Acceder a una vivienda es un derecho que se ve limitado para la diversidad sexual porque en su mayoría se desempeña en labores precarias, ingresos bajos e informales.
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Conseguir un contrato formal indefinido, ingresos medios altos, solvencia económica son algunos de los requisitos claves para acceder a una vivienda o crédito hipotecario en Nicaragua. Cumplir eso es un verdadero reto para las personas de la diversidad sexual, que en su mayoría están sumergido en la informalidad laboral y subsistencia de vida.
Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Personas Transgénero (ANPT), admite que los gays o lesbianas son quienes tienen mayor acceso a una vivienda propia, pues existe un importante porcentaje que se forman profesionalmente y obtienen cargos e ingresos que les permiten cumplir esos requisitos y por ende candidatos para un crédito hipotecario.
«Ellos (bancos) no se fijan en que si sos gay, sos trans, o sos lesbiana. Ellos en los que se fija es tu estatus económico, de cuánto ganas. Por lo menos, hay compañero gay y compañeras lesbianas que tienen buenos trabajos», sostiene Vega
Aunque también está clara que para las personas trans, existe un sistema de revisión más «exhaustiva». Ella lo vivió. Dos años le llevó la aprobación del crédito de vivienda, pasó por todos los bancos donde entregó toda la documentación requerida y la prima correspondiente a dicha hipoteca. Aún así, lo obtuvo hasta que amenazó con denunciar en los medios de comunicación el hecho de quererle negar el crédito y cobrarle los gastos de papelería, aún cuando había entregado más de cinco mil dólares de prima y cumplido con todos los requisitos.
«Si sos trans, hay un poco de dificultad por los estigmas y prejuicios que existen. Te comienzan a investigar, te piden récord de policía, te piden esto, lo otro para ver si realmente podés tener el crédito. En mi caso hasta exámenes de glucosas me mandaron hacer. Porque yo por ser sincera les dije que era diabética», detalla Vega.
Hace 10 años paga su crédito hipotecario, pero está clara que no todas tienen esa posibilidad. En ese entonces, ella tenía contrato con un proyecto de Noruega. En la actualidad no tiene ingresos fijos, ahora lucha por cumplir el compromiso hipotecario.
«Yo luché, por eso pude obtener este financiamiento, pero las compañeras que solo buscan como sobrevivir, difícilmente tienen la posibilidad de un crédito hipotecario», detalla.
En esa subsistencia, difícilmente podrán duplicar los 183.3 dólares que representa el salario mínimo en Nicaragua, mucho menos sostener el monto de uno a diez salarios mínimos que es una de las disposiciones para acceder a una vivienda de interés social.
Tener la esperanza de ser incluidos en los programas de viviendas que el Gobierno promueve tampoco existe, están dirigidos a las familias tradicionales y no existe un eslabón de trabajo inclusivo para la diversidad sexual de bajos ingresos.
«Las mujeres trans trabajan en venta ambulante, haciendo espectáculos que son mal pagados y algunas ejerciendo el trabajo sexual que tampoco da dinero», resiente Vega.
Y en ese andar el día a día la discriminación ocurre hasta para alquilar un cuarto. De un momento a otro son desalojadas de los sitios donde viven. Vega explica que regularmente recibe solicitud de alojamiento, pero como ANPT no tienen las condiciones para atender este tipo de necesidades.
El año pasado acogieron a algunas trans sin techo, pero las condiciones del local no son las adecuadas y en la actualidad su ayuda se basa en brindar alimentos, espacios donde bañarse y hacer necesidades fisiológicas.
«Ellas tocan organizaciones buscando apoyo, pero vos sabes que tenemos dificultades de financiamiento. Entonces no tenemos para poderles apoyar económicamente. Nosotras quisiéramos tener para albergarlas a las compañeras y poder ayudarles, aunque sea algo, donde puedan estar tres días para que puedan tener un espacio para que luego pueda buscar un trabajo, o donde puedan alquilar», dice Vega.
Esa realidad deja en «extrema vulnerabilidad», porque la mayoría son rechazadas por su familia cuando asumen su orientación sexual, dejándolas en total desprotección. Según el Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua, los hogares es uno de los principales sitios donde se ejerce violencia psicológica y física en algunos casos.
Esa situación es repetitiva porque no existe un marco legal que estipule una ley o normativa que favorezca el empleo a las personas LGBTIQ, o alternativas que puedan financiar sus negocios o crear sus propias fuentes de trabajo, detallan distintos estudios de la situación económica de la diversidad sexual en Nicaragua.
Esa precariedad económica, según Frank Hooker, miembro del Observatorio de violaciones de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua ha empeorado tras la crisis sociopolítica en 2018 y los efectos de la pandemia del COVID-19.
«El Estado de Nicaragua tiene una deuda histórica con los derechos de las personas LGBTIQ, por lo cual urge avanzar políticas públicas que puedan promover el reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad en las personas LGBTIQ. El mercado laboral tiene que mostrar cambios reales en políticas inclusivas», destaca Hooker.
