Frente a la violencia machista, que ha cobrado la vida de al menos 38 mujeres y 11 solo en el mes de mayo, los constantes cambios y la inestabilidad a lo interno del Ministerio de la Mujer no contribuyen a frenar la ola de asesinatos en Nicaragua, consideran feministas consultadas por La Lupa.
El nombramiento de Tamara Vanessa Martínez Sarantez, una semana después del asesinato de varias mujeres en los primeros días de mayo, es una “decoración barata” que no resuelve ni mitiga la violencia machista en el país, afirma la feminista y defensora de derechos humanos, Ana Quirós.
El Ministerio de la Mujer, antes llamado Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) creado en 1987, es una de las instituciones que más cambios ha tenido desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007. El 15 de mayo de 2024, el régimen publicó en La Gaceta, diario oficial, el acuerdo presidencial 70-2024, en el que nombra a Martínez Sarantez.
“Es probablemente el Ministerio con más cambios y con más personas desconocidas, tal vez se conocían a las primeras (ministras) que eran mujeres que tenían alguna trayectoria en trabajo con mujeres”, dijo Quirós.
Martínez Sarantez sustituye en el cargo a la exdirigente de la Juventud Sandinista, Jessica Yaoska Padilla Leiva, que pasará al servicio diplomático a cumplir funciones de embajadora, según el acuerdo presidencial 69-2024, también publicado en La Gaceta.
Tamara Vanessa Martínez Sarantez es la decimocuarta ministra de la Mujer en Nicaragua desde que Ortega volvió al poder en 2007. Es una trabajadora social graduada en el 2014 en la UNAN-León, que se le ha visto en festivales y actos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como intérprete de canciones de la propaganda orteguista.
Emilia Torres, fue la primera directora del INIM, por pocos meses, al iniciar el mandato de Ortega en enero de 2007, pero la removieron de su cargo en marzo de ese mismo año, bajo el pretexto que pasaba al Ministerio de Cultura tal y como evidenció La Lupa en el reportaje #8M: 50% de cargos públicos ocupados por mujeres, pero sin poder de decisión.
“De ahí en adelante han pasado, literalmente, decenas de mujeres en ese cargo y con ninguna experiencia en el trabajo con mujeres, con grupos y el trabajo en programas públicos”, señaló Quirós.
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La activista de la Juventud Sandinista, Jessica Yaoska Padilla Leiva, estuvo en el cargo desde 2019 y durante su gestión tampoco no se conocieron políticas que ayudaran a detener la violencia contra las mujeres.
Tania Irías Guerrero, del grupo lésbico-feminista “Artemisa” considera que no hay voluntad el régimen de frenar esa violencia machista contra las mujeres en el país. Por el contrario, los cambios obedecen a “decisiones políticas”, insiste.
“Irán poniendo al que más les convenga y quitar al que les estorbe y lo que hacen es para seguir perpetuados en el poder”, plantea Irías Guerrero.
La integrante de Artemisa rechaza el “enfoque amarillista” que se hace de cada caso en el que se pone atención en “qué fue lo que hizo la mujer mal para que le pasara eso”.
“Siempre se sostiene el discurso de justificación de que hay razones por las que es válido de que nos maten a las mujeres (…) Hay antecedentes donde hubo denuncias previas y donde se evidencia que el gobierno no tiene ningún plan de seguimiento y la impunidad impera frente a los agresores y hombres violentos”, destaca Irías Guerrero.
Para «Francisca», una defensora del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, se trata de un ministerio «invisible» que no desarrolla actividades y acciones que sirvan para detener la ola de femicidios en el país. «En la práctica lo han dejado sin un rol claro», explica.
Ninguna de las ministras que ha designado el régimen han cumplido «un rol beligerante» para atender a las mujeres. La sustitución de Padilla Leiva no «tiene ningún impacto ni positivo ni negativo», afirma «Francisca».
«El Ministerio de la Mujer es un completo desconocido y pueden haber varios ministerios, pero quien tiene la única palabra en este país son Rosario Murillo y Daniel Ortega, es decir, no hay ni un solo ministerio que tenga un rol, autonomía o liderazgo para enfrentar las diversas problemáticas que enfrentamos las mujeres», señala la activista y feminista del Movimiento de Mujeres.
