Mujeres en contextos de extractivismo agrícola en Centroamérica

Despojo de tierras y medios de vida, agudización de todas las formas de violencia contra las mujeres, defensoras y lideresas e incremento en las jornadas de trabajo son algunas de las consecuencias del extractivismo agrícola en Centroamérica, reveló la investigación Mujeres en contextos de extractivismo agrícola: voces de defensoras del territorio en Centroamérica.

La instalación y expansión de los monocultivos ha implicado la apropiación de tierras públicas o despojo de tierras y bienes comunes de comunidades campesinas, indígenas y de pequeñas y pequeños productores. Esto es facilitado por la “exclusión histórica de las mujeres en el acceso a la propiedad de la tierra, que ha sido perpetuada por los gobiernos de Honduras y Guatemala”, indica el informe a partir de tres casos de estudio en las comunidades de Santo Domingo Suchitepéquez en Guatemala y Marcovia, y Bajo Aguán en Honduras.

Las personas campesinas y productoras son asediadas por las empresas hasta que logran la venta o alquiler de sus tierras. El objetivo es expandir las plantaciones de palma aceitera, piña, caña de azúcar y banano en Honduras y Guatemala.

“A menudo, las mujeres y sus familias han tenido que firmar acuerdos o contratos en los términos de los empresarios y con frecuencia han sido engañadas para perder autonomía sobre el uso de sus propias tierras”, denuncia el estudio publicado en octubre de 2023 y desarrollado por Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA).

Los empresarios aprovechan la vulnerabilidad de las mujeres y obtienen sus tierras a un bajo costo. Las mujeres apenas poseen el 12% en Honduras, el 15% en Guatemala, el 13% en El Salvador y el 23% en Nicaragua de las producciones agrícolas, siendo estas significativamente más pequeñas que las que manejan los hombres, según datos de 2015, citados en la investigación.

El auge de los monocultivos no solamente acapara la tierra, sino que impacta de forma negativa otros medios de vida de las mujeres. Provoca el debilitamiento y destrucción de la pesca tradicional, huertos familiares y cultivos para la subsistencia. Además de contaminar los suelos y las fuentes hídricas.

Con la ausencia de medios de vida, la autonomía de las mujeres se ve afectada eliminando la posibilidad de tener ingresos propios, indica el estudio.

Más violencia contra las mujeres

Con la aparición de los monocultivos, según los casos de estudio que representan una panorámica del problema en la región centroamericana, las violencias que ya existían contra las mujeres se exacerbaron, principalmente, para quienes trabajaban en plantaciones de caña, palma y otros. Estas han sido víctimas de acoso, abuso, amenazas de violación y violación perpetrados por guardias de las plantaciones, jefes de las plantas empacadoras, y líderes de cooperativas y organizaciones sociales.

Asimismo, sufren violencia económica y patrimonial a través de la explotación y acaparamiento de los bienes y medios de vida. “Este tipo de violencia también ha sido ejercida sistemáticamente por los Estados, al excluir a las mujeres del acceso a la tierra y perpetuar las desigualdades en este sentido”, recalca el estudio de enfoque cualitativo y con un enfoque de construcción colectiva.

Tanto en Honduras como Guatemala las mujeres rurales se enfrentan a la ausencia de una distribución equitativa del trabajo de cuidado al interior de las familias y comunidades, agrandando la brecha de género en cuanto a la participación en espacios de toma de decisiones sobre el manejo de la tierra.

“Donde las mujeres deberíamos seguir avanzando, empezamos a quedarnos, porque tenemos una carga tan grande que ya no nos permite avanzar al siguiente escalón. Entonces, siguen avanzando los hombres porque son siempre los que van a tener las condiciones para hacerlo, a ellos no los va a atar un hijo, mientras que a la mujer sí…”.Testimonio presente en la investigación.

“(…) Son debilidades con las que lidiamos y que somos conscientes, son nuestras fortalezas, porque el hecho de ser madre me impulsa a mí a defender el río, la montaña, a exigir mis derechos. Mis derechos son los derechos que les voy a heredar a mis hijos, entonces también son nuestras fuerzas…”, expresó una de las cuarenta entrevistadas. Testimonio presente en la investigación.

Las defensoras también padecen la represión ejercida por la Policía y el Ejército contra la protesta y las recuperaciones de tierra impulsadas desde los movimientos campesinos. Y quienes ante la falta de recursos económicos, trabajan en las plantaciones, soportan la violación sistemática de sus derechos laborales, sometidas a jornadas “mucho más largas de lo establecido legalmente”. “No cuentan con garantías, ni seguridad social que les apoye cuando enferman por las condiciones de trabajo”.

“Se nos están muriendo las mujeres de cáncer, insuficiencia renal, artritis, y enfermedades que hoy se ven de casa en casa…”Denuncia otra de las entrevistadas.

Perder la vida por defender el territorio

Las lideresas Iris Argentina Álvarez (2020), en Marcovia y Diana Isabel Hernández (2019), en Santo Domingo Suchitepéquez, fueron asesinadas para neutralizar su activismo. Sus casos siguen impunes, denunció la investigación.

Defender el territorio expone a las mujeres a la criminalización, persecución, amenazas y hostigamientos. Y pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares estás no se cumplen. Un total de 17 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Honduras durante el año 2022.

El país centroamericano es el quinto más peligroso en el mundo para ejercer la defensa de derechos, principalmente, de la tierra, revela el informe de Front Line Defenders 2023.

En Marcovia, en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras, las lideresas comunitarias y defensoras son estigmatizadas por sus familias y comunidades. Son percibidas como “malas mujeres”, “que le gusta la mala vida” o “andar molestando”, debido a que desafían los roles de género establecidos.

Sin embargo, ante tantos abusos, las mujeres también han resistido. En Santo Domingo Suchitepéquez buscaron ser tomadas en cuenta en las gestiones ante el gobierno, y que los hombres de las comunidades respetaran la representación de las mujeres en estos espacios.

Pese al poco interés de la institucionalidad en reconocerlas como propietarias o copropietarias, muchas de ellas lo lograron y continúan luchando para que todas puedan tener su propia tierra, autonomía para decidir sobre su uso y participación efectiva en los espacios institucionales.

Y a la vez, continúan fortaleciendo la soberanía alimentaria mediante la agroecología, que además es una estrategia integral de defensa, preservación y cuidado del territorio y la naturaleza.

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Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).