En el corazón de la Reserva de Biosfera Bosawas hubo una masacre el miércoles 29 de enero. Cuatro hombres fueron asesinados por defender sus tierras de un grupo de invasores. Una comunidad entera se desplazó en cuestión de horas para evitar que hubiesen más víctimas.

Así, las 23 comunidades mayangnas asentadas en el territorio Sauní As han aprendido a sobrevivir, en medio de constantes hechos de violencia perpetrados por los colonos, que son grupos de personas provenientes de municipios vecinos a la Reserva y que buscan cómo apoderarse de grandes extensiones de tierras para convertirlas en pastizales.

Esta nueva masacre contra la comunidad mayangna de Alal volvió a centrar en la opinión pública a los indígenas y sus padecimientos: violencia, desprotección, impunidad y pobreza. Esta no es la primera vez que la sangre corre en los bosques vírgenes del Caribe, pero es, quizás, la única forma que el Estado escuche sus demandas de protección y respeto de sus derechos.

Recientemente la vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Marta Hurtado, instó a las autoridades nicaragüenses a que investiguen rápido, de forma exhaustiva e independiente los hechos en Bosawas, y a que se juzgue y sancione a los responsables.

“Exhortamos a las autoridades a que proporcionen justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias y a que presten asistencia a las personas desplazadas por la fuerza, incluidas las que ya han regresado a sus comunidades”, expuso Hurtado, a través de la cuenta de Twitter de OACNUDH. 

Para comprender por qué la violencia en el Caribe y qué pasa con las autoridades que no detienen la matanza de indígenas, La Lupa te expone seis hechos cruciales para entender la realidad que se vive en los territorios indígenas.

CONCENTRACIÓN Y DESPROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

A lo largo del Caribe nicaragüense viven cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Miskitu, Sumu, Mayangnas, Rama, Creoles y Garífunas, cada una con sus particularidades en su concepción de la vida, pero con un elemento en común: el trabajo de la tierra y el respeto por la misma. De acuerdo con defensores de derechos humanos esta población enfrenta una grave situación de violencia producto de invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, expuso el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

De acuerdo con la investigación “Saneamiento en territorios indígenas de Nicaragua: un proceso en construcción dentro de la autonomía regional”, publicada en 2014, en la década de los ochenta, con la reforma agraria, los indígenas inician un proceso de demanda para que se respete sus visiones y derechos. Esto provocó, siete años después, la Ley de Autonomía que reconoció lo que demandaban, pero en la práctica no se cumple.

ataques indígenas Nicaragua

CASO AWAS TINGNI

Este caso estableció un precedente en el país. Representa la primera sentencia sobre pueblos indígenas de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua en 2001. En esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en el país era necesario adoptarse una serie de medidas para garantizar la integridad territorial de los pueblos indígenas, lo que pasaba por ordenar, delimitar, demarcar y titular las tierras.

APROBACIÓN DE LA LEY 445

En respuesta a la sentencia de la Corte IDH, Nicaragua crea la Ley 445-Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.

Esta Ley significó un paso importante, ya que estableció un proceso de demarcación y titulación de la tierra. De acuerdo con Cejil de 2007 a 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades. Pero la gran deuda del proceso de demarcación es la última etapa: el saneamiento.

EXPLOTA LA VIOLENCIA

Para Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”. Además de provocar impactos negativos en acceso a las necesidades básicas de las comunidades –agua, salud, alimentación-, ha generado desplazamiento interno, refirió a Cejil.  

Durante ocho años (2011-2018) un total de 34 comunitarios han sido asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto de tierras, expuso CEJUDHCAN. Estos hechos han sido denunciados, pero la impunidad ha imperado a lo largo de los años.

En el 172 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de mayo 2019, los defensores y sociedad civil pidieron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas. La CIDH otorgó medidas cautelares a 12 comunidades del Caribe norte y la Corte ordenó que se garantice la vida en 7 de estas. El Estado sigue sin dar una respuesta efectiva.

Bosawás
Tomada de La Prensa

DEUDA DE VIEJA DATA: SANEAMIENTO

En la Ley 445 se establece después de la titulación el proceso de saneamiento. Este consiste, según el artículo 59, que “una vez obtenido su título, cada una de las comunidades podrá iniciar con el apoyo técnico y material de la Oficina de Titulación Rural  (OTR) la etapa de saneamiento de sus tierras, en relación con los terceros”. El problema es que esto no se ha hecho y cada día, la lucha por proteger la tierra de los invasores sigue dejando más víctimas mortales del lado indígena.  Para que se concrete esta etapa final se necesita de la conformación de una comisión interinstitucional, que ha quedado en promesas.  

Un líder comunitario, que solicitó omitir su identidad por seguridad, dijo a la Lupa que los territorios mayangnas se encuentran rodeados de colonos, y que la situación es compleja, principalmente, porque están armados. Por eso, su principal demanda es que se saneen sus tierras ancestrales.

Para el director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, la etapa de saneamiento no ha sido cumplida por el gobierno a falta de voluntad. “Esa negligencia hace que masacres como esta- la de Alal- se presenten y que actores como estos-instituciones de seguridad- no tengan la responsabilidad que deberían de tener al establecer ese proceso de juicio y de aplicación de la justicia por las violaciones de derechos humanos y la invasión a esos territorios”, expresó.

MISKITOS AL BORDE DEL EXTERMINIO

Una campanada de alerta lanza el informe Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida, ya que asegura que los daños provocados por la invasión a sus territorios junto a la falta de acción del Estado, “podría conllevar a su completo exterminio”.

Las comunidades atraviesan una situación de vulnerabilidad y abandono. A esto se  suma que la inacción del Estado para sancionar y prevenir los ataques de colonos ha “creado un clima de impunidad”.  

+ posts

La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.