El Foro de Prensa Independiente alertó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo el falso pretexto de “descontaminar” la comunicación persigue «censurar toda forma de información en Nicaragua».

El pasado 28 de septiembre, el régimen envió a la Asamblea Nacional la Ley Especial de Ciberdelitos, bautizada como «Ley Mordaza», que a juicio del Foro de Prensa Independiente de Nicaragua, amenazan a los periodistas, pero también “la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país”.

“Esta ley apunta a controlar y censurar la información en Internet, el único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar”, señala un comunicado emitido este jueves en cadena en redes sociales donde participaron unos 20 medios independientes, surgidos a raíz de la crisis de 2018, titulado: «NO a la Ley Mordaza».

Y agrega que “toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior”.

El Foro de Prensa Independiente está integrado por propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, editores, columnistas, camarógrafos, caricaturistas y blogueros.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Internacional Nicaragua, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), también forman parte de este Foro.

Rechazan artículo 25

En particular, los miembros del Foro rechazaron el artículo 25 de la iniciativa presentada por la bancada sandinista, que ordena castigar con prisión de cinco a ocho años de cárcel a quien «revele información pública clasificada como reservada» y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”.

“Con esta ley punitiva se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el artículo 66 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio” apuntaron.

Además, creen que lo establecido en el artículo 30 del anteproyecto, que sugiere cárcel de dos a cuatro años a quien «usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población» viola el derecho de los hombres y mujeres de prensa.

“Este artículo deja a discreción de los operadores políticos del régimen determinar qué es una “noticia falsa”, señalaron.

El artículo en cuestión atenta contra el derecho que tienen los nicaragüenses a “expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio», según lo establece el artículo 30 de la Constitución.

Por otro lado, deja a criterio de los operadores del régimen la definición de conceptos como “alarma”, “terror” y “zozobra”, con el objetivo de criminalizar, atemorizar y censurar a los nicaragüenses.

La “Ley Mordaza” o de Ciberdelitos se suma en un peligroso combo a las recientes propuestas de Ley de Agentes Extranjeros y de instauración de la cadena perpetua, considerados “adefesios jurídicos” copiados de Rusia, Cuba y Venezuela, para criminalizar la libre expresión de los nicaragüenses.

En Nicaragua, el “discurso de odio de Ortega y Murillo es el principal instigador de la violencia criminal y la desinformación”, apuntan.

Plantón en Costa Rica

De forma simultánea, un grupo de nicaragüenses acompañaron a los periodistas exiliados a realizar un plantón frente a la embajada de Nicaragua en ese país.

“Venimos a decirle a la embajada, que no tenemos miedo, no tenemos miedo y que rechazamos las leyes mordaza (…) El periodismo nicaragüense ratifica el compromiso con el pueblo de Nicaragua y el mundo”, dijo Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias.

Según Pineda el compromiso va más allá del ejercicio libre del periodismo, es un compromiso por las “libertades, los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”.

PEN Internacional se suma al rechazo

En esa misma línea, PEN Internacional rechazó el anteproyecto de ley y recordó que los gobiernos no deben recurrir a medidas que, «minen y restrinjan los derechos humanos”.

El organismo internacional señaló que este es un intento por “instrumentalizar la situación para sofocar voces disidentes y aplacar el periodismo independiente”.

“Tener una prensa libre, además, es clave para dar una respuesta efectiva a la crisis sanitaria, dado su rol indispensable en el acceso a la información y promoción de la transparencia”, recordó.

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La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.