Organización feminista denuncia uso de sede confiscada como “obra pública” en Condega


La Asociación Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) denunció el uso “ilegítimo” de su antigua sede, confiscada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y convertida en un recinto universitario inaugurado en marzo de 2026 en el municipio de Condega, Estelí.
El 14 de marzo de 2026, sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, inauguró en su lugar el Recinto Universitario “Esperanza Flores Cruz”, que costó 25 millones de córdobas y servirá como un espacio académico para atender a jóvenes y adultos del Programa Universidad en el Campo (Unicam).
Según la dictadura, se trata de un “avance” que se enmarca en su “Estrategia Nacional de Educación Bendiciones y Victorias”, y atenderá a 400 estudiantes de 13 carreras.
La AMCC, sin embargo, denunció que el inmueble en Condega fue ocupado de forma arbitraria en julio de 2023, tras la cancelación de su personería jurídica en 2022.

“Podrán cambiar el nombre, pintar la fachada o colocar nuevos rótulos, pero la memoria de los pueblos no se confisca. Los tiempos de las dictaduras no son eternos. Nicaragua volverá a ser libre, y quienes hemos sido despojadas volveremos a reconstruir lo que nació del esfuerzo colectivo”, señaló la Asociación Mujeres Constructoras de Condega (AMCC).
Durante más de tres décadas, la AMCC funcionó como centro de formación técnica, organización comunitaria y acompañamiento para mujeres y jóvenes, especialmente de zonas rurales.
En un pronunciamiento público, la Asociación de Mujeres sostuvo que la inauguración del recinto “no constituye un avance educativo, sino un intento de normalizar el despojo y borrar la memoria de procesos colectivos construidos por mujeres durante décadas”.
El centro fue fundado en 1993 con apoyo de “redes solidarias internacionales” y se consolidó como un espacio clave para el acceso a oportunidades educativas y el fortalecimiento del liderazgo comunitario femenino.
Su cierre implicó, según la organización, la ruptura de redes de apoyo y la pérdida de un espacio seguro para mujeres en contextos de vulnerabilidad.
A través de su Escuela de Formación Técnica de Mujeres y el Centro Juvenil Tecnológico y Ecológico, ofrecieron cursos en construcción, carpintería, electricidad, energía solar y otros oficios. Estos cursos ofrecían “una reflexión crítica sobre la violencia de género, la maternidad impuesta y la heterosexualidad obligatoria”, denunció también la organización de derechos humanos, Front Line Defenders.
“La organización ha impulsado espacios juveniles feministas que han permitido a muchas jóvenes de zonas rurales fortalecer su autonomía, denunciar violencias y participar activamente en sus comunidades”, señaló Front Line Defenders.
En el norte del país, donde funcionaba el histórico Club Social de Jinotega, el régimen de Ortega y Murillo también inauguró el 9 de abril de 2026 Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
El inmueble fue confiscado por la dictadura en enero de 2025 tras la cancelación de su personería jurídica. El inmueble, que durante décadas fue un punto de encuentro comunitario, fue transformado en una obra pública sin reconocimiento a su uso previo ni a quienes lo gestionaban.
Ambos casos reflejan una práctica en la que propiedades ocupadas pasan a formar parte de proyectos estatales, principalmente en el ámbito educativo.
Desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 5600 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas vinculadas a trabajo comunitario, derechos humanos y desarrollo local.
