Mujeres de Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua analizan los retos de la mujeres en 2023.
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Ser mujer en Centroamérica significa vivir bajo Gobiernos autoritarios, en su mayoría, en los que no se tiene acceso a aborto, anticonceptivos ni a una participación activa en la vida pública. El estancamiento de los derechos fundamentales de las mujeres centroamericanas se debe a la falta de compromiso, autoritarismo y conservadurismo, instalado en los Gobiernos centroamericanos, señalan las feministas y defensoras de derechos humanos.
En Guatemala la situación de violencia contra las mujeres es crítica. La guatemalteca María Dolores Marroquí, feminista y defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda, denunció que a las mujeres en ese país “se les siguen violentando derechos básicos como la vida libre de violencia”. La experta resaltó que en la actualidad se registran más de 45,000 denuncias de violencia contra mujeres, 99% de las cuales siguen sin resolverse.
Adicionalmente, Guatemala se ubicó en 2022 como el país centroamericano con la tasa más alta de femicidios, con 532 mujeres víctimas de la violencia machista, según los datos de organizaciones defensoras de derechos de mujeres.
La hondureña Daysi Flores, feminista, ingeniera civil, especialista en temas de cambio climático e integrante de Asociadas por lo Justo (Jass Mesoamérica), señaló que en su país las mujeres tampoco viven libres de violencia, apuntando que Honduras tiene la segunda tasa más alta de femicidios de Centroamérica, con 293 femicidios en 2022.
La defensora lamentó además que el femicidio sea en Honduras un crimen con una altísima tasa de impunidad. Medios locales de ese país reportan que al menos el 95% de los casos de femicidios no llegan a tener una sentencia condenatoria o al menos un acusado.
Flores aseguró que desde organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres centroamericanas han dado la lucha durante décadas para lograr el interés estatal frente a esta violencia que sufren las mujeres, pero sigue siendo una deuda pendiente parar estos crímenes que se registran al menos uno cada 16 horas.
La salvadoreña Morena Herrera, feminista, defensora de derechos humanos, máster en Género y Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, también denunció que en su país se sigue violentando el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, porque «no se cumplen las responsabilidades de las instituciones públicas de proteger a las mujeres”.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos denunciaron que en 2022 un total de 68 mujeres fueron víctimas de femicidio en El Salvador, a causa de la violencia machista que impera en ese país.
En Nicaragua, la violencia que sufren las mujeres también se grava año con año. Católicas por el Derecho a Decidir registró que producto de la violencia machista en Nicaragua fueron asesinadas 68 mujeres nicaragüenses dentro y fuera territorio nacional, más de 20 de estos quedaron en la impunidad. Adicionalmente, la cantidad de femicidios frustrados llegó a una cifra sin precedentes, con 220 casos.
Las defensoras de derechos de las mujeres han expresado su repudio a este constante incremento de la violencia y la desatención estatal que se vive en el país frente a este fenómeno. El Colectivo de Mujeres 8 de Marzo ha denunciado que el Estado no les brinda ningún tipo de protección a las sobrevivientes de violencia y de femicidios frustrados, para asegurar sus vidas luego de los ataques machistas.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no hace nada por erradicar la violencia contra las mujeres, contrario a esto ha dirigido graves violaciones contra las ciudadanas nicaragüenses, cerrando más de 150 organizaciones sin fines de lucro que velaban y luchaban por los derechos de las mujeres, encarcelando y torturando 30 mujeres por protestar y demandar libertad para sus familiares, liberando criminales que han atacado a mujeres, negando el acceso a la información pública sobre la violencia que sufren las mujeres, utilizándolas para aparentar una falsa paridad de género en los poderes del Estado, violentando el acceso a la justicia y dirigiendo campañas de odio contra mujeres y defensoras.
