Bajo la excusa de garantizar la seguridad ciudadana, una semana antes que fuera sancionada por Estados Unidos, la Policía sandinista, leal al régimen de Daniel Ortega, empezó a promover un incremento del número de policías en las calles de Nicaragua para la ejecución de los planes de patrullaje. Sin embargo, la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, explica que dichos planes, en el contexto actual, solo significan nuevas modalidades en la política de represión que el Gobierno instaló desde 2018.

La política a la que se refiere Cuadra tiene como principal objetivo mantener el “estado de excepción de facto, así como sofocar las protestas ciudadanas”. Después que la población se ha quejado en redes sociales por ser víctimas de robos en vías públicas y por sufrir abusos en taxis, la Policía salió en medios oficialistas con la bandera de la defensa de la seguridad ciudadana, y dijo que reforzaría su presencia y vigilancia en paradas de buses, centros comerciales y zonas para hacer ejercicio físico.

Excusa de seguridad

El comisionado general Fernando Borge, quien se ha visto a cargo de cuadros policiales en acciones represivas contra los opositores, dijo a medios oficialistas en febrero que este reforzamiento de planes cuenta con “el respaldo, el reconocimiento y la participación activa de la comunidad, de la población”.

La especialista Cuadra explica que la relación policía-comunidad que la institución había cultivado con anterioridad y que fue efectiva para la prevención de la delincuencia y criminalidad, se desvirtuó totalmente con la imposición de los Consejo del Poder Ciudadano (CPC), pero especialmente desde abril de 2018- tras el inicio de las protestas cívicas que fueron reprimidas- cuando estas estructuras se convirtieron en grupos de personas delatoras de los activistas y líderes del movimiento cívico para su apresamiento y represión.

En medio de su mensaje, Borge especificó que a la calle sale el personal tanto uniformado como sin uniforme. Al asegurar que más policías estarán afuera, encubiertos con ropa de civil, lo que está reconociendo Borge es que están reforzando el sistema de vigilancia y control sobre la ciudadanía, no necesariamente que están haciendo trabajo de prevención del delito y la delincuencia, expresó Cuadra.

Una Policía represiva

De hecho, el Departamento del Tesoro aseguró que la Policía es una herramienta de represión violenta, y además, la responsabilizó de utilizar munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, y cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros.

En los actos de represión e intimidación registrados el martes 25 de febrero, especialmente contra periodistas independientes, se logra constatar la articulación de parapoliciales con la institución del orden público. Estos fanáticos del orteguismo se caracterizan por andar en motocicletas, y cubrir su identidad con cascos, mientras agreden, amenazan y filman a la población. No se sabe si entre estas filas, en realidad, había policías de civil como han denunciado varios ciudadanos.

El despliegue de fuerzas, de caravanas de patrullas, de agentes policiales con armaduras de protección, de agentes de tránsito que se multiplican en cada esquina de Managua intenta dibujar una falsa seguridad. De hecho, el discurso del país más seguro de Centroamérica sigue siendo el emblema del régimen, pero especialistas en el tema han rechazado la aseveración. Por su parte, la población la ha señalado de interesarse en aplastar el levantamiento cívico, pero no en perseguir las actividades delictivas y se quejan de la alta presencia de policías en las calles de Nicaragua, pero en su nula actuación mas allá de reprimir.

mujeres periodistas Nicaragua

Para Cuadra “las misiones y actividades rutinarias de la policía relacionadas con la prevención del delito y la seguridad, están relegadas a segundo plano. De manera que toda la presencia policial que observamos ahora está dirigida más al objetivo político”, explicó.

De acuerdo con el Anuario de la Policía, en el 2018 aumentaron los casos de robos con intimidación por cada cien mil habitantes. En el 2017 se registraron 48 robos con intimidación por cada cien mil habitantes, y en el año del estallido social fueron 62. Actualmente, diversos analistas coinciden que la percepción de la inseguridad es un tema que preocupa a la población, que en la mayoría de los casos, no cuenta con la confianza para recurrir a la Policía y denunciar que ha sido víctima de un delito.

A estos datos, que también son cuestionables por la partidarización de la Policía se suman los subregistros de cientos de personas que utilizan las redes sociales como un medio para denunciar su agresión. Uno de ellos fue un joven de 29 años, que solicitó omitir su identidad por temor. En abril de 2019 esperaba el cambio del semáforo a escasas dos cuadras donde permanecen patrullas policiales, cuando un grupo de jóvenes lo rodeó, le abrieron la puerta del vehículo para robarle su teléfono, este forcejeó y resultó con una cortadura en su mano y otra en su brazo izquierdo.

Él prefirió no interponer denuncia porque “nunca hacen nada y es pérdida de tiempo”, comentó. Las cifras de la Policía muestran que en el 2018 se produjeron 139 casos de robos en todas sus modalidades por cada cien mil habitantes, solo nueve casos menos, que los 148 registrados en 2017.

Tomada de La Prensa

Estas estadísticas no incluyen los cientos de abusos invisibilizados por parte de la Policía que arremetió contra opositores para desmantelar el estallido social de abril. De acuerdo con las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se debe investigar la responsabilidad de la cúpula policial por crímenes de lesa humanidad. Mientras los ciudadanos pueden observar el incremento de policías en las calles de Nicaragua, en carreteras, edificios y centros comerciales.

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