuando acabó, recogió sus cosas, dio la espalda y se marchó.
Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes, recuerda el Instituto Raza e Igualdad.
La presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”.
El CEDAW es un órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité está formado por 23 personas expertas en derechos de la mujer de todo el mundo. Nicaragua es parte de la Convención desde que entró en vigor, en 1981.
El Comité manifestó que invitó a Nicaragua en cuatro diferentes ocasiones, desde 2021 hasta la fecha, a presentar sus informes, pero no obtuvieron respuestas. También hicieron la solicitud de una reunión con Bohórquez, pero no fue respondida.
Ley 1055: Con más afectaciones a las mujeres
La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país «el femicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja.
Además indicó que preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.
“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, advirtió.
Recordó que, entre 2020 y 2021, el Estado de Nicaragua emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Una de ellas es la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que castiga la supuesta “injerencia en los asuntos internos”, pero que en la realidad ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país.
La otra es la Ley 1042, conocida como “Ley Mordaza”, que atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos, particularmente de las personas de prensa.
Y por último la Ley 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres.
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Según la experta, esta última legislación es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.
“Hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz Alonso.
Detenciones y amenazas
Por su parte, la experta Marion Bethel, indicó que la participación de la mujer «se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos».
«Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte (Nicaragua)”, alertó. Asimismo mencionó que en los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.
Explicó que Nicaragua «a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”.
Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”.
El Instituto Raza e Igualdad rechazó la posición del Estado de Nicaragua, «que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso».
«Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere en términos descalificativos e inapropiados negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres», manifestaron.