El Ministerio de la Mujer, en su sitio web, se define como una institución orientado a “crear las bases para erradicar todas las formas de opresión y discriminación a la mujer y establecer un nuevo tipo de relaciones sociales y personales, a fin de lograr su plena integración a la vida social del país”.
Frente a la violencia machista que arrebata la vida de las mujeres, el Ministerio de la Mujer está “muy devaluado” en sus políticas y acciones, enfatizó Quirós, quien es experta en temas de Salud Pública y dirigía el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una de las primeras oenegés canceladas y confiscadas por el régimen en noviembre de 2018.
“Muy devaluado porque, primero, casi no le asigna recursos y, segundo, no le da importancia con el nombramiento de personal capacitado que no tienen ninguna estabilidad. Esto nos hace pensar que para el régimen el Ministerio de la Mujer y el trabajo con mujeres realmente no tiene ninguna importancia y eso es preocupante en un país donde impera el machismo”, añadió Quirós.
Según el Ministerio, ante una situación de violencia una mujer tiene la opción de recurrir a la Comisaría de la Mujer y Niñez de la Policía Nacional “más cercana” a denunciar o llamar a la línea 118 de la institución policial.
Las Comisarías de la Mujer nacieron como un órgano de la Policía encargado de atender a las víctimas de violencia, y tenían como disposición la prevención, atención, protección, acompañamiento y seguimiento para las mujeres, hasta antes de su repentina desaparición en 2016.
De acuerdo con un documento de la Policía sobre la ruta de atención en las comisarías previo al cierre, estas oficinas tenían como objetivo “proteger a las víctimas de violencia, realizando acciones de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento del hecho, hasta su recuperación, resarcimiento de daños y restitución de sus derechos”.
Ese concepto, según las feministas consultadas en distintas ocasiones por La Lupa, se ha perdido.
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“Deberían estar trabajando sobre la autoestima y la imagen de las mujeres, deberían contar con programas de prevención de recepción de denuncias y de sanción a los hombres agresores y lo que hemos visto es todo lo contrario. Aunque hay, en teoría, Comisarias de la Mujer, esas comisarías están integradas por personas que no tienen capacitación, porque ya habían eliminado las Comisarías de la Mujer y habían corrido al personal que había sido capacitado durante años por la cooperación internacional y las organizaciones de mujeres”, recordó Quirós.
La estrategia trazada por el régimen desde las nuevas comisarías ante la violencia es el “diálogo” y la mediación entre las víctimas y los agresores.
“El concepto de familia y el papel de la mujer en la familia es de aceptar la violencia, de buscar la negociación en ambientes donde las mujeres tienen poco poder, es someterse y seguir viviendo violencia que desafortunadamente, muchas veces, terminan en femicidios, que ademas no son castigados por el régimen”, denunció Quirós.
Para la feminista y experta en temas de salud pública el régimen debería “castigar seriamente a los hombres agresores y más aún a los violadores y femicidas”.
Rosario Murillo anunció la creación del Consejo Nacional de la Mujer, que será presidido por la Presidencia de la República, cuyo objetivo es hacer frente a la violencia contra las mujeres y estará conformado por varias instituciones, incluyendo el Ministerio de la Mujer.
Para «Francisca» en estas circunstancias y frente a 38 femicidios en el país es preocupante que el régimen siga promoviendo una «cultura de impunidad y perdón contra violentadores comprobados».
Según «Francisca», en Nicaragua urge que las instituciones del régimen se tomen «en serio las denuncias». La feminista del Movimiento de Mujeres explica que en el país, desde las Comisarías de la Mujer, ni siquiera «hay claridad en la ruta de atención» frente un caso de denuncia.
«No entiendo mucho la preocupación de un gobierno que ha sido totalmente indolente frente a la violencia contra las mujeres, un gobierno que ha promovido la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, es como muy discursivo, pero la realidad nos dice que no están haciendo nada para proteger a las mujeres», puntualiza «Francisca».
