Durante diez meses, Karla, una ciudadana activista de los Miércoles de Protestas, viajaba hasta Managua desde la Isla de Ometepe durante más de tres horas, dispuesta a expresar su inconformidad contra el tercer mandato consecutivo que Daniel Ortega y Rosario Murillo, planificaban en 2015.

Contabiliza alrededor de 75 protestas organizadas y efectuadas previo a las elecciones presidenciales de 2016, y «hubieran sido más» de no ser por la fuerte represión policial, y por la violencia de los grupos de choque a las que fueron sometidas las personas que se manifestaron.

Gas lacrimógeno, gas pimienta, piedras, huevos, patadas, golpes con los “amansabolos” e incluso disparos con armas de fuego fueron algunas de las herramientas que utilizaban los antimotines y personas fanáticas del FSLN para imposibilitar el derecho a la manifestación pacífica.

Cada miércoles era más difícil protestar para Karla, no solo por las agresiones que sufría junto a su grupo cuando lo intentaban sino porque comenzó a ser perseguida por simpatizantes de los Ortega-Murillo cuando regresaba a Ometepe.

Karla recuerda el temor que sentía cada vez que iba a un miércoles de protesta. Varios de sus compañeros ya habían sido atacados salvajemente por los fanáticos, así que ella temía por su seguridad.

“Una vez que íbamos en un bus en Rivas tuvimos que desviarnos. Nos metieron a Managua y tuvimos que salir por el Crucero para perderlos. Pero siempre uno de nuestros grandes miedos es que al salir de Managua nos estuvieran esperando en Ochomogo, porque sí o sí siempre teníamos que pasar por ahí”, relata.

Su grupo tenía que ingeniárselas todas las semanas para regresar a salvo a sus casas o para volver el siguiente miércoles a las protestas, ya que la Policía y los simpatizantes conocían sus rutas y les impedían el paso con retenes, a pesar que la Constitución Política establece en el artículo 53 el derecho de la reunión pacífica.

El régimen ha impedido las manifestaciones desde 2007 cuando Daniel Ortega volvió al poder. Foto: Cortesía

Lo que comenzó como una demanda colectiva para exigir elecciones transparentes, cedulación y reformas a la Ley Electoral, entre 2015 y 2016, durante los miércoles de protestas, terminó con decenas de personas heridas, violencia policial y hostigamiento contra quienes participaban en la manifestación pacífica.

El derecho a la manifestación y la libertad de expresión son derechos que siempre han sido violentados por todos los gobiernos, pero a partir de la toma del poder de Daniel Ortega en 2007, estos derechos no solo se han deteriorado, sino que se han destruido completamente, indica Vilma Nuñez, abogada y fundadora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos.

“Puedo asegurar que en ninguno de los informes que elaboramos (en el CENIDH) cada año, durante 30 años, no reflejara en sus páginas algún evento de represión a las manifestaciones”.

Vilma Núñez

Pero nunca había existido una prohibición explícita de un Gobierno frente al ejercicio de un derecho sino hasta 2018 cuando Daniel Ortega mediante la Policía orteguista declaró ‘ilegales’ las protestas en Nicaragua, y amenazó con cárcel para aquellas personas que las organicen y participen.

UN PAÍS SIN LIBERTAD DE PROTESTA

Mediante informes anuales sobre el ejercicio de los derechos humanos en Nicaragua, La Lupa realizó una investigación documental en torno a los derechos civiles y políticos que han sido violentados durante los últimos 14 años (2007 – 2021) a manos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Se analizaron informes anuales y especiales de organismos de derechos humanos como el CENIDH, Amnistía Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Humans Rights, Front Line Defenders, Reporteros Sin Fronteras, entre otros, logrando documentar la degradación – gradual y estrátegica – del ejercicio a la manifestación pacífica mediante la utilización de grupos ciudadanos afines y contratados por el régimen, así como múltiples tácticas bajo las órdenes de instituciones del Estado.

