Las organizaciones feministas de Panamá denunciaron la violencia en los procesos de decisión y participación política en el marco de las elecciones generales del próximo 5 de mayo, a la vez que califican de «absurdo» algunas propuestas electorales que atentarían contra de los derechos de las mujeres.

«Nos parece absurdo algunas propuestas porque son derechos que hemos ganado. Este año la creación del Ministerio de la Mujer fue un logro (…) pero que una propuesta sea eliminarlo porque hay ‘botellas’ (puestos de trabajos otorgados por favores) nos parece absurdo», dijo a EFE la coordinadora de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, Luisa Fuentes.

Un comunicado conjunto de cara al 8-M destaca que al estar «dentro del proceso electoral, advertimos que el miedo, la propaganda sucia, el clientelismo y la corrupción se mantienen como los valores con los cuales el poder económico y sus sectores cómplices, piden al pueblo contentarse solo con emitir un voto hoy».

«Para después mantenernos al margen de los procesos de participación y toma de decisiones políticas y sociales en el país. Esa fórmula ya no es aceptada por las mujeres de la clase trabajadora», agrega la nota suscrita por al menos 16 organizaciones del movimiento.

«En el contexto electoral, ya tenemos una ley de violencia política pero que no incluyó la violencia digital (…) además a la candidatas se les pregunta por su vida privada, familia, vestuario y moralidad, y eso es una forma de violencia», declaró a EFE Alibel Pizarro, miembro del movimiento.

Así, han exigido al Gobierno cinco peticiones de carácter social, político y laboral: la primera de ellas es implementar «acciones para detener las violaciones a los derechos laborales, en especial de quienes laboran para el sector comercio, servicio y turismo».

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También han pedido «proteger el patrimonio, fortalecer la administración y optimizar la atención» de la Caja del Seguro Social (Seguridad Social), sumergida en una grave crisis financiera, además de «asegurar el acceso integral en salud sexual y reproductiva con bases científicas».

A eso añaden que se reglamente un artículo de un convenio de la Organización Internacional del Trabajado (OIT) que establece «el derecho a una vida libre de violencia y acoso» en el mundo laboral y, por último, que el nuevo censo de Panamá incluya estadísticas segregadas por sexo, edad y territorios.

«¡Defendamos nuestros derechos en las calles y en las urnas!», concluye el pronunciamiento.

Poco más de 3 millones de personas panameñas están llamadas a las urnas el 5 de mayo para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputaciones a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Hay ocho candidatos presidenciales, de los cuales dos son mujeres: Zulay Rodríguez y Maribel Gordón por libre postulación.

EFE
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