Poder Judicial de Nicaragua hace uso discrecional de las leyes con los femicidas
Mientras que a ciertos femicidas el Poder Judicial les impone condenas altas, a otros femicidas les rebajan la condena por no ser tan "mediáticos".
Mientras que a ciertos femicidas el Poder Judicial les impone condenas altas, a otros femicidas les rebajan la condena por no ser tan "mediáticos".
El Poder Judicial de Nicaragua establece condenas a los femicidas de acuerdo a cuan mediáticos e indignantes sean los casos en los que estén involucrados, y no conforme a lo establecido en el Código Penal, lamenta la socióloga María Teresa Blandón.
En los casos que causan más rechazo en la población, los femicidas tienden a tener mayores condenas. “En un país donde el Poder Judicial está tan desacreditado por falta de independencia, hay una necesidad de utilizar estos casos para hacer creer a la ciudadanía que realmente están aplicando la justicia a las mujeres y niñas víctimas de esta violencia”, señala Blandón.
Pero al mismo tiempo que a esos femicidas les ponen condenas altas, a los casos de femicidas que no están en el ojo público, las condenas son rebajadas.
“Hay que evaluar qué tanto el Poder Judicial está actuando conforme a lo que dice el Código Penal. Porque no puede ser que la aplicación de penas tenga que ver con los casos que son más o menos famosos. Esto es contrario a la ley. La ley establece claramente cómo se tienen que tipificar los asesinatos atroces y dentro de estos los femicidios”, explica la socióloga.
Esto se refleja recientemente con los femicidas Alfredo Lara y Alison Salgado, quienes asesinaron a las hermanitas de 7 y 10 años en el barrio Ciudad Belén, Managua el pasado 2 de septiembre. La Fiscalía solicitó para ellos prisión perpetua y 100 años de cárcel el pasado 13 de diciembre.
Mientras que ese mismo día, René Maltez, quien asesinó a su pareja Cheyling Munguía en junio del año pasado, le rebajaron condena de 30 años a 25 años, luego que su abogada defensora apeló la sentencia condenatoria ante el Tribunal de Apelaciones.
La apelación fue justificada con «atenuantes a favor de su defendido», tales como declararse culpable en el juicio y no tener antecedentes penales; pese a que la Fiscalía había reconocido que el crimen «se cometió con saña y alevosía».
La condena de 30 años de Maltez tenía menos de un año de haber sido establecida, ya que fue impuesta el 12 de enero de este año. Actualmente Maltez realiza trabajo comunitario dentro del Sistema Penitenciario para tener a su favor la rebaja de su sentencia.
“Ahora mismo, el caso del muchacho que asesinó a una joven médica, lo llevaron a apelación y el Tribunal de Apelación le redujo la pena. Le redujeron la pena a un hombre que ni siquiera tiene dos años de cárcel, y ya le están dando el beneficio del trabajo comunitario. Ahí ves que no hay una aplicación auténtica del Código Penal para este tipo de delitos”, explica Blandón.
Blandón señala que el establecimiento de penas altas también son una forma de engañar a la población, ya que dentro de las liberaciones masivas de presos bajo el régimen de convivencia familiar, se encuentran femicidas que no han cumplido ni siquiera el 50 por ciento de sus condenas.
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Solo en 2020, la Red de Mujeres Contra la Violencia identificó a más cinco hombres femicidas, golpeadores y violadores con condenas de 15 y 20 años que fueron liberados sin cumplir la mitad de la condena. Organizaciones feministas señalan que la cifra en estos dos años ha aumentado.
Por otra parte, una cantidad importante de hombres que han cometido femicidio o intentos de femicidio no han sido capturados, y los casos quedan en la impunidad. Por lo que no se le garantiza justicia a las familias de las víctimas.
La rebaja de condenas; las liberaciones sin cumplimiento de las sentencias; y el establecimiento de penas sin conformidad a la ley, benefician a los agresores de mujeres y les violenta el derecho a la justicia a las familias de las víctimas, indica Blandón. Dado que la privación de la libertad de los femicidas es una forma de resarcimiento a las familias.
“Cuando un criminal comete un acto tan bárbaro, las familias y la propia comunidad reclama justicia, en el entendido de que esos crímenes no deben quedar en la impunidad, porque la impunidad favorece a los agresores. Si hay agresores que quedan impunes, habrá otros que dicen: “si puedo cometer este crimen y no voy a pagar por esto, por qué no?”. Y le dan rienda suelta a la violencia más primitiva y más bárbara”, expresa.
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“Encima del terrible duelo que supone que asesinen a tu hija, hermana o tu madre, (las familias) ven que el Estado les abandona y se pone del lado de los femicidas. Eso es muy duro. Incrementa el dolor y hace que se prolongue un asesinato atroz como los femicidios”, continúa.
La rebaja de condenas y la liberación de los femicidas también ponen en peligro a las propias familias y a las mujeres, ya que los expone a sufrir un nuevo ataque de estos agresores.