La documentación indica que la represión gubernamental comenzó con la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), quienes utilizaron a la ciudadanía afín al partido de gobierno para que en movilizaciones partidarias, junto a la Policía, agredieran a ciudadanos opositores.

La Policía a su vez tenía otro grupo denominado, Policía Voluntaria creados en el seno del Mercado Oriental para resguardar la seguridad del mayor centro de compras de Nicaragua; que eran resguardados por los miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), identificados como ‘antimotines’.

También se comenzó a instrumentalizar a jóvenes que estaban desempleados y habían sido parte de grupos juveniles que durante los gobiernos de derecha trabajaron de cerca con la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJ) a cargo del comisionado en retiro, Hamín Gurdián, que fueron parte de los grupos de choque, liderados por la Juventud Sandinista, utilizando los recursos de las Alcaldías.

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“Los jóvenes fueron agrupados en los barrios y luego trasladados hasta un sitio indeterminado donde les entregaron pasamontañas, pistolas, palos, morteros y flamantes machetes. Recibieron almuerzo, transporte y de 100 a 600 córdobas”, escribió José Luis Rocha en la Revista Envío, refiriéndose a una serie de testimonios que relatan las agresiones ocurridas en las elecciones municipales de 2008.

El Gobierno no solo respondió con violencia contra quienes protestaban sino también que intentó ocupar los espacios donde normalmente ocurrían las manifestaciones, como ocurrió con el grupo de “los rezadores”, personas que eran pagadas por tomarse las rotondas y ocupaban toldos de las Alcaldías. Sin embargo, este grupo solo se mantuvo entre agosto de 2008 y mayo de 2009, a diferencia de los demás que persisten en el tiempo. 

Pistolero que disparó contra manifestantes en las cercanías de Metrocentro, en Managua en 2008. Foto: Confidencial.

CONTEXTO ELECTORAL: EL MÁS PELIGROSO

Otra característica de estos grupos fue su aversión hacia el gremio de periodistas, quienes documentaron las agresiones. Para José, un fotoperiodista que tiene más de 37 años en el campo, el Gobierno “activó el paramilitarismo”, “sacó los colmillos” contra la prensa desde el inicio, y que antes al menos el Estado tenía una “vergüenza profesional”.

“Ellos hicieron su ensayo de terror y de muerte al robarse las elecciones en 2008. Fueron días de caos porque ahí hicieron a un lado la Policía y entraron sus fuerzas de choque con la Juventud Sandinista y los motorizados. Activaron el paramilitarismo contra los periodistas. Fue recio y horrible”, relata José, cuya vida corrió peligro en diversas ocasiones por intentar realizar su labor, ya que los grupos represores siempre estaban armados.

A tan solo un año de que el FSLN había tomado el poder, en 2008 el CENIDH recibió 265 denuncias contra la Policía por agresiones físicas, detenciones ilegales, tortura y malos tratos, de las cuales muchos de esos casos se dieron en el contexto electoral y durante las manifestaciones pacíficas, pero sin especificar cuántos.

Desde entonces, los informes describen que el Gobierno utilizó ese mecanismo de fuerzas combinadas contra cada movilización social. En ocasiones, los grupos de choque realizaban los disturbios mientras la Policía servia de testigo sin intervenir, y en otras la Policía era participe de forma activa deteniendo arbitrariamente a las personas manifestantes, o haciendo uso de la violencia con balas de goma, gases lacrimógenos y demás instrumentos.

Turbas de camisas azules agreden al periodista Emiliano Chamorro. Foto: Cortesía

En 2011 mediante una manipulación del artículo 54 del Capítulo II de los Derechos Políticos que se lee “se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, el régimen intentó criminalizar la protesta y justificar legalmente las agresiones.

Según Ñúñez la Policía “se agarraba de esa colita” para dar apariencia de legalidad al establecimiento de prohibiciones de un derecho. Así que exigían que quien quisiera protestar debía pedir permiso o pagar una fianza. El Movimiento Autónomo de Mujeres, el Movimiento Campesino e incluso el propio CENIDH tuvieron que ajustarse muchas veces a esa medida.

