Las mujeres migrantes en España que son víctimas de violencia machista se enfrentan al racismo y los estereotipos de género cuando solicitan protección al Estado español, denuncian las organizaciones que conforman la campaña Existen Muros Invisibles para las Mujeres Migrantes agrupadas en la Red de Mujeres Latinoaméricanas y del Caribe.
Las organizaciones denuncian que, el Estado español basa sus normas y políticas frente a la violencia machista en estereotipos sobre las víctimas de violencia, y solo las mujeres que son calificadas por las autoridades como «víctimas ideales» logran acceder a la protección estatal, mientras el resto es dejada a su suerte.
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Esta situación deja a las mujeres migrantes y a sus hijos e hijas en una situación de desprotección, violencia física, sexual y laboral e irregularidad administrativa, señalan. Además que muchas como consecuencia se enfrentan a graves problemas de conciliación, pérdidas de custodias de sus hijos e hijas y menor acceso a recursos.
Este comportamiento de las autoridades está motivado por el machismo, el racismo y por la falta de políticas que incluyan a esta población de mujeres, señalan.
“Denunciamos que sigue presente el estereotipo de género sobre las mujeres migrantes como mentirosas o manipuladoras en relación a algo tan grave como la violencia machista, reforzando de esa manera la idea de que denuncian para permanecer en España», exponen en un pronunciamiento público.
De acuerdo con los testimonios de mujeres, a las mujeres migrantes no se les suele creer en sus denuncias y son señaladas de mentir en sus historias para obtener una residencia en España, además que sus estatus migratorios son condicionados para que denuncien y obtengan una condena favorable.
La condición de que las mujeres migrantes denuncien y obtengan una condena a su favor es exigida por la Ley Orgánica 10/2022, Ley sobre la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.
Según las organizaciones migrantes, este hecho deja vulnerable a las mujeres migrantes que denuncian y no son creídas, o las mujeres que no tengan las condiciones económicas, sociales y de protección para denunciar a sus agresores de los que muchas veces dependen para subsistir.
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La Ley Orgánica 10/2022 “sigue exigiendo a las mujeres en situación administrativa irregular denunciar y obtener una condena favorable (y no ser expulsadas de España) para tener la residencia, cuando sin residencia (que condiciona el trabajo, la vivienda, la salud, tener una cuenta bancaria abierta, etc.) no hay una reparación integral posible”, denuncian las organizaciones.
De acuerdo con ellas, «se ha comprobado» que en los casos de violencia de género que condicionan la residencia de las mujeres migrantes se traduce en una falta de protección, y que se debe primar sus derechos humanos sobre su estatus migratorio. Además que les afecta principalmente a las mujeres en situación de migración irregular.
“Demandamos que el Estado español reconozca y actúe frente a la violencia institucional para erradicar las barreras y obstáculos que experimentan las mujeres migradas/racializadas en la consecución de sus derechos de protección, atención y acceso a la justicia”, expresan.
Ante las situaciones de discriminación y violencia institucional que viven las mujeres migrantes, las organizaciones demandan que la Ley Orgánica 4/2000 y la Ley Orgánica 10/2022 sean modificadas para que las mujeres migrantes víctimas de violencia machista obtengan protección estatal sin depender de una sentencia condenatoria o una resolución judicial que las reconozca como víctimas de violencia de género o violencia sexual.
Y que las mujeres migrantes puedan acceder a los servicios sociales, los servicios especializados o los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, como lo hacen las otras denunciantes que no son migrantes.
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También demandan al Estado español que regularice de inmediato a los hijos e hijas menores de edad de las víctimas y supervivientes de violencia de género migrantes, que se encuentren en situación de irregularidad administrativa.
«Ningún niño o niña puede permanecer en la irregularidad administrativa. Repercute en todos los ámbitos, por lo que hay que actuar de manera preventiva y evitar la exclusión educativa y social», sostienen.
