SlP condena «robo» de La Prensa y llama a Ortega «mayor represor de las Américas»
En los 96 años de historia de La Prensa, ha enfrentado a tres dictaduras .
En los 96 años de historia de La Prensa, ha enfrentado a tres dictaduras .
La consumación del robo y desmantelamiento de las instalaciones de Editorial La Prensa, es un hecho condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este tipo de acciones «corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente» en Nicaragua, detalla en un comunicado.
Un año después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocupó las instalaciones de La Prensa, lo termina de desmantelar e inauguran el Centro Cultural Politécnico José Coronel Urtecho.
Ante estos hechos el presidente de la SIP Jorge Canahuati, dijo que «con gran descaro el régimen legaliza y consuma la usurpación de todos los bienes y el edificio de La Prensa, lo que corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en ese país».
Canahuati, quien también es el CEO del grupo OPSA (Organización Publicitaria, S.A), de Honduras enfatizó que este tipo de acciones dejan en evidencia que «estamos ante el régimen que se ha constituido en el mayor represor de las Américas».
Por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «el régimen manipula y utiliza todos los recursos a su alcance para desaparecer medios incómodos como La Prensa, violando la Constitución que prohíbe estos actos».
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, Argentina, agregó: «Los medios, las asociaciones de prensa y las organizaciones internacionales no podemos dar un paso al costado y guardar silencio ante esta muy grave violación a la libertad de prensa en Nicaragua».
Los otros medios de comunicaciones cuyas instalaciones también fueron confiscadas son Confidencial y 100% Noticias, convertiéndolas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente. Medios de comunicaciones católicos y comunitarios también han sido víctimas de las confiscaciones de equipos.
Canahuati y Jornet también advirtieron sobre el acoso similar en contra de medios independientes en otros países del continente.
El mes pasado, periodistas, editores, fotógrafos y personal de La Prensa debieron salir del país «para resguardar su seguridad y libertad», según denunció el medio, que sigue funcionando de forma digital desde el exilio. El régimen también apresó al gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y a los miembros de la directiva de La Prensa, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, condenados a elevadas penas de prisión sin el debido proceso judicial.
La directiva de La Prensa, publicó un comunicado donde les recuerda que «el pasado son ellos», pues en los 96 años de existencia de este medio de comunicación han enfrentado a tres dictaduras, persecución, robos, bombardeos, quemas a las instalaciones, directivos encarcelados, bloqueo aduanero de los suministos y ahora la ocupación.
«Otra vez nos quieren enterrar, y como ha sucedido en otras ocasiones, los enterrados serán ellos», relata el comunicado.
La Prensa dice que han sido consecuentes con el compromiso de cultivar y promover valores tan esenciales para los nicaragüenses, como la verdad, la justicia, la defensa
de las libertades públicas y la democracia. «Asumir estos valores con honestidad y firmeza, y no con retórica vacía, implica asumir riesgos muy graves. Los abusos, la mentira, el autoritarismo y la corrupción, entre otros antivalores, tienen representantes muy
poderosos y crueles», insisten.
En la actualidad, tres de sus directivos presos estas presos –Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holmann Chamorro–, su edificio tomado y la redacción completa en el exilio. Ninguna dictadura ha mostrado tanta saña
contra los valores que representa LA PRENSA, como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, agrega el comunicado.
Se estima en más de 10 millones de dólares el valor de los bienes confiscados, entre ellos inmuebles, una rotativa para la impresión del periódico y una imprenta comercial.