“En ese contexto se dieron muchísimas violaciones antes del 18 de abril. Por ejemplo, la Policía negaba los permisos para las marchas y cuando los diferentes sectores sociales aun así las realizaban, llegaban las fuerzas de represión. Al movimiento de mujeres muchísimas veces nos negaron los permisos, y como siempre marchamos, teníamos que enfrentarnos cara a cara a la Policía”, recuerda la defensora.

A partir del 2013 la represión de la Policía no solo causaba personas heridas sino también muertas. El CENIDH reportó una víctima mortal y un niño herido de bala en la cabeza en Chichigalpa, cuando la institución policial llegó con antimotines a agredir a trabajadores y trabajadoras del Ingenio San Antonio que protestaban por violaciones a sus derechos laborales. Aunque el caso se llevó a juicio no se hizo pública su resolución.

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La impunidad de las agresiones era un patrón común cada vez que atacaban a la gente, lo que se reflejó en #OCUPAINSS, otra protesta realizada en 2013, protagonizada por personas de la tercera edad y jóvenes que apoyaban a la causa cuando el gobierno dejó de pagar la pensión reducida de vejez.

Una madruga de junio de 2013, la protesta fue asaltada por los grupos de choque amparados en la impunidad que les ofreció la Policía dejando como resultado a varias personas lesionadas, robos, torturas y secuestros, un hecho frente al que “el Ministerio Público se limitó a tomar la denuncia y orientar la realización de los actos de investigación al Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional, quien nunca concluyó el proceso investigativo”, estableció el CENIDH en su informe Impunidad de las Violaciones a los Derechos Civiles y Políticos en Nicaragua en el Contexto del Debilitamiento Institucional.

SECTORES POPULARES REPRIMIDOS

Miriam, originaria de Occidente e integrante de un movimiento campesino de mujeres, relata que las movilizaciones feministas eran unos de los principales blanco de ataques, especialmente a partir del 2010 cuando las manifestaciones comenzaron a ser masivas, ya que mujeres de todo el país viajaban a Managua a protestar en fechas conmemorativas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre.

Inicialmente comenzó con intentos de intimidación, donde la Policía y paramilitares hacían acto de presencia, y luego les restringían su libertad de movilización como una forma de impedir continuar con las rutas originales que tenían planeadas marchar hasta Managua.

En el 2015, la obstaculización se incrementó, pues impedían que las mujeres de otros departamentos llegaran a la capital, bajándolas de sus vehículos sin justificación alguna, al igual que ocurría cuando Karla quería participar en los miércoles de protesta.

“En los casos de las mujeres de nuestra organización iban en buses normales, sin banderas ni nada para poder llegar a Managua. Las nuestras venían en pequeños vehículos sin mayor señalización y hasta que llegábamos a la capital desplegábamos la manta. Pero había organizaciones más grandes que movilizaban un mayor número de mujeres, que viajaban en buses grandes y no las dejaban pasar”, expone.

El uso de retenes policiales en los departamentos era bastante común y generalizado no solo con las feministas, sino también con las personas campesinas, quienes convocaron marchas nacionales.

Las mujeres eran detenidas por policías cuando intentaban sumarse a marchas. Foto: Cortesía

Para ese entonces, el Gobierno de Daniel Ortega ya había cooptado a la Policía Nacional en su totalidad con la creación de la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, Ley 872, aprobada en 2014.

En los cambios se encontraban la eliminación del Ministerio de Gobernación como entidad de supervisión; control intermediado entre el presidente y la jefatura de la institución policial; la posibilidad que el director o directora permanezca en el cargo si así lo dispone el presidente;  y la apertura de incorporar en cargos civiles a policías en retiro o en servicio activo si el presidente lo considera conveniente.

