Jóvenes opositores señalan falta de transparencia en el proceso electoral de Nicaragua, con “acompañantes electorales” afines al régimen
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La observación electoral es un mecanismo de evaluación del estado de la democracia, dentro del contexto de “elecciones auténticas”, afirma la abogada Asunción Moreno, al referirse a la figura de “acompañantes electorales”, que a partir de estas votaciones ya se establece en la Ley Electoral, mediante una reforma aprobada por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional (AN).
“A (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo no les conviene que haya verdaderos observadores electorales”, considera por su parte María Laura Alvarado, representante de la juventud en el Consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Según el Padrón Electoral, en las votaciones del 7 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la AN (más los dos escaños constitucionales), y 20 cargos al Parlamento Centroamericano (Parlacen), están habilitados alrededor de cuatro millones y medio de nicaragüenses.
Alvarado, abogada de profesión, considera que la sustitución de la observación por acompañamiento, es una estrategia que beneficia al régimen “para que el proceso electoral no se lleve con la transparencia que se debe de llevar, sobre todo porque quienes van a dar el acompañamiento electoral son personas totalmente afines al régimen de Ortega y Murillo”.
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En los comicios considerados por la oposición como una “farsa electoral”, participan seis partidos nacionales y uno regional: Frente sandinista y organizaciones allegadas, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza por la República (Apre), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y Yatama.
Moreno resume que “la observación electoral es un ejercicio que consiste en examinar presencialmente el desarrollo de un proceso electoral y confrontar su realización con las prescripciones legales nacionales y con los principios y normas internacionales”. Además pueden participar en actividades previas a la elección.
“Mientras que el acompañamiento electoral establecido en la reforma a la Ley Electoral no tiene mayor regulación por lo tanto no está clara cuál es su misión, lo poco que se sabe sobre esta figura en Nicaragua es lo que vimos en las elecciones pasadas en la que se invitó a personas extranjeras a observar algunas actividades que se llevan a cabo el día de la votación”, analiza Moreno, catedrática, politóloga y especialista en Derecho Constitucional.
La representante de la UNAB considera que no conviene al régimen la presencia de observadores internacionales, ya que constatarían la poca participación que van a tener los partidos políticos en las Juntas Receptoras de Voto (JRV).
Alvarado enfatiza que no hay garantía “de que el acompañamiento electoral vaya a ser de manera imparcial, uno de los requisitos primordiales dentro de todos los procesos electorales”.
La falta de observadores internacionales en el proceso electoral nicaragüense indica “que el proceso electoral está totalmente viciado”, por lo tanto “Ortega no cumple con los requerimientos legales”, apunta Alvarado.
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“Una observación no es injerencia, tampoco es que vayan a influir en el proceso electoral. Están observando que se cumplan los requerimientos del proceso. Lastimosamente en Nicaragua es un acompañamiento que evidentemente no cumple con los estándares de la observación electoral”, reiteró la representante de la UNAB.
La UNAB como parte de las Organizaciones de la Oposición Democrática Nicaragüense rechazan “la farsa electoral del 7 de noviembre”, a la vez exigen un nuevo proceso electoral. Por ello, llamaron a “no participar y no legitimar este proceso viciado de elecciones”.
Demandan unos comicios que cumpla con las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que tome en cuenta la propuesta de reformas electorales, que presentó la oposición en consenso, afín de garantizar el respeto del voto de la ciudadanía.
“Se exige un nuevo proceso electoral con los candidatos que Ortega mantiene presos, aislados y torturados, que son candidatos por los cuales la ciudadanía podrá votar”, concluyó la universitaria.
Siete aspirantes a la presidencia están en prisión o en casa por cárcel: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre.
Los “acompañantes”, invitados por Ortega, de previo avalaron el proceso electoral, en un encuentro virtual con la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha.
Jorge Kreyness, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista argentino expresó: “con toda seguridad que vamos acompañar este proceso desde Argentina para poder verificar y luego informar a nuestro pueblo que en Nicaragua existe una democracia, existen instituciones, hay leyes que las reside la propia institucionalidad representativa del pueblo nicaragüense».
«Hay una campaña de prensa muy grande que no solamente deforma la realidad de Nicaragua sino que en algunos casos deforma y genera problemas entre nuestros países. Pretende sembrar divisiones entre los latinoamericanos”, señaló el político afín a la dictadura Ortega-Murillo.
En la lista de acompañantes extranjeros además se encuentra: Gregorio Mondaca del Partido Socialista de Chile, José Luis Centella presidente del Partido Comunista de España, Miguel Ángel Bustamante de esa misma organización y Gerry Condón expresidente veterano por la paz de Estados Unidos.
