La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), mostraron su preocupación, porque el régimen de Daniel  Ortega pone en riesgo la vida, la salud y la integridad de los nicaragüenses frente al cruel escenario del COVID-19.

“La CIDH hace un llamado urgente a las autoridades para que, en ejercicio de su deber de garantía de derechos humanos, adopte medidas eficaces de atención y contención de la pandemia, conforme a las recomendaciones técnicas y científicas  internacionales, dirigidas a proteger los derechos humanos de las y los nicaragüenses”, señaló la CIDH a través de un comunicado.

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En lugar de atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el régimen orteguista continuó esta semana, aprovechando el receso de Semana Santa, organizando actividades masivas en playas y sitios turísticos exponiendo al contagio a la población.

El gobierno orteguista tampoco ha ordenado el cierre de sus fronteras, como han hecho otros países de la región, ni ha orientado a la población a quedarse en cuarentena, como sugirió la OMS.

Ante la ausencia de medidas por parte del gobierno, Nicaragua es afectada por la pandemia del COVID-19 en un contexto, agregó la CIDH, donde persiste la crisis de derechos humanos, iniciada en abril de 2018 y que fue ampliamente documentada por este organismo que fue expulsado del país.

A la CIDH y su relatoría especial le preocupa que medidas como el “distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos o de cualquier otro lugar de concurrencia masiva, manejo de la trazabilidad de los casos de contagios, adquisición y realización de tests, así como las medidas para el manejo, control y prevención de enfermedades infecciosas”, todavía no hayan sido adoptadas por el gobierno nicaragüense. 

Información contradictoria

Para este organismo de derechos humanos, en el país impera la “falta de transparencia e información confiable” por parte de las autoridades que no brindan detalles sobre las medidas de prevención de contagios y contención de la pandemia, así como el número de test adquiridos y realizados.

“Información contradictoria de las autoridades sobre el número de personas contagiadas o bajo observación por presentarse síntomas, contribuyen a incrementar la desconfianza pública ya existente en el país y a reducir la capacidad de las autoridades de tomar medidas y políticas adecuadas para proteger y garantizar la salud de la población”, insistió el organismo de derechos humanos.

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La CIDH recordó que en el contexto de la crisis sociopolítica, más de 400 profesionales de la salud fueron despedidos, lo que limita el sistema y capacidad de la que dispone el país. Además, según información que obtuvieron, en la actualidad sólo habría 6 mil camas de hospital y 160 respiradores en toda Nicaragua.

“La falta de adopción de medidas y acciones conforme a las recomendaciones de organizaciones internacionales especializadas en salud pública, en relación con el COVID-19, podrían poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de sectores importante de la población”, advirtieron.

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