LAS CASI CIEN MARCHAS ANTICANAL

La voluntad de la Policía se volvió la voluntad del presidente y se reflejó con la crudeza en que fueron disueltas las manifestaciones de los movimientos sociales. Karla, además de ser reprimida cuando protestaba en las movilizaciones feministas y en los miércoles de protesta, tuvo que enfrentarse a otra nueva ola de violencia cuando protestó contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico.

La Isla de Ometepe iba a desaparecer si el proyecto se concretaba, así que se realizaron casi 100 marchas a nivel departamental y nacional, pero en 2016, cuando las protestas estaban en su cúspide, la marcha 48 acabó con 5 personas campesinas heridas y 18 personas desaparecidas. La militarización en las zonas de ruta del canal y una criminalización de las personas que lideraban las marchas se instauraron.

Cuando Karla y su comunidad protestaban aparecían “pintas” en las casas de quienes se manifestaban. Amenazas de muerte, insultos y calaveras eran algunos de los grafitis.

“Se eleva la emoción del miedo y de la tristeza. Fue un momento de insomnio, estrés y nerviosismo horrible. Nosotras las defensoras hemos tenido que vivir estas situaciones, así que trabajamos el autocuidado. Estar acuerpadas es de mucho valor para nosotras. El insomnio era producto de persecución y de todo el entorno”, describe.

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A pesar de eso, las marchas continuaron. Lucía, periodista que ha documentado las múltiples manifestaciones desde hace 13 años, la primera vez que sintió miedo al cubrir una protesta fue en 2017, la última marcha nacional del Movimiento Campesino.

“Una vez vinieron miles de campesinos e inundaron Managua. Ahí se vio que no iba a ser fácil enfrentarse al gobierno. La contención fue en Bello Horizonte. Estaban unos motorizados armados. Nunca habían visto esa organización. No dejaron pasar a los campesinos. Todo el sector de la Asamblea también estaba militarizado por civiles armados y en vehículos”, describe.

LA REBELIÓN DE ABRIL ESTABA ANUNCIADA

Algunas activistas presentían la explosión social de abril de 2018. Maricela, originaria de Managua e integrante del Movimiento de Mujeres, cuenta que la última vez que pudieron manifestarse a nacional fue el 8 de marzo de 2017, cuando mujeres antimotines las agredieron “como quien dice entre mujer y mujer agárrense”.

“A ningún gobierno le gusta la protesta pacífica, a ningún gobierno bien enraizado le gusta que la gente se movilice, que la gente defienda sus derechos, puesto que están mostrando todo lo que están haciendo mal, expresa la feminista.

La Policía ha agredido a periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos. Foto: Cortesía

Según ella, el Gobierno les estaba dando un mensaje claro de qué podía suceder si volvían a intentar manifestarse, así que al año siguiente decidieron no convocar una marcha nacional y que cada organización la hiciera en sus departamentos, pues sabían la percepción del riesgo que implicaba.

La hostilidad gubernamental era más palpable a medida que pasaban los años, pero en 2018 se inició un nuevo capítulo en la historia de Nicaragua: protestar se volvió letal. Las acciones de la Policía, el Ejército, los paramilitares y demás grupos de choque hicieron que Nicaragua se volviera el foco por acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra la dictadura de Daniel Ortega.

Las protestas iniciadas en demanda de repuestas ante el incendio de Indio Maíz y la oposición a las reformas del INSS que fueron brutalmente reprimidas, terminaron con 328 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones; 1,614 personas detenidas arbitrariamente de las cuales la mayoría fue objeto de torturas físicas, psicológicas y sexuales según la CIDH, y el exilio de más de 100 mil nicaragüenses.

Las detenciones arbitrarias del régimen han aumentado desde las protestas de 2018. Foto: Confidencial

Sin embargo, la sepultura al derecho a la manifestación pacífica se registra en la historia cercana de Nicaragua, el 28 de septiembre de ese año, cuando la Policía Nacional emitió un comunicado ilegalizando las protestas que no fueran solicitadas con anticipación. Solo cinco días antes fue asesinado, Matt Romero un adolescente de 16 años que estaba en cuarto año de secundaria, y que participaba en las protestas en las calles de Managua.

