Reveló que la lista original de personas presas políticas desterradas era de 228, pero cuatro no fueron aceptados por Estados Unidos y dos no aceptaron viajar, entre ellos el obispo Rolando Álvarez
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Después de desterrar a 222 personas presas políticas, despojarles de su nacionalidad y decretar que pierden sus derechos como ciudadanos de forma perpetua, el dictador Daniel Ortega intentó justificar la aberrante e inconstitucional decisión, aduciendo que esos ciudadanos son “mercenarios” y “terroristas” que participaron en “actos contra la soberanía y la paz” de Nicaragua, y que fueron expulsados para que no quedara “ningún rastro” de ellos en el país.
Ortega explicó que la idea de desterrar a los presos políticos surgió de su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien le planteó decirle al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, que tenía planificado un viaje a su país, que “se lleve a todos esos terroristas”.
“Rosario llamó al embajador y la respuesta del embajador fue que como iba para Estados Unidos iba a consultar a las autoridades superiores y las autoridades respondieron (…) y luego esto vino caminando esto con una velocidad vertiginosa”, afirmó el dictador en un discurso que ofreció la tarde de este 9 de febrero.
Agregó que, al ser consultados sobre “cuántos” reos políticos iban a liberar, dijeron que “a todos… porque no queremos que quede ningún rastro de los que son los mercenarios en nuestro país”.
El dictador Ortega reveló que la lista original incluía a 228 personas por desterrar de Nicaragua, pero, aseguró, acusando al Gobierno de Estados Unidos, que cuatro no fueron aceptados y los otros dos decidieron “no subir” al avión que envió la administración estadounidense para trasladarlos, este 9 de febrero, a Washington.
“En esta lista iban en total 228, esa es la lista que nosotros teníamos de toda está gente que había participado en actos en contra de la soberanía, la paz, de Nicaragua. Se les envió la lista y la primera respuesta, con esta lista original, que ellos no aceptan a cuatro prisioneros… dijeron que no podían, no nos dieron razones. Mal te paga quien te usó, quien decía que te quería, no los quisieron”, señaló Ortega.
Las personas que no fueron aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos, según el dictador, son: Eliseo de Jesús Castro Baltodano, Walter Antonio Ruíz Rivera, José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete. Todos reconocidos como presos políticos en la lista del Mecanismo para Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Ortega también detalló que las otras dos personas que no fueron desterradas y decidieron no subir al avión enviado por Estados Unidos fueron Fanor Alejandro Ramos y monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, este último solo solicitó reunirse con los obispos antes de ser desterrado, pero la respuesta del orteguismo fue negativa.
“Van subiendo las gradas del avión y hubo dos que se negaron a subir las gradas del avión, uno de ellos Fanor Alejandro Ramos (…) y el otro, vamos a hablar del personaje, Álvarez, cuando él está haciendo la fila, llega a las gradas del avión, ya para que pase, empieza a decir que él no se va, que no se va, que primero tendría que hablar, reunirse con los obispos, tener una reunión con los obispos, una cosa absurda si lo que hay una decisión del Estado que él no puede cuestionar”, apuntó Ortega.
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El dictador calificó a monseñor Álvarez de “soberbio” y “desquiciado”, asegurando que tras no subir y cuestionar la decisión del Estado fue enviado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
“Ahora que llegó a La Modelo, llegó que era un energúmeno, o sea, no tiene el coraje, no puede tener el coraje de cristo que aguantó los azotes y soportó la crucifixión, no acepta que lo metan en una celda donde hay centenares de presos… no es para morirse, pero como se le tenía en su casa, se le hacían comidas especiales todos los días, llegaban los médicos dos veces al día, las hermanas a cocinarle, en una mansión, no es que vivía en una casita para el pueblo, no es como la casita que vive el cardenal (Leopoldo Brenes), una casa humilde, no, es una mansión, y ahí viven todas las familias, cada una tiene su mansión, entonces, está irritado porque ahora sí está en la cárcel, entonces, este es el caso de este señor que sencillamente se negó a acatar, es la rabia de no acatar la decisión”, apuntó.
Ortega además resaltó que todas estas liberaciones no tenían como fin pedir que les quiten las sanciones, mismas que el Gobierno de Estados Unidos les ha impuesto por las graves violaciones a derechos humanos que han cometido, sino por “un asunto de dignidad, de patriotismo, y de que se lleven a sus mercenarios”.
“Cuando llegaron a preguntar qué interés teníamos nosotros, les dijimos que ninguno, ninguno, solo que se los lleven, o sea, no se trataba de negociar, aquí no ha habido ninguna negociación, porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia”, añadió.
También, aseguró que en el país ya solo quedan personas encarceladas por delitos comunes, mencionando que los sacerdotes José Leonardo Urbina, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de Boaco, acusado de la violación a una menor de 13 años y condenado a 30 años prisión; y el sacerdote de Nandaime, Manuel Salvador García, acusado por supuestas lesiones y violencia física y psicológica y condenado a dos años de cárcel.
“Esos dos están por delitos comunes y el obispo por terrorista, de esa manera queremos aclarar bien cómo acontecieron estos hechos, que llevaron a poner pues en los Estados Unidos a 222 de los que llamaban presos políticos, ya están allá, ya los recibieron en el aeropuerto, que el pueblo nicaragüense esté convencido que todo lo que hacemos es para asegurar la paz, y de parte del Gobierno de los Estados Unidos, como les decía, no hemos pedido absolutamente nada, nada, este no es un trueque, no es un te doy esto y me das aquello, es de principio, de dignidad, y que lo que hace es confirmar que están retornando a un país que es el que los ha utilizado, sus gobernantes no el pueblo, los han utilizado para sembrar terror, muerte, aquí en Nicaragua”, culminó.
El Mecanismo para Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó -tras revisar la lista de 222 desterrados- que en el país todavía hay 38 personas encarceladas por motivos políticos, incluyendo los seis que no subieron al avión y una sola mujer, Martha Candelaria Rivas Hernández, detenida desde junio de 2022 y condenada por «falso testimonio» tras negarse a acusar al sacerdote católico Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime, de golpearla intencionalmente.
