Solo una de 23 mujeres periodistas de Nicaragua exiliadas que participaron en estudio de La Lupa tiene refugio aprobado
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Tener asilo o refugio aprobado, un empleo formal que les permita ejercer su profesión y les garantice todas sus prestaciones de ley en los países de acogida, acceso a préstamos para viviendas o emprendimientos, es complicado y una meta que sigue sin cumplirse para mujeres periodistas nicaragüenses, que salieron de Nicaragua en los últimos cinco años, huyendo de la persecución impuesta por la dictadura Ortega-Murillo contra la prensa independiente.
El estudio “Exiliarse para sobrevivir: Experiencias de Mujeres Periodistas Nicaragüenses”, elaborado por La Lupa, que incluye consultas a 23 profesionales de la comunicación, revela que sólo una del grupo que participó del análisis tiene el asilo aprobado, aunque lo obtuvo casi cuatro años después de solicitarlo. Las demás son solicitantes (16), otras no lo solicitaron en los países de acogida (5), y una está en trámite de residencia.
“Esmeralda”, de 40 años de edad, tiene 24 meses de estar exiliada en Costa Rica y es una de las 16 solicitantes de refugio, consultadas en el estudio, que sigue sin tener la aprobación de las autoridades de Migración. La comunicadora está a la espera de una segunda cita, en la que conocerá la resolución de su caso, pero está programada hasta el año 2028.
En Nicaragua, “Esmeralda” ejercía como editora audiovisual y apoyaba en redes sociales en una plataforma digital y decidió irse del país cuando comenzó a sufrir acoso fiscal de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Alcaldía de Managua, que la señalaban de tener un negocio, sin pagar impuestos, y la mantuvieron en zozobra los últimos cuatro meses de 2021.
“Dada esa situación, tenía miedo de que un día pudieran llegar a traerme a mi casa, eso detonó mi salida a finales de 2021, sumado a otras cosas que había vivido, eso me mantenía con los nervios de punta”, recordó.
La periodista también era vigilada por civiles que, a bordo de vehículos particulares, permanecían apostados afuera de su vivienda en actitud hostil. Y, previo a su salida, conoció que uno de sus colegas fue despojado de su nacionalidad, por lo que decidió renunciar a ese medio de comunicación por la misma situación de inseguridad.
“Esmeralda” salió de Nicaragua de forma irregular, junto a sus tres hijos, para evitar ser una de las víctimas de los despojos de pasaportes que el orteguismo comenzó a aplicar contra periodistas, religiosos y toda persona crítica de su régimen.
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Actualmente, la comunicadora labora bajo la modalidad de servicios profesionales en el área de comunicación de un centro de pensamiento, fundado también por una nicaragüense exiliada. Sin embargo, no tiene los beneficios de un colaborador de plaza fija, prestaciones, seguro, y demás.
El estudio de La Lupa advierte que las periodistas nicaragüenses exiliadas “para sobrevivir tienen que recurrir a realizar dobles jornadas de trabajo o trabajos extras para compensar los gastos”, y que algunas incluso “exponen que se les hace más difícil integrarse en el campo periodístico local en las ciudades en que viven, dado que las oportunidades son reducidas”.
Sumado a las trabas para acceder a un estatus de refugiada y a un empleo formal con todos los beneficios de ley, “Esmeralda” también lidió con requisitos administrativos para que sus hijos accedieran a derechos básicos como la educación.
Señala que en la universidad privada en la que inscribió a su hijo mayor, solo por no tener un carnet de residente o refugiada, pues hasta ahora solo tiene el de solicitante que le permite laborar, la hicieron pagar “todo el cuatrimestre y no mes por mes” como ocurre con los demás universitarios.
“Mi carnet no me funciona para hacer otros trámites, no puedo optar a préstamos para poder crear emprendimientos”, agregó.
Además, criticó que como migrantes no tienen guía del Gobierno, orientación para realizar gestiones básicas, como la inscripción en centros escolares o universitarios, e incluso las instituciones y escuelas desconocen cómo actuar en los casos de solicitantes de refugio que buscan ejercer derechos básicos como educación y salud.
“A los otros dos de mis hijos, que iban para sexto y quinto año, los logré inscribir en la escuela gracias al apoyo de una organización, porque yo ya había ido al colegio y me habían pedido mi documento de identidad y lo que les presenté fue una hoja de solicitante de refugio, entonces las escuelas no estaban claras de cuál era el procedimiento para aceptar a un niño solicitante de refugio”, relató.
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Explicó que los niños fueron admitidos hasta que una abogada de la organización a la que acudió intervino en la solicitud y posterior a que el colegio realizara una prueba diagnóstica para saber si dejaba a sus hijos en los grados que les correspondía en Nicaragua.
“Todo eso significó un estrés para mí porque yo decía: ‘Ya me truncaron mi estabilidad y me van a truncar la vida de mis hijos’, porque había el riesgo de que los retrocedieran un año en la escuela, pero al final pude inscribirlos a tiempo y seguir con el grado que les correspondía”, comentó.
La comunicadora Arlen Padilla, de 24 años, también es solicitante de refugio en Costa Rica. Salió de Nicaragua en noviembre de 2021 de forma regular, aunque, afirma, lo logró luego que las autoridades de Migración de Nicaragua revisaran su pasaporte y le hicieran “un par de preguntas incómodas”.
La joven periodista es originaria de El Viejo, Chinandega, y decidió salir del país luego de la persecución desatada por el orteguismo contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Confidencial, medio de comunicación en el que hasta la fecha sigue laborando.
“El intento también de secuestro del director del medio, Carlos Fernando (Chamorro), fue como lo que me hizo ver que en efecto, que tal vez yo no era tan pública, tampoco era como una periodista como muy relevante, por así decirlo, pero al final se corría un riesgo, porque yo podría ser al final un daño colateral de esa represión”, afirmó.
Además, señaló que personas ligadas a instituciones del Estado, posterior a la publicación de un reportaje que realizó, comenzaron a preguntar quién era la periodista que hizo ese trabajo y dónde podrían encontrarla.
La comunicadora, aunque sigue laborando para Confidencial, afirma que ha tratado de conseguir trabajos pequeños que le permitan “solventar” sus gastos, pues en Costa Rica todo es más caro y “es más difícil insertarse en el mercado laboral”.
“El emprendimiento es una de las opciones que nosotras como mujeres, migrantes, exiliadas tenemos, pero igual es duro. En Costa Rica, aunque te dan muchas facilidades como solicitante de refugio y como extranjero para abrir emprendimientos y empresas, hay trabas desde el punto de vista legal, económico, y empezar un emprendimiento sin capital, o con un capital semilla muy, muy reducido, es duro”, resaltó.
Explica que -dado que su salario está más acorde a la realidad económica de Nicaragua- tuvo que empezar a hacer consultorías, aparte de trabajar en el medio de comunicación, y emprender a través de la creación y diseño de páginas web.
El Estudio “Exiliarse para sobrevivir: Experiencias de Mujeres Periodistas Nicaragüenses” revela que el 52.2% de las periodistas nicaragüenses exiliadas que tienen un trabajo lo hacen para el medio al que laboraban antes de salir del país, aunque perciben salarios que están “nivelados al costo de vida en Nicaragua y es más caro en los países en que están exiliadas”. Además, advierte que “los contratos laborales que tienen tampoco les permiten acceder a ciertos beneficios en el país en el que residen y a pensiones por jubilación en el futuro”.
Enlace para descargar el estudio: Exiliadas para sobrevivir
