“Lo de regularizarse para cotizar eso era de los españoles. Que yo quería igualarme a los españoles y tener todo lo que los españoles tienen, y que un migrante no tiene derecho”.

Eso fue lo que escuchó Isabel cuando pidió un contrato. Lo dijo la hija de la señora a la que cuidaba. Isabel llevaba meses trabajando de ‘interna’ sin descanso, sin vacaciones, sin festivos, de lunes a domingo, por 700 euros al mes. No estaba pidiendo un favor. Estaba pidiendo lo mínimo: existir en los papeles.

Isabel es enfermera titulada en Nicaragua. En España, desde hace siete años, trabaja como empleada del hogar y cuidadora. Hoy cuida a dos personas con discapacidad —una de ellas con demencia senil— además de dos gatos y un perro. No tiene contrato. No cotiza. Cobra lo que le ofrecen.

En esa casa, a diferencia de las dos internas anteriores, nunca tuvo derecho a días libres. Cuando pidió uno, se lo negaron. “Me dijo que por una emergencia sí podían cubrir el fin de semana, pero que por cachondeo no… Yo seguí trabajando, porque en realidad uno necesita el trabajo”, contó a La Lupa Feminista.

Necesitar el trabajo. Esa es la frase que explica muchas violaciones, abusos laborales y hasta violencias.

Siete años en situación irregular

Isabel llegó a España en 2018. Venía huyendo. En Nicaragua había atendido en su propia casa a personas heridas durante la represión contra las protestas por la reforma de las pensiones en 2018. Cuando los paramilitares empezaron a vigilarla, entendió que debía irse.

Solicitó asilo al llegar. Dos años después se lo negaron. Presentó un recurso de apelación. Siete años después, todavía espera respuesta.

Mientras tanto, vive en una especie de suspensión legal. Está, pero no del todo. Trabaja, pero sin derechos laborales garantizados. Sostiene una familia, pero sin seguridad jurídica.

Su hija y sus dos nietos también viven esa incertidumbre. Cada trámite se vuelve una carrera de obstáculos. Cada documento que vence es un nuevo problema. Sus nietos tienen el pasaporte caducado y llevan dos años intentando renovarlo en la embajada de Nicaragua en Madrid.

En teoría, en España el derecho a la atención sanitaria está reconocido de manera amplia. En la práctica, para muchas familias en situación irregular, el acceso efectivo puede convertirse en un terreno lleno de dudas, burocracia y miedo.

“Si los niños se enferman uno compra algo en la farmacia o los lleva a urgencias solo si es grave”, explica Isabel.

No es que la ley diga que no pueden atenderles. Es que el miedo a no saber qué pedirán en ventanilla, a qué documento faltará, a si habrá algún problema por no tener papeles, o si alguien te denuncia, pesa demasiado.

Entre el derecho y el acceso hay una distancia que no siempre se mide en artículos legales, sino en experiencias.

Un trabajo sin nombre ni protección

El sistema de cuidados en España descansa, en buena parte, sobre mujeres migrantes. Y dentro de ese grupo, quienes están en situación irregular ocupan el lugar más frágil de la cadena. No es casualidad. Tampoco es un vacío.

Cuando el Estado no cubre plenamente la demanda de cuidados y las familias no pueden asumirla solas, el mercado llena ese espacio. Y lo llena con trabajo feminizado, precarizado y, muchas veces, racializado.

El cuidado se privatiza puertas adentro, se negocia en conversaciones informales y se sostiene sobre relaciones de dependencia que rara vez se miran como lo que son: relaciones laborales atravesadas por una desigualdad profunda.

La irregularidad no crea la precariedad, pero la agrava. Reduce la capacidad de exigir derechos, debilita la posibilidad de denunciar abusos y convierte el contrato en una concesión en lugar de una obligación legal.

Isabel trabajó cuatro años en una casa en Mérida (Extremadura) donde ni siquiera le daban comida. “Yo tenía que comprar mi agua, mi comida, todo”, cuenta. No lo narra como una excepción, sino como parte de lo que tocó aceptar.

En ese esquema, la frontera no solo separa países. También organiza el trabajo: quién cuida, quién paga, quién decide y quién puede exigir.

Como recuerda Tania Irías, coordinadora del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, «la responsabilidad de formalizar la relación laboral corresponde a quien contrata». Sin embargo, cuando la trabajadora no tiene papeles, el desequilibrio es evidente: la amenaza no necesita pronunciarse en voz alta para funcionar.

La irregularidad no solo limita derechos. También redistribuye poder.

Un derecho conquistado, no un favor político

El Gobierno español ha anunciado un proceso de regularización extraordinaria mediante un Real Decreto que, hasta el cierre de este texto, no ha sido publicado en el BOE. Según lo adelantado, podría beneficiar a unas 500,000 personas extranjeras.

La medida no resolverá las desigualdades estructurales del trabajo doméstico ni desmantelará el racismo cotidiano que muchas mujeres migrantes enfrentan. Tampoco modificará de inmediato las jerarquías que organizan el mercado laboral.

Pero sí alterará algo central: la posición desde la que se negocia el trabajo.

La regularización no es solo un trámite administrativo. Es una transformación en la relación entre Estado, empleador y trabajadora. Reduce el margen del chantaje, amplía la capacidad de exigir derechos y desplaza el miedo como herramienta de control.

No convierte el cuidado en un trabajo plenamente reconocido. Pero impide que la irregularidad siga funcionando como una frontera laboral permanente.

Porque mientras el bienestar de muchas familias dependa de mujeres migrantes sin contrato, la precariedad no será un accidente. Será una pieza del engranaje.

Isabel no habla de engranajes. Habla de cosas concretas: contrato, estabilidad, tranquilidad.

Pero detrás de esa aspiración hay una pregunta que el país todavía no termina de responder: ¿quién sostiene el cuidado y bajo qué condiciones se considera aceptable que lo haga?

La regularización no es un regalo. Es, apenas, el punto de partida para que esa pregunta deje de resolverse en silencio, concluyen las mujeres organizadas.

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