Nicaragua vive uno de los periodos “más oscuros” en cuanto a las garantías que tienen mujeres y hombres de prensa para ejercer su profesión. Cada día se incrementa el número de violaciones a las libertades públicas, así lo hizo saber la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la presentación de un informe en el que exhortan a organismos internacionales “a actuar con celeridad, ante el rápido avance de la escalada represiva y la persecución a la prensa y a líderes opositores”.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que han comprobado una grave degradación de los derechos humanos en el país y eso ha reflejado aun Daniel Ortega que “desprecia la legalidad.”

“Es violatorio a la libertad de prensa que se citen a periodistas y se les cuestione cómo se hace su trabajo. Al régimen lo exaspera que haya periodistas valientes empecinados en no callar. Consideramos imprescindible que se garanticen amplias capacidades para facilitar el trabajo informativo de periodistas nacionales e internacionales”, afirmó.

Durante una semana los directivos de la SIP recogieron en Nicaragua crudos testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según la SIP es imprescindible, además, que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada de votación y el escrutinio posterior.

“El éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a las dificultades para acceder a insumos esenciales, las presiones a anunciantes, los retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, las estigmatizaciones y amenazas cotidianas para generar autocensura, la menor actividad de las redes sociales por el temor a ser perseguido, la falta de acceso a información pública, la concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de fuentes habituales para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática”, añaden en su informe.

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“No se respira en Nicaragua”

Durante la presentación, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, insistió que existe hostigamiento permanente contra periodistas nicaragüenses.

“Nuestra preocupación se acercó desde finales del año pasado con la aplicación de leyes ilegales para reprimir bajo distintas formas. Hay hostigamiento al periodismo independiente, en Nicaragua no ha cesado la represión, se ha silenciado todo y esto lleva a que la situación de Nicaragua sea una las más preocupantes en todo el continente, no se respira en Nicaragua en términos democráticos”, subrayó Urrejola.

Un total de 44 casos de violaciones a la libertad de prensa se registraron en Nicaragua, durante el mes junio, según el Informe mensual publicado por el diario La Prensa.

En el informe el total de los casos registrados en este periodo se detallan 18 procesos civiles y penales, 17 agresiones y ataques, 7 abusos de poder estatal, 1 detención arbitraria y 1 discurso estigmatizante.

El informe advierte que la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos, la cual fue aprobada durante el 2020 “es la principal arma jurídica con la que el gobierno busca intimidar a directores de medios, directores de programas y reporteros de todo el país”, lo que ha evidenciado actos “incriminatorios e interrogatorios” implementados por la Fiscalía General de la República desde el pasado mes de mayo de 2021.

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“Los periodistas (citados) han declarado que durante los interrogatorios han cuestionado sobre la procedencia de los fondos utilizados a proceder su labor informativa, sus fuentes y el tipo de publicaciones que comparten en sus respectivos medios. Además, según sus declaraciones ha hecho especial mención de la Ley 1042 y los cargos con los que se les podría acusar al incumplirla”, cita el monitoreo.

39 de los casos de agresiones registrados fueron perpetrados por agentes estatales, en dos de los casos los agresores no fueron identificados, en otros dos de los casos los victimarios fueron identificados como personas estatales y en uno de los casos el agresor fue señalado como un agente no estatal.

El documento alerta que “en Nicaragua las amenazas, las agresiones e intento de silenciar el periodismo independiente, no son recientes, datan desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007. Sin embargo, en el bimestre mayo-junio de 2021 han aumentado a gran escala y con altos niveles de violencia y hostilidad estatal”.

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