En Costa Rica la cantidad de femicidios disminuyó frente a la cifra del año anterior, cuando hubo 19 asesinatos de mujeres, registrando cuatro menos en 2022, según datos oficiales del Observatorio de Género del Poder Judicial de ese país, actualizados al 14 de diciembre de 2022. Sin embargo, a juicio de la costarricense Ana Felicia Torres, antropóloga, teóloga, fundadora del Movimiento de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna y actual coordinadora latinoamericana de la Red de Educación Popular de Mujeres Latinas y del Caribe, la violencia machista y patriarcal continúa aumentando en ese país.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de Costa Rica informó en agosto de 2022 que las denuncias por violencia familiar incrementaron un 6% en relación con el mismo período de 2021, registrando una denuncia por hora (2428) por situaciones como: violencia psicológica (97%), simbólica (53%), física (52%), ambiental (34%), económica y patrimonial (28%), social (13%) y sexual (10%). Ocho de cada diez de las personas afectadas eran mujeres y niñas.
La experta resaltó que en Costa Rica se “tiene varias deudas pendiente con las mujeres en cuanto a la posibilidad de que se disminuya la violencia, los femicidios y también que se reduzcan los plazos y las condiciones que hay para determinar las condiciones en las que un homicidio se materializa como un femicidio”, resaltando en los primeros días de enero ya se registraban al menos diez muertes violentas de mujeres, pero solo una hasta ahora ha sido categorizada como femicidio.
En 2022, Costa Rica contabilizó 46 muertes violentas de mujeres, de las cuales solo 15 fueron calificadas como femicidios, siete como homicidio y 24 seguían pendientes de clasificar al 14 de diciembre de ese año.
En Panamá -igual que en Costa Rica- los femicididos disminuyeron en 2022, registrando un asesinato menos que en 2021, cuando se documentaron 22, sin embargo, la violencia contra las mujeres también continúa en aumento.
La panameña Eusebia Solís, psicóloga, máster en Equidad y Desarrollo e integrante de la organización Encuentro de Mujeres de Panamá, denunció que en ese país a “las mujeres se les sigue violentando derechos fundamentales, como lo es el derecho a una vida libre de violencia”, resaltando que la violencia doméstica incrementó el año pasado.
El informe estadístico del Ministerio Público de Panamá de 2022 refiere que ocurrieron 17,659 denuncias de violencia doméstica, 237 más que en 2021.
Las defensoras también denunciaron que otros de los derechos que se les sigue violentando a las mujeres en Centroamérica es el aborto. La salvadoreña Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aseguró que en su país a las mujeres no se les garantiza el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Se han cerrado, anulado, los programas de educación en sexualidad y eso violenta los derechos de niñas, niños, y adolescentes, que necesitan y tienen derecho a esa información. También, hay una falta de reconocimiento y de garantía para derechos sexuales y derechos reproductivos, que no son nuevos, por ejemplo, la penalización del aborto en todas sus formas implica la violación de varios derechos y es un problema que viene desde el año 1998, y desde antes, que ningún Gobierno ha querido enfrentar y superar”, apuntó.
Herrera denunció que parte de las consecuencias de la falta de programas de educación sexual y la penalización absoluta a un aborto seguro y legal se traduce, entre otras cosas, en una alta tasa de embarazos adolescentes y suicidios en mujeres embarazadas.
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La experta señaló que hasta 2018, cuando las autoridades todavía daban acceso a la información pública, el suicidio era en El Salvador la principal causa de muerte de mujeres embarazadas. Medios locales de El Salvador contabilizaron que entre 2011 y 2018 un total de 32 mujeres se suicidaron cuando estaban embarazadas.
En 2021, los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años representaron el 9,57% del total registrado, con 5414 inscripciones prenatales documentadas por las autoridades salvadoreñas.
El Salvador, Nicaragua y Honduras son los únicos tres países de los siete de Centroamérica donde el aborto es ilegal en todas sus formas, aunque la vida de la mujer esté en riesgo producto del embarazo, haya sido víctima de violación o el embrión presente malformidades congenitas.
En Nicaragua el aborto es ilegal en todas sus formas desde octubre de 2006. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en ese año se postuló para volver al poder y contaba con apoyo mayoritario en la Asamblea Nacional, respaldó las demandas de la jerarquía de la iglesia Católica -a cambio de conseguir aumentar sus votos diez días previos a las elecciones generales- derogando el artículo 165 del Código Penal vigente desde 1893, que permitía el aborto terapeútico.