Para Vilma Núñez es la «expresión de la brutalidad de la represión en la historia de Nicaragua», y de esa forma se convirtió en el país sin derecho a la manifestación, que de alguna manera u otra, se lograron expresiones de protestas en ocasiones posteriores, todas en la clandestinidad y todas con la cárcel como consecuencia.

CPJ: «Nicaragua no es un espacio seguro para periodistas»

La organización que trabaja con periodistas en riesgo en América Latina esta siguiendo de cerca la situación de violencia que enfrentan las y los comunicadores de Nicaragua en un contexto de represión.
Foto: Confidencial

Las y los periodistas que han contado la historia en los últimos 14 años en Nicaragua, no solo han sido testigos de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la ciudadanía sino también han sido víctimas de agresiones, cierres de espacios, censura, campañas de desprestigio, y una reducción cada vez mayor del derecho a la libertad de expresión y de prensa.

La Lupa habló con Natalie Southwick, directora del programa para América Latina y el Caribe del Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), sobre este deterioro del Estado de Derecho y el contexto actual de persecución, muerte y exilio del periodismo nacional frente a unas votaciones calificadas por organismos nacionales e internacionales como ‘ilegítimas’.

¿Cuál es la radiografía que han hecho sobre la situación del ejercicio periodístico en Nicaragua?

La verdad en lugar de hablar de hablar de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua sería más adecuado hablar de la falta de libertad de expresión y de la prensa en Nicaragua. Es un espacio que sigue cerrando desde antes de 2018, pero que en los últimos 3 años más o menos hemos visto como este espacio para un ambiente, una comunidad de medios críticos, independientes se va cerrar cada vez más. Este año ha sido súper difícil para periodistas y medios en Nicaragua por varios patrones de hostigamiento, persecución, censura con la vista hacia las elecciones previstas en unas semanas.

¿Consideran que a lo largo de 2021 es donde más se ha  aumentado el cierre de espacios?

Yo creo que en este año han implementado más herramientas para seguir cerrando ese espacio que los patrones que vivimos en 2018.Por ejemplo en el contexto de las manifestaciones, más como  hostigamiento directos, casos de periodistas detenidos durante las manifestaciones , en la cobertura,  caso de acosos más directo. Pero desde finales del año pasado, con las leyes nuevas que se han implementado en Nicaragua con lo de ciberdelitos, Ley de soberanía, etcétera, varias leyes que se han implementado allá, tienen como toda una estructura jurídica para seguir cerrando ese espacio, para buscar otras formas de censurar y presionar a las y los periodistas, no solamente en el ámbito físico, sino con investigaciones criminales que tiene más armas en este momento .

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¿Previo al 2018 ustedes identificaban algún tipo de tácticas represivas o de censuras a los medios de comunicación y periodistas?

 Sí, antes existía también como un patrón más diría de control mediático, que era como más canales y medios que eran bajo el control directo o no tan directo de los familiares, de la familia Ortega Murillo. Entonces esa fue como la forma de controlar la línea editorial, presionar un poquito, controlar directamente o no directamente, los mensajes en la información que salían. Pero en los últimos años se ha convertido en un control mucho más obvio, más directo.

¿Prevén que para las votaciones habrá recrudecimiento en los ataques a los periodistas?

Creo que debemos prepararnos para cualquier contexto, lo importante es que los y las periodistas que van a cubrir los eventos políticos en el país que tengan como la información y las herramientas para protegerse, esas serian la primera preocupación. En hacer como un análisis de cómo hacer su labor periodística en una manera segura, no sabemos, pero en otro momentos críticos de algunos eventos político hemos visto como más actividades policiales, entonces me imagino que van a buscar controlar los eventos de ese día también entonces, si periodistas cubren esos ataques tienen estar preparados.

