Miguel Mendoza, el cronista deportivo condenado por sus opiniones en Twitter
Por ejercer su derecho a la libertad de expresión y el derecho a informar, el periodista fue declarado culpable
Por 605 
Miguel Mendoza nunca pensó que lo arrestarían por compartir información sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Según él, “había otros periodistas que hacían periodismo de investigación y que se arriesgaban más”, mientras que él no se consideraba «un periodista importante, solo era un cronista deportivo que compartía información sobre lo que está pasando en redes sociales”. “No hago nada malo, no estoy cometiendo ningún delito” decía Miguel antes de su arresto arbitrario, cuenta uno de sus familiares en anonimato por la criminalización de la dictadura.
En sus más de 25 años de carrera, la pasión, el dinamismo y la innovación lo caracterizaron. En su vida social se mostraba como un hombre carismático, optimista y tranquilo. Y en su vida familiar era un esposo y un padre amoroso. “Sos el amor de mi vida” solía decirle su hija de siete años.
Desde la noche del 21 de junio de 2021 cuando fue detenido arbitrariamente, su niña llora todos los días por él. Después no haberse separado nunca, no han tenido ningún tipo de comunicación en ocho meses, lo que califica de tortura psicológica, según su familiares. Actualmente la niña asiste a terapia psicológica por problemas de ansiedad generados desde 2018 y agravados con el arresto de su papá.
“Nunca se nos va a olvidar ese 21 de junio cuando sucedió el arresto. No lo imaginábamos porque Miguel no ha cometido ningún delito. Fue sorpresa cuando leímos el comunicado que decía que ya estaba detenido. Nos ha marcado muchísimo a toda la familia, a sus hermanos, su mamá todavía no está enterada de que Miguel está detenido, y para la niña y para mí es una situación que destroza, muy triste y te cambia la vida de un día para otro”, expresa la fuente.
“La niña estaba dormida cuando allanaron la vivienda. Gracias a Dios no me despertaron. Yo les pedí que no la despertaran porque les tiene pavor desde 2018. Ha estado con atención psicológica por ansiedad. Revisaron la casa pero no me la despertaron, no sé qué hubiese pasado si hubiera visto la Policía dentro de la casa”, detalla.
Solo horas antes del arresto, la Policía orteguista había allanado la vivienda del periodista y fundador de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. En ese mismo momento, Miguel recibió un mensaje de un número desconocido diciéndole “después de Carlos Fernando el siguiente sos vos”. Así que decidió salir solo de su casa para que su hija no presenciara el arresto. Una hora después, su familia no tuvo más contacto con él y se dieron cuenta de su detención por un comunicado de la Policía.
Desde entonces la vida de él y de su familia cambió completamente. Sus familiares van a dejarle agua todos los días dos veces al día, a las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde. “Hay familias que van tres veces al día, pero no puedo por mi trabajo”, cuenta su esposa, quien ha tenido que mantener su hogar sola durante todos estos meses.
Aunque va todos los días a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no lo siente como una carga y lo hace con mucho amor, es desgastante y doloroso para ella tener a unos cuantos pasos a Miguel y no poder tener ningún contacto, ni información de él.
El “delito” de informar y opinar
Aunque a Miguel lo declararon culpable de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos», su delito fue informar y opinar a través de sus redes sociales.
Semanas antes de su detención, Miguel criticaba la forma en que los partidos opositores se organizaban para las fraudulentas elecciones presidenciales, los actos ilegales que cometía el régimen; informaba sobre la migración de miles de nicaragüenses, la corrupción en las organizaciones deportivas, y siempre denunciaba la situación crítica que viven las personas presas políticas, sin imaginar que él se iba a convertir en una.
Cuando estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018, dejó a un lado la crónica deportiva y ofreció sus redes para la denuncia ciudadana, además «metía la cuchara» en el programa deportivo Doble Play. «Es penoso hablar de algo tan recreativo como el deporte mientras hay familias enteras que perdieron a sus hijos o que los tienen presos y que saben que están recibiendo torturas, dijo en una entrevista