En Honduras el aborto está penalizado en todas sus formas desde 1985, pero en 2021 se radicalizó aún más la política violatoria de los derechos de las mujeres cuando el Congreso de ese país aprobó una iniciativa de reforma al artículo 67 constitucional, conocida como “Escudo contra el Aborto en Honduras”, que estableció que serían “nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioraridad” a esa reforma, con propósito de impedir o dificultar más que el aborto sea legalizado en el futuro.
La hondureña Daysi Flores, de Asociadas por lo Justo, resaltó que -además del radicalismo en cuanto al derecho a un aborto seguro y legal- en Honduras hay violaciones a derechos tan fundamentales como el acceso a anticonceptivos, pues está “restringido” el uso de la “pastilla para la mañana siguiente o pastilla de emergencia” exclusivamente para mujeres que han sido víctimas de violación, lo cual, además de estigmatizarlas por haber sufrido esa situación, deja a muchas otras mujeres sin la posibilidad de acceder a ese derecho.
“El derecho de las hondureñas al uso de la pastilla de anticoncepción solo se ha logrado a medias recientemente, ya que el ministro de Salud (Manuel Matheu) no está de acuerdo con algo tan sencillo como es el uso de la anticoncepción de emergencia, y, en términos simbólicos, se ha referido a que la autonomía de los cuerpos de las mujeres es leída como libertinaje, falta de responsabilidad, como un asunto que no les compete a las mujeres y como algo que debe ser regulado, entonces, todo el tema de lo que tiene que ver con el tutelaje de nuestro cuerpo y sexualidad todavía un tema pendiente en Honduras”, denunció.
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La guatemalteca María Dolores Marroquí también denunció que -aunque en Guatemala el aborto es legal para salvar la vida de la mujer- el presidente Alejandro Giammenttei, quien dirige el Gobierno guatemalteco desde 2020, “ha encabezado una lucha contra las mujeres, impulsando el discurso de protección a la vida, nombrado a Guatemala como ‘la capital iberoamericana de la vida y la familia’, sin escuchar las demandas y propuestas de las organizaciones de mujeres, y se ha lanzado en una campaña religiosa que incluso pretende desconocer la posibilidad de las personas a decidir sobre sus propias vidas, apoyando la lucha para penalizar el aborto terapéutico”.
La panameña Eusebia Solís apuntó que, aunque en Panamá es permitido el aborto en algunas causales, la aprobación de la Ley 285 de Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, podría traer “consecuencias graves a futuro”, pues establece que “la vida comienza desde el momento de la concepción”, pese a que hay varios debates sobre esto en cuanto a las demandas por el aborto como un derecho para las mujeres.
En Panamá el aborto es permitido cuando la vida de la mujer está en peligro y en casos de violación, pero es considerado como un delito y fuera de esas excepciones puede ser penado hasta con ocho años de prisión, según lo que establece el Código Penal de ese país.
La defensora resaltó que, frente a todo este contexto de violaciones contra los derechos de las mujeres, desde las organizaciones “hemos demandado del Estado la protección de la vida de las mujeres”.
La costarricense Ana Felicia Torres compartió que desde la experiencia de lo que ocurre en Costa Rica sobre el aborto ha identificado que, aunque en la Ley General de Salud costarricense está establecido el derecho al aborto terapéutico, este “practicamente no se practica y si se hace va con riesgo para el profesional de Salud, un riesgo de cárcel, porque aunque está establecido no se ha logrado hechar a andar una norma técnica que defina cuáles son los procedimientos que deben seguir los profesionales en Salud para hacer un aborto terapéutico en condiciones seguras desde el punto de vista jurídico”.
Aclaró que existe una una norma técnica formulada por el Ministerio de Salud en el Gobierno anterior, dirigido en ese entonces por el presidente Carlos Alvarado, “que no ha entrado en vigencia, pero que -por decirlo de alguna manera- por tantos requisitos también dificulta muchísimo la posibilidad de que finalmente se practique un aborto terapéutico”.
