El abogado costarricense Joseph Rivera, representante legal de la familia de Junieysis Merlo Espinoza —nicaragüense víctima de femicidio en Costa Rica—, denunció que el Gobierno de Nicaragua le negó el ingreso al país cuando intentaba viajar al departamento de Madriz para reunirse con los padres de la joven.

Rivera también señaló la falta de acompañamiento institucional hacia la familia, que —según afirmó— ha enfrentado sin apoyo estatal el proceso de duelo, la repatriación de las cenizas y la búsqueda de justicia en uno de los casos de violencia machista más graves registrados en 2026.

“A 24 horas de mi partida, se me negó el ingreso al país sin una justificación clara, lo que me impidió cumplir con mi labor profesional”, expresó en un pronunciamiento público fechado el 20 de abril. El viaje tenía como objetivo brindar acompañamiento legal y apoyo psicosocial a Máximo Merlo y Vilma Espinoza, padres de Junieysis.

El abogado subrayó que la ausencia de respuesta estatal no solo se evidencia tras el crimen, sino también en la falta de garantías previas de protección. “La familia no ha recibido ningún tipo de asistencia. Han tenido que enfrentar solos el duelo, la repatriación y la exigencia de justicia. Esto constituye una situación de desprotección institucional”, afirmó.

Sin apoyo estatal en la búsqueda de justicia

De acuerdo con Rivera, los padres de Junieysis han asumido en solitario procesos complejos y costosos, como la recuperación de los restos de su hija y las gestiones legales necesarias para garantizar la protección de sus nietas. Todo esto en medio del temor de que las niñas permanezcan expuestas a entornos vinculados al presunto agresor.

“Es fundamental que el Estado garantice acompañamiento integral a las víctimas indirectas de violencia de género, así como condiciones para el acceso a la justicia”, insistió.

Asimismo, exigió a las autoridades nicaragüenses que expliquen la negativa de ingreso y que activen mecanismos de apoyo para la familia.

Un caso que evidencia fallas estructurale

La denuncia se produce en el contexto del femicidio de Junieysis Merlo Espinoza, de 29 años y madre de dos niñas, cuyo caso generó conmoción en Costa Rica y Nicaragua.

La joven fue reportada como desaparecida el 31 de marzo en Santa Ana, San José. Días después, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina cercana a su vivienda. La autopsia confirmó que murió por asfixia por compresión externa del cuello, estableciendo que se trató de un femicidio.

Como principal sospechoso figura su expareja, quien permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La familia ha señalado que Junieysis vivía en un contexto de violencia sostenida, caracterizado por control, vigilancia y antecedentes de denuncias por violencia doméstica. Durante la investigación, se encontraron dispositivos de vigilancia instalados dentro de la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un patrón de control coercitivo.

Obstáculos adicionales y responsabilidades compartida

A la negativa de ingreso al país, Rivera sumó otro señalamiento: las aerolíneas Copa Airlines y Avianca rechazaron reembolsar los gastos de su viaje, pese a que la cancelación se debió a una decisión estatal.

“Solicito que reconsideren esta decisión y procedan al reembolso. De lo contrario, se evaluarán las acciones legales correspondientes”, indicó.

Violencia que trasciende frontera

El caso de Junieysis Merlo Espinoza no solo evidencia la brutalidad de la violencia machista, sino también las barreras estructurales que enfrentan muchas mujeres migrantes: mecanismos de protección insuficientes, respuestas institucionales limitadas y familias que quedan solas en la búsqueda de justicia.

Desde un enfoque de derechos humanos, estos hechos subrayan la obligación de los Estados de garantizar prevención, protección efectiva, acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias, independientemente del lugar donde ocurra el delito.

Mientras tanto, la familia Merlo Espinoza continúa exigiendo respuestas, justicia y garantías de no repetición.

“Mi compromiso con la familia es firme. La distancia no impedirá que sigamos acompañando este proceso”, concluyó Rivera.

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La Lupa Feminista