Por todos los medios el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca evitar que la oposición realice la marcha del próximo 25 de febrero. Este lunes más de 20 casas de opositores en Managua, León, Ciudad Sandino, Tipitata y Masaya fueron cercadas por agentes de la Policía orteguista, negándoles cualquier salida aunque no portaban ninguna orden de captura o judicial.

Las casas donde hay mayor presencia policial, desde el pasado 22 de febrero, son las de Lolo Blandino y el comentarista Jaime Arellano, pues ambos iniciaron la convocatoria para marchar a la 1:00 de la tarde de este próximo 25 desde el hotel Holiday Inn hasta la Universidad Centroamericana (UCA).

Sin embargo, luego de anunciarse el apoyo a la convocatoria de otros sectores de oposición las propiedades donde habitan varios de ellos fueron bloqueadas por policías. La vivienda de Neyma Hernández, de Tipitapa y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB);  José Pallais, de León e integrante de la Alianza Cívica; María Eugenia Alonso, de León; del excarcelado político Bayron Estrada, de León; el excarcelado político Yader Parajón, de Managua; Fernando Brenes, de Masaya, y del expreso, Ricardo Baltodano, son algunas de las que mantienen presencia de agentes desde tempranas horas de este lunes.

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“Se ha recrudecido la represión, los hostigamientos a las casas de diferentes dirigentes, hemos visto un despliegue inusitado de la Policía”, denunció el miembro de la Alianza Cívica, José Pallais.

También hay presencia de patrullas policiales en las casas del exreo Allan Gómez, de Managua; de la activista y expresa, Ivania Álvarez, de Tipitapa; Reyna Rodríguez, de Ciudad Sandino y de Lludeli Aburto, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales.

A la vez, las casas de Sergio Midence, de León; Mirna Blandón, de Managua y miembro de la Unidad Nacional; el excarcelado político Juan Bautista, de Ticuantepe; Octavio Ortega, de Rivas e integrante del Movimiento Campesino y Luis Fernando Ortez, de Nueva Segovia, son asediadas.

SIN JUSTIFICACIÓN

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) visitó la casa de habitación del comentarista político, Jaime Arellano y constató que el frente de la propiedad estaba cercado.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, consultó a los oficiales sobre el por qué mantenían cercada la propiedad, además les solicitó la orden judicial o de detención, pero los oficiales guardaron silencio, mientras que uno se limitó a decir que preguntaran en relaciones públicas de la Policía.

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“Queda demostrado una vez más que esta Policía que se dice nacional es una Policía violadora de derechos humanos, una Policía abusiva y con ellos no tenemos ninguna garantía constitucional de que nos den seguridad… Se les está violentando el derecho a la movilización, están atentando contra el derecho a la vida. Se necesitan movilizar para trabajar y comprar comida. Lamentamos que esta Policía no esté al servicio del pueblo, sino al servicio de un Gobierno dictatorial”, declaró.

Los opositores han sentenciado que, aunque no se les permita salir a quienes convocaron, habrán varias manifestaciones a en diferentes puntos de la capital, pero que también intentarán realizar la marcha.

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