Marroquí además señaló que en Guatemala existen leyes que son “bloqueadas” pese a que son propuestas en favor de los derechos de las mujeres, entre esas la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, que siguen sin ser aprobada desde hace más de cuatro años y que podría aportar a promover la autonomía económica de las mujeres, en un país donde “el 61% de la población vive en situación de pobreza y un 20% intenta sobrevivir en condiciones de pobreza extrema”.
La defensora criticó la falta de políticas de generación de empleo y acceso a seguridad social en la atención de mujeres y la desigualdad salarial impulsada desde el Estado, que aprobó salarios diferentes para quienes laboran en la capital y los que viven en departamentos.
En Guatemala el salario mínimo o básico ronda entre los 350 y 390 dólares. El aumento salarial de este 2023 fue leve; en la capital se ubicó en el 7% y en los departamentos solo del 4%, según los datos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de ese país. La defensora explicó que dicho aumento ni siquiera ayuda a los trabajadores y trabajadoras a acercarse al precio de la canasta básica ampliada, que es el doble del salario mínimo.
La feminista Ana Felicia Torres tambien denunció que en Costa Rica los derechos de las mujeres en cuanto a su autonomía económica “está en un momento de retroceso por una propuesta de una ley de las jornadas laborales domésticas, conocida como 4-3, que implica trabajar 12 horas diarias durante 4 días y descansar 3, pero que posiblemente va a suceder con el intento de aprobación de está iniciativa es que la carga global de trabajo de las mujeres se va a aumentar, porque las tareas domésticas y de cuidado no puede esperar tres días, además que sería el inicio de la ruptura de la jornada de ocho horas, implicaría la pérdida de la paga de esas cuatro horas como tiempo extra, que está establecido en el Código Laboral en Costa Rica”.
Torres rescató que, pese a estos desafíos, en Costa Rica han habido avances para el respeto de las personas sexualmente diversas, ya que “se está autorizado el cambio de nombre en los documentos de identidad, aunque no se ha logrado que se cambie el sexo registral; hay conversaciones sobre el uso de los baños para las personas sexualmente diversas, sobre todo para las personas trans, en la educación pública; y desde el Estado está ofreciendo a las personas trans la asistencia técnica y la terapia hormonal en la Seguridad Social, aunque esto último con muchísimas limitaciones, ya que vemos dificultades en cuanto a las listas de espera”.
En la región muchos Gobiernos guardan silencio frente al actuar de la dictadura en Nicaragua, que viola los derechos de toda la ciudadanía nicaraguense y, a juicio de las defensoras, ha servido de mal ejemplo para los demás países de Centroamérica.
Morena Herrera valoró que Ortega “ha significado un impacto negativo y genera cierto temor porque los gobiernos muchas veces aprenden unos de otros, y pueden replicarse en otros países esas políticas represivas”.
Apuntó que en El Salvador, por ejemplo, les preocupa la aplicación del régimen de excepción, que aunque ha tenido como resultado comunidades que se sienten más tranquilas por el encarcelamiento de integrantes de las pandillas, “también hay una gran preocupación porque esto se hace de la mano de hechos violatorios de derechos humanos, eso como una práctica que se va extendiendo”.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele aprobó, el 27 de marzo de 2022, la aplicación del régimen de excepción, en su lucha contra las pandillas o “maras”, que controlaban gran parte del territorio salvadoreño y cometían constantes crímenes en ese país. La medida ha recibido diez prórrogas que la mantienen vigente hasta el 15 de febrero de este año y ha dejado a más de 60,000 personas detenidas, la mayoría miembros de pandillas, pero que en su avance deja graves violaciones a derechos humanos, según organizaciones civiles.
La defensora además señaló que el Gobierno de Bukele tampoco ha garantizado los derechos de las mujeres, pese a que agregó en su plan de Gobierno, conocido como Plan Cuscatlán, demandas de los colectivos de mujeres, entre estas políticas para favorecer la igualdad, autonomía económica y acceso a derechos sexuales y reproductivos, y contrario a esto han mandado a archivo “varias iniciativas, como la Ley de Identidad de Género o la iniciativa de reforma del Código Penal para despenalizar el aborto en alguna de sus causales”.