“El acompañante internacional es como el amigo que llega a tu casa (…)”, expresó la presidenta del CSE, Brenda Rocha. A la vez que justificó la eliminación de la observación electoral, “pero el observador se te pone como que está por encima de tu proceso nacional, de tu legislación y quiere incluso intervenir en los aspectos que no debe intervenir porque tu legislación no te lo permite”.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución controlada por el régimen Ortega-Murillo suscribió un convenio con el CSE para confirmar su participación de “Acompañamiento y Atención Social a la ciudadanía”, en los 3, 106 Centros de Votación habilitados.
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“El objetivo es promover una cultura de calidad, ética y transparencia en cada fase del proceso electoral”. A demás se compromete a presentar un informe.
En la cuarta cumbre de presidentes Centroamericanos celebradas en 1989, en Costa del Sol, El Salvador, Daniel Ortega anunció el adelanto de elecciones a febrero de 1990 con observadores internacionales.
La presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició desde julio de 1989 hasta febrero de 1990, en las elecciones que llevó al triunfo a doña Violeta Barrios de Chamorro.
En agosto de 1989, arribaron 18 funcionarios de la secretaría general de la OEA. En la segunda fase de septiembre a octubre aumentó a 52 al integrarse un equipo de expertos y consultores. La OEA coordinó 433 observadores, según consta en su informe.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envía primero un equipo de 54 funcionarios, para alcanzar 212 en total, procedentes de 50 países.
De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la época, y a los informes de los organismos internacionales, no existía restricciones para la supervisión en todo el proceso electoral.
En las elecciones generales de 1990 también participaron más de 20 grupos de observadores de la Unión Europea, América Latina, Canadá y Estados Unidos, entre otras delegaciones.
En los comicios nacionales de 1996, la Revista Envío publicada por la Universidad Centroamericana (UCA) registra 1, 228 observadores internacionales de 40 países. La OEA acredita 117 observadores, la Unión Europea 94. El Instituto Republicano Internacional (IRI), Instituto Demócrata para Asuntos Internacionales, Centro Carter, Fundación Internacional para sistemas Electorales y Centro para la Democracia, entre las cinco organizaciones suman 138 miembros. La Fundación Internacional para Sistemas Electorales envió 24 observadores de once países.
Para mencionar otras delegaciones entre los asistentes, el Organismo Independiente Hemisphere initiative 22 miembros. Instituto Interamericano de Derechos Humanos /Centro de Asesoría y promoción Electoral (IIDH/CAPEL), acreditó a 23 observadores.
También se sumaron delegaciones del Parlacen, magistrados electorales de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, delegaciones europeas que sumaban 312 en categoría de “observador invitado”.
Por primera vez participan observadores nacionales. Ética y Transparencia desplegó 4, 200 voluntarios.
En las contienda del 2001, según el informe del Centro Carter que acreditó 51 miembros, hubo “el despliegue de 1,116 personas de parte de grupos internacionales y de hasta 11,962 personas que participaban en uno u otro grupo de observación nacional, pero que se concentraba en Ética y Transparencia y el Consorcio Cívico Electoral”.
Además, en el 2006 entre los participantes estaba el Centro Carter, que desplegó 62 observadores. La OEA trajo a 76 miembros.
También en ese mismo proceso participaron aproximadamente 16 mil observadores nacionales en todo el país, que formaban parte de Ética y Transparencia, el Instituto para el desarrollo y la Democracia (Ipade), Consejo Nacional de Universidades, Hagamos Democracia, CEDEHCA en las dos regiones del Caribe nicaragüense, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Estelí, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según el informe de la OEA.
En el 2011 al cumplir el primero período del régimen Ortega, después que regresa al poder, decidió limitar la observación electoral a “acompañamiento electoral”. La misión de la OEA es integrada por 65 miembros de 18 países.
En su informe la delegación de la Unión Europea refirió que el reglamento del “acompañamiento electoral”, incluía “condiciones incompatibles con la metodología de observación electoral de ese organismo y con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones”. La delegación de la UE era integrada por 36 observadores.
En el 2016, se elimina la acreditación para las organizaciones nacionales como Ética y Transparencia, el Ipade y Hagamos Democracia.
El “acompañamiento” para las delegaciones internacionales estaba sujetos a amenaza de expulsión si opinaban sobre el proceso electoral.
En el actual proceso electoral 2021 solo se ha girado invitación a “acompañantes electorales”, nacionales y extranjeros afines a Ortega, que controla totalmente el proceso que le permitiría su cuarta reelección consecutiva, desde que regresó al poder en las elecciones del 2006.