¿De qué forma afecta a un país el hecho de que no haya medios impresos y los periodistas sean judicializados?

Representa un peligro para toda la población la falta de información, la falta de una diversidad de opiniones, de diversidad de información, de medios críticos que van a rendir cuentas a la información oficial. Porque es como el papel fundamental de la prensa independiente en cualquier  democracia, en cualquier sociedad. Que la gente tiene derecho en acceder a la información y en un contexto la cual la gente no puede confiar en la información que salga, no pueda acceder en una información confiable no tienen la capacidad de tomar decisiones de forma segura, y eso representa un peligro para cualquier sociedad.

Natalie Southwick, directora del programa para América Latina y el Caribe del Comité de Protección a Periodistas.
Foto: Cortesía.

¿La judicialización de libertad de expresión ha limitado las interacciones en los espacios digitales?

Creo que representa una amenaza a la libertad de expresión, para el ejercicio de la libre expresión. Porque esos espacios existen para que la gente pueda expresarse de forma profesional para periodistas que quieran compartir información, pero también en las opiniones personales que tienen el derecho de expresar sus opiniones sin enfrentar judicialización. Entonces es una forma de fomentar la autocensura porque la gente, periodista o cualquier persona que tenga una cuenta en las plataformas para pensar antes de sacar un tuit, antes de escribir algo, porque no quieren enfrentar la posibilidad de un proceso criminal. Eso está limitando la posibilidad de una libre expresión en esas plataformas.

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¿Cuál es el rumbo que tendrá el ejercicio periodístico en Nicaragua a mediano plazo tomando en cuenta el contexto de ahora?

Yo creo que muchas personas estamos esperando, incluso el CPJ estamos esperando a ver qué pasa en las próximas semanas una gran pregunta es ¿Qué va a pasar con todas esas personas que están en detención arbitraria, que están allá en el Chipote o donde sea, antes de ese proceso en noviembre? Entonces, estamos esperando que pasa con esos dos periodistas que están encarcelados en este momento y si va a seguir con los mismos patrones de represión y censura después de la primera semana de noviembre o si va a bajar un poco la presión. Que eso fue lo que pasaba en 2018, que fueron unos meses de censura y represión muy fuerte con periodistas y después bajó la intensidad de los ataques.

¿Hay esperanza de recuperar los espacios informativos?

La verdad es que yo no creo que vamos a ver una reapertura, creo que van a seguir buscando cerrar esos espacios que las autoridades ya hayan visto que realmente puedan ejercer más control  y que pueden intimidar más a periodistas con esas leyes y con esa estructura jurídica que ya se han montado, me imagino que eso va hacer como la ruta que van a buscar que implementar más y más leyes como lo que hemos visto en Venezuela, por ejemplo que tiene como un esquema de censura en la que ya no necesariamente tiene que usar la violencia física contra los periodistas porque ya tienen ese sistema que le permite controlar la información y actividades de los medios independientes. Entonces nos toca ver lo que pasa, pero me imagino que va a ser la ruta para las autoridades en Nicaragua como seguir controlando los espacios mediáticos y la información porque eso es que realmente lo que queda.

 ¿Qué refleja el hecho que muchos periodistas estén en el exilio?

Fundamentalmente eso nos dice muy claro que Nicaragua no es un espacio seguro para periodistas, que no existen las garantías para seguir ejerciendo su labor periodística allá en Nicaragua, que tener que tomar la decisión de salir del país que es una decisión muy difícil, nadie quiere salir sino es absolutamente necesario. Lo que esto nos dice es que no existen garantías para el periodismo en Nicaragua y también hay muy pocas personas que siguen haciendo periodismo allá en el país, entonces las personas que realmente están en el terreno, que tienen como acceso a la información que pueden informar directamente en los momentos de las cosas que están pasando, no están allá al momento. Entonces esa es otra forma de limitar la información.

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