Daysi Flores concuerda con Herrera valorando que la dictadura orteguista ha sido “nefasta para las democracias en Centroamérica” y sirvió de “ejemplo” para el ahora expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que “siguió el mismo camino legal, entre comillas, para aducirse una reelección que está prohibida y que es inconstitucional en nuestro país”.
Hernández -con el apoyo de legisladores afines- apeló las prohibiciones sobre reelección en cargo de presidente establecidas en la Constitución Política de ese país ante la Corte Suprema de Justicia, que las declaró ilegales y le permitió inscribir su candidatura en las votaciones de noviembre de 2017.
La defensora agregó que los grupos de choque que organizó Hernández durante su presencia en el poder, y que siguen funcionando en los barrios y colonias, también son una copia del actuar de la dictadura de Ortega. Además, recordó que pese a la asunción del nuevo Gobierno en Honduras, tras asumir el poder la presidenta Xiomara Castro, en enero de 2022, no hay un cambio sustancial frente a la postura que se tiene con la dictadura orteguista, puesto que “tampoco se cuestiona de manera bilateral lo que esto significa para el pueblo de Nicaragua”.
Además, señaló que el Gobierno de Castro tiene deudas pendientes, sobre todo con la alta tasa de femicidios, el aborto y el uso de pastillas anticonceptivas. Flores recordó que el actual Gobierno hondureño firmó “una agenda particular con todos los temas de las mujeres, que muy poco se ha avanzado”.
Resaltó que pocas de las cosas que se han avanzado por el Ejecutivo, pero que “desde el Legislativo siguen pendientes de aprobar, es la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra Mujer, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer por sus Estados partes), que está en el Congreso Nacional, sin embargo, no han agendado esa aprobación, que daría también margenes a las mujeres para poder acudir a los sistemas de Naciones Unidas”.
La guatemalteca María Dolores Marroquí también valora que el gobierno actual, dirigido por el presidente Alejandro Giammenttei, “hace eco de esas políticas dictatoriales que se están imponiendo desde Nicaragua, El Salvador, y que pretenden silenciar las voces de quienes se oponen”.
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Explicó que desde la sociedad civil incluso se habla de que en Guatemala “existe una dictadura”, ya que “cada vez se cierran más los espacios políticos, hay una cooptación de la institucionalidad del Estado, la Corte de Justicia, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, existen desalojos forzados, abusos por parte de militares en esos desalojos, una política de silenciamiento de la violencia que sufren las mujeres y de la trata de personas que se ha institucionalizado y que está cobrando la vida de más mujeres”.
La costarricense Ana Felicia Torres consideró nefasto el ejemplo de la dictadura orteguista en la región centroamericana, apuntando que el presidente actual de Costa Rica, Rodrigo Chaves, “tiene un desempeño ético y una presencia política similar a la de Daniel Ortega en términos de su patriarcalismo, misoginia, violencia simbólica que representa no solo verbalmente sino gestualmente con la manera de referirse a las mujeres”.
“Tanto Daniel Ortega como Rodrigo Chaves tienen un discurso violento, que llama a la confrontación, y que legitima condiciones sociales para el aumento de la violencia en contra de las mujeres”, señaló.
Recordó que el presidente Chaves llegó al poder tras salir “implicado en un escándalo de acoso sexual laboral y cuya resolución de querella quedó con una nebulosa”, por lo que consideró “lamentable que tengamos un presidente que tiene sobre sí una duda de esa magnitud”.
La panameña Eusebia Solís afirmó que “lo que ocurre en Nicaragua con el Gobierno dictatorial, de corte dictatorial, y autoritario, lo que nos dice, no es tanto del efecto que tiene en gobiernos como el de Panamá, “que guarda bastante silencio” sobre lo que ocurre en Nicaragua, si no que nos habla de que esto puede tener un efecto más regional en el cual los gobiernos sientan que violar los derechos humanos no trae consecuencias y se empoderen para replicar esas prácticas.
