Pensiones alimenticias: madres que sostienen, padres que incumplen y una justicia que tarda  

Para una madre que reclama una pensión alimenticia, el “problema” no comienza cuando presenta la demanda. Muchas veces empieza antes, con la decisión misma de acudir a la justicia. Demandar al padre de sus hijos puede significar enfrentarse no solo a él, sino también a prejuicios sociales y familiares que todavía responsabilizan a las mujeres por haber “escogido mal”. Y cuando finalmente decide demandar, comienza otra batalla: esperar una audiencia, que no sea reprogramada, que haya una jueza disponible, que llegue la sentencia y, después, que el ‘padre irresponsable’ cumpla.

Marisela es abogada de familia y describe un sistema donde siempre los casos se estancan. “En Nicaragua, en estos últimos años hay muchos retrasos”, afirma. La abogada recuerda que ha tenido procesos que permanecieron hasta seis meses sin avanzar después de que una jueza “estuviera de subsidio por una cirugía” y no fuera sustituida. Mientras el proceso se alarga, la responsabilidad económica de criar a las hijas e hijos continúa recayendo principalmente sobre las madres.

Los alimentos es Otro derecho que el Estado de Nicaragua no garantiza a la niñez, según explica en este reportaje La Lupa Feminista: en Nicaragua, las mujeres luchan, incluso años, para obtener una sentencia de pensión alimenticia que asegure el derecho de las niñas, niños y adolescentes, mientras el sistema de justicia alarga los procesos, desgasta a las demandantes y no ejecutan ni las sentencias ni las órdenes de captura contra los padres irresponsables.

La demora judicial a favor de los irresponsables

Marisel explica que la demora judicial también puede ser utilizada por padres que incumplen sus obligaciones.

“Esto es aprovechado por los padres irresponsables para no cumplir con las pensiones”, sostiene. Pero además señala que las visitas pueden convertirse en otra vía de control sobre las mujeres cuando no existen límites claros o cuando el padre utiliza el contacto con sus hijas e hijos como una forma de “no dejar de asediar a las mujeres so pretexto que pueden llegar a ver a sus hijos a la casa de la madre”.

Según la abogada, algunos hombres aprovechan esas visitas para “controlarlas, vigilarlas y provocar violencia intrafamiliar que incide negativamente en los hijos”.

El retraso, por tanto, no es solamente un problema administrativo. Tiene una dimensión de género. Las mujeres suelen asumir la mayor parte del cuidado cotidiano y, cuando el padre no aporta, deben cubrir alimentación, educación, salud, vestuario y otros gastos mientras esperan que el sistema judicial resuelva. En algunos casos, además, la obligación alimentaria puede ser utilizada como un mecanismo de presión y violencia contra ellas.

“Me obligaba a tener sexo con él para pagar la pensión”, relata una madre que pidió mantener su identidad en reserva.

La dependencia económica y el incumplimiento de la pensión pueden desbordar el ámbito estrictamente judicial y convertirse en mecanismos de control sobre las mujeres, dice.

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Lenta respuesta en tribunales de familia 

Los datos oficiales muestran que los juzgados de familia han tenido dificultades para cumplir sus metas. En 2024 estaban programadas 15,736 sentencias y resoluciones de los juzgados de distrito de familia, pero se ejecutaron 9,005 equivalente al 57.2%. Para 2025 la meta fue de 12,929 y se reportaron 12,045 resoluciones, un cumplimiento del 93.2%.

La mejora en el porcentaje de cumplimiento no significa necesariamente que las madres hayan dejado de enfrentar retrasos. El indicador reúne todos los asuntos de familia y no permite saber cuántas de esas resoluciones corresponden a pensiones alimenticias ni cuánto tardó cada proceso.

A Marisela, hay otro punto que le preocupa: la respuesta en la Corte Suprema de Justicia.

Los informes oficiales tampoco permiten determinar cuántas casaciones corresponden específicamente a asuntos de familia. Sin embargo, muestran que en 2025 la Corte Suprema dictó 245 sentencias de casación de las 1,999 que había programado, un cumplimiento de apenas 12.3%. En 2024 había emitido 666 de las 2,251 previstas, equivalente al 29.6%.

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Para la abogada consultada, el problema es todavía más grave porque las salas correspondientes de la Corte Suprema no estarían funcionando con normalidad. “Los casos que han sido llevados en Casación a la Corte Suprema de Justicia duermen el sueño de los justos”, afirma. Según explica, los magistrados no han constituido las salas correspondientes y “en Familia menos”, por lo que las mujeres siguen esperando respuesta a sus recursos.

La existencia de juzgados especializados tampoco ha eliminado el problema. “Los Juzgados de Familia se organizaron para dar salida a lo que anteriormente era atendido por los jueces civiles y, sin embargo, la respuesta no es ágil de acuerdo con los términos que establece el Código de Familia”, señala.

La consecuencia es que el derecho a recibir alimentos puede quedar atrapado entre audiencias reprogramadas, cambios de jueces, recursos sin resolver y padres que encuentran maneras de evadir su responsabilidad.