En Nicaragua persiste una práctica estatal permanente de “detenciones arbitrarias, criminalización con cargos desproporcionados sin garantías procesales para opositores”, advirtió este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó al régimen de Daniel Ortega a desarmar y desarticular las bandas paramilitares.

Este órgano denunció particularmente el caso del líder estudiantil, Kevin Solís, detenido el pasado seis de febrero en los alrededores de la Universidad Centroamericana (UCA) y el de la matagalpina, María Esperanza Sánchez, quien fue secuestrada el 26 de enero.

“La CIDH llama a Estado de Nicaragua a respetar la libertad personal, el debido proceso, especialmente garantizar la integridad, salud y vida de personas bajo custodia, y promover la pronta liberación de personas presas bajo cargos infundados en el contexto de la crisis de derechos humanos”, señaló este organismo.

Solís,  quien actualmente es sometido a torturas sicológicas según denunció su abogada, Aura Alarcón, fue acusado por el fanático orteguista, José Leonel Suazo que durante una protesta realizada el pasado 03 febrero por estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), les tomaba fotografías.

En días recientes, Azahalea Solís, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ) reveló que efectivamente el joven es su sobrino y que en la cárcel están amenazándolo con envenenarlo.

El excarcelado político y estudiante universitario durante las protestas de 2018 permaneció atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y permaneció en la Iglesia Divina Misericordia durante el ataque de fuerzas combinadas de la policía y paramilitares.

“Hay un patrón de comportamiento en el que están siendo afectados los jóvenes que ya fueron presos políticos anteriormente”, mencionó Solís.

AGRESIONES EN LA CÁRCEL

Por su parte, la abogada defensora de este joven denunció que Solís también ha sido agredido físicamente en tres ocasiones en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocido como “El Chipote”.

En el caso de María Esperanza Sánchez fue acusada por el delito es tráfico interno de estupefacientes y sustancias controladas. En días recientes, el abogado Julio Montenegro denunció que la matagalpina está siendo sometida a tratos crueles físicos y sicológicos.

La presa política, María Esperanza Sánchez. Foto tomada de Twitter.

OTRAS DENUNCIAS

La CIDH también denunció que tuvo conocimiento que desde diciembre de 2019 Mayela Cruz, una mujer trans detenida en el contexto de la crisis, permanece recluida en una cárcel de la ciudad de Somoto.

El organismo de derechos humanos también conoció que Cruz habría sufrido un preinfarto cardíaco debido a que le negaron la atención médica para tratar su “hipertensión crónica”.

El organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos a su vez tuvo acceso a una carta en la que los presos políticos anunciaron una “nueva huelga de hambre en el Sistema Penintenciario” como una medida para demandar la libertad de más de 65 presos y presas políticas de la dictadura.

Desde el pasado 18 de enero, un grupo de presos políticos, que permanecen en la galería 5 del penal, se encuentran en huelga de hambre.

“Todas estas prácticas muestran la persistencia de las detenciones y condiciones penitenciarias en Nicaragua contra líderes, lideresas y manifestantes antigubernamentales, que irrespetan los estándares interamericanos de derechos humanos”, puntualizó la CIDH.

PIDEN DESARTICULAR BANDAS PARAMILITARES

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó nuevamente este miércoles a las autoridades de Nicaragua a «desarticular y desarmar sin dilaciones a los elementos armados progubernamentales».

Adicionalmente esa oficina de derechos humanos pidió garantizar el «ejercicio pleno de los derechos políticos de toda la ciudadanía».

La Oacnudh hizo esos señalamientos tras conocer el lunes pasado que ocho miembros de la Alianza Cívica fueron objeto de actos intimidatorios con disparos cuando regresaban de la Libertad, Chontales.

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