Mujeres Constructoras de Condega denuncian uso de sede confiscada como “obra pública”
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La Asociación Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) denunció el uso “ilegítimo” de su antigua sede, confiscada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y convertida en un recinto universitario inaugurado el mes pasado en el municipio de Condega, Estelí.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aperturó, en ese lugar, el Recinto Universitario “Esperanza Flores Cruz”, una obra que aducen costó 25 millones de córdobas y que funcionará como espacio académico para jóvenes y personas adultas del Programa Universidad en el Campo (Unicam).
Según el régimen, se trata de un “avance” enmarcado en su “Estrategia Nacional de Educación, Bendiciones y Victorias”, con capacidad para atender a 400 estudiantes en 13 carreras.
La AMCC denunció que el inmueble fue ocupado de forma arbitraria en julio de 2023, luego de la cancelación de su personería jurídica en 2022. En ese sentido, la organización reiteró que el uso actual del espacio responde al despojo del que fue objeto.
“Podrán cambiar el nombre, pintar la fachada o colocar nuevos rótulos, pero la memoria de los pueblos no se confisca. Los tiempos de las dictaduras no son eternos. Nicaragua volverá a ser libre, y quienes hemos sido despojadas volveremos a reconstruir lo que nació del esfuerzo colectivo”, señaló la AMCC en un comunicado.
Tres décadas de trabajo con las mujeres de Condega
Durante más de tres décadas, la AMCC funcionó como un centro de formación técnica, organización comunitaria y acompañamiento para mujeres y jóvenes, especialmente de zonas rurales.
En un pronunciamiento público, la organización sostuvo que la inauguración del recinto “no constituye un avance educativo, sino un intento de normalizar el despojo y borrar la memoria de procesos colectivos construidos por mujeres durante décadas”.
El centro fue fundado en 1993 con apoyo de “redes solidarias internacionales” y se consolidó como un espacio clave para el acceso a oportunidades educativas y el fortalecimiento del liderazgo comunitario de las mujeres.
Su cierre implicó, según la organización, la ruptura de redes de apoyo y la pérdida de un espacio seguro para mujeres en contextos de vulnerabilidad.
A través de su Escuela de Formación Técnica de Mujeres y del Centro Juvenil Tecnológico y Ecológico, ofrecía cursos en construcción, carpintería, electricidad, energía solar y otros oficios.
Estas formaciones también promovían “una reflexión crítica sobre la violencia de género, la maternidad impuesta y la heterosexualidad obligatoria”, según documentó la organización de derechos humanos Front Line Defenders.
“La organización ha impulsado espacios juveniles feministas que han permitido a muchas jóvenes de zonas rurales fortalecer su autonomía, denunciar violencias y participar activamente en sus comunidades”, señaló Front Line Defenders que también denunció la confiscación.
Confiscaciones convertidas en “obras” del régimen
Otro caso reciente se ha registrado en el norte del país, donde operaba el histórico Club Social de Jinotega, el régimen de Ortega y Murillo inauguró el pasado 9 de abril de 2026 el Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
El inmueble había sido confiscado en enero de 2025 tras la cancelación de su personería jurídica. Durante décadas fue un punto de encuentro comunitario, pero fue transformado en una obra pública sin reconocimiento a su uso previo ni a quienes lo gestionaban.
Ambos casos evidencian una práctica en la que propiedades ocupadas pasan a formar parte de proyectos estatales, principalmente en el ámbito educativo.
Desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas vinculadas al trabajo comunitario, los derechos humanos y el desarrollo local.
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