Las periodistas Lucía Pineda, Patricia Orozco, y la defensora Silvia Gutiérrez repudian aberración jurídica cometida por la dictadura Ortega-Murillo, que intenta confiscarles sus bienes y despojarlas de su nacionalidad
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan violentando los derechos más fundamentales de las ciudadanas nicaragüenses. Las periodistas Lucía Pineda Ubau, codirectora de 100% Noticias, y Patricia Orozco Andrade, directora de Agenda Propia, y la defensora de derechos humanos y exdiputada Silvia Gutiérrez Pinto, repudiaron la aberración jurídica implementada por el orteguismo, que las señaló a ellas y a otras 91 personas de supuestas traidoras a la patria, las sentenció con el retiro de sus nacionalidades y el despojo de sus bienes, y las señaló de supuestas prófugas de la ley.
Las tres ciudadanas nicaragüenses destacan que no son prófugas de la justicia, no son traidoras a la patria y no les pueden quitar su derecho como nacionales, como mujeres nacidas en Nicaragua.
“Sale que soy prófuga y no lo soy. Me acusan de traición a la patria y no he traicionado a mi patria. Me quitan la nacionalidad y eso no lo pueden hacer. Me quitan mis bienes y eso es confiscación y está prohibido por la Constitución (Política de Nicaragua), además, dicen que me quitan todos mis derechos ciudadanos, de aspirar a un cargo público, que también es una violación que no pueden hacer, porque también está prohibido por la Consittución, y todos tenemos derecho a este tipo de aspiraciones aunque no sea de mi interés. Entonces, yo lo que veo en ellos es que nos quieren silenciar desde que nosotros estamos fuera de Nicaragua, en el caso de los periodistas, y mantenernos siempre amenazados, con esa bota del destierro, y realmente eso no va a prosperar”, señaló Pineda.
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Añadió que, aunque el régimen podría robarle la vivienda que compró con mucho esfuerzo en Nicaragua, se siente “en paz” y apuntó que la dictadura y todos sus cómplices “van a pagar por esas confiscaciones” e incluso se “exponen a futuras demandas, a las que van a responder con sus propios bienes, quienes ejecutaron esta acción, los magistrados, hasta Daniel Ortega y quienes lleguen a meterse a mi casa de habitación, que me costó esfuerzo y el de mi familia. Es una casa familiar que me costó, es parte de mi sacrificio, no te puedo cuantificar la pérdida económica, pero sí es considerable, es un cuarto de manzana de terreno y ahí está mi vivienda”.
La codirectora de 100% ha sido víctima de la dictadura orteguista desde 2018. Pineda estuvo encarcelada arbitrariamente por más de seis meses entre diciembre de 2018 y junio de 2019, hasta que fue liberada por la dictadura, a través de una amnistía que mandó a aprobar el régimen, y desde ese entonces se encuentra exiliada en Costa Rica.
La periodista Patricia Orozco, directora del medio digital Agenda Propia y exdirectora de Onda Local, también resaltó que no es traidora de su patria y que esta nueva acción de la dictadura es otro mecanismo que creó para “impedir el ejercicio ciudadano de la población nicaragüense”.
Además, consideró que la dictadura sigue la línea de “querer impedir la libertad de prensa y por eso atacan a los directores y directoras de medios de comunicación”, tratando de “intimidar y producir miedo en el gremio periodístico, para evitar que informemos con libertad lo que sucede en Nicaragua”.
En la lista de los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad, acusados, sentenciados y declarados prófugos por supuestamente traicionar a la patria, hay 12 directores de medios de comunicación y blogs críticos de la dictadura, periodistas y comunicadores, entre ellos Orozco y Pineda.
También fueron incluidos Luis Chavarría Galeano, director del programa Café con Voz; Jennifer Ortíz Castillo, directora de Nicaragua Investiga; Sofía Montenegro; periodista, socióloga y exdirectora del cancelado Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), Wilfredo Miranda Aburto, periodista de la plataforma Divergentes, Manuel Díaz Morales, director y fundador de Bacanalnica; Álvaro Valentín Navarro, periodista y director de Artículo 66; José David Quintana, director de Boletín Ecológico; Aníbal Toruño Jirón, director de Radio Darío de León; Carlos Fernando Chamorro Barrios, periodista y director de Confidencial; Camilo de Castro Belli, periodista y cineasta.
La directora de Agenda Propia señaló que la dictadura orteguista, antes de nombrarla prófuga y ordenar el despojo de sus bienes el 15 de febrero, su propiedad ya estaba tomada ilegalmente desde 2021, luego que ella decidió salir al exilio para evitar ser encarcelada arbitrariamente.
“Ya habían tomado mi propiedad ilegalmente cuando supieron que había dejado el territorio nacional para evitar ir a la cárcel. En venganza a mi decisión, decidieron quitarme mi casa de habitación, donde había vivido 36 años. Dijeron que la casa era propiedad del Estado, hicieron firmar un papel a una hija mía diciendo que era voluntario, pero no fue así”, denunció
Además, resaltó que “la gente que nos han enlistado dictando que somos apátridas, no debemos responder a esta provocación de la dictadura. Somos personas nicaragüenses y lo seguimos siendo, lo dice la Constitución en su artículo 20. No queda más que seguir actuando como nicaragüenses, y yo lo voy a hacer. Voy a seguir informando a la ciudadanía que es el objetivo de nuestro trabajo”.
Silvia Gutiérrez Pinto, defensora de derechos humanos y exdiputada nicaragüense, resaltó que la medida del régimen es una “nueva forma de violentar” los derechos de cada nicaragüense y “un acto más para tener control absoluto del país”.
“Desean tener un país donde no haya oposición, donde no haya pensamientos distintos, donde ellos puedan controlar la opinión pública, pero que además los que estamos afuera no podamos regresar. Entonces, esta acción, además de ser un acto de control, es un acto de desesperación de querer permanecer más en el poder. Yo creo que no se sienten seguros de estar con el poder que tienen, no confían en su gente, hay desconfianza dentro de sus filas, y lo que quieren es limpiar el país y dejarlo a su imagen y semejanza”, denunció.
A la vez, destacó que todas las medidas, sentencias y acusaciones en su contra y las demás personas castigadas son totalmente ilegales y absurdas. “Podrán decir en los papeles de ellos que no tengo nacionalidad, pero eso no es válido, yo nací en Nicaragua, soy de Nicaragua y por ende tengo el derecho de declararme una ciudadana nicaragüense”, indicó.
Gutiérrez afirmó, sobre la confiscación ordenada por el régimen en su contra, que no tiene ningún bien que pueda ser robado por la dictadura, pues desde que salió del país, en junio de 2021, tuvo que vender o donar sus bienes.
“No tengo nada que me pueda afectar ya que yo tuve que salir del país forzosamente hace año y medio y lo que estaba a mi bien lo vendí o lo doné, ya no tengo nada a mi nombre, sobre todo pensando en eso mismo, en que algo podían hacer, incluso yo tomé la decisión de salir con mi familia, decidimos salir todos para que no les hicieran algo por ir en contra mía, que no le hicieran ningún daño”, agregó.
Además, aseguró que este nuevo acto violatorio de sus derechos y de los demás nicaragüenses los seguirá denunciando en las instancias internacionales que sean necesarias. “Es importante que en este momento sigamos alzando la voz por Nicaragua y sigamos denunciando la necesidad de que haya libertad y democracia en el país”, resaltó.
