El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró a 94 personas nicaragüenses como “traidores a la patria” y “prófugas de la justicia”, por supuestamente conspirar “para cometer menoscabo a la integridad nacional” y propagar noticias falsas, “en perjuicio del Estado de Nicaragua”.
Las 94 personas son activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, escritoras y ciudadanos y ciudadanas que han denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo.
A estas personas se les impone las penas de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer funciones públicas en servicio del Estado de Nicaragua; ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua y su nacionalidad como nicaragüenses.
También se ordenó la inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que estas personas tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal, personas jurídicas o sociedades en las que estén inscritas como socios «para responder por los delitos cometidos».
Las 94 personas son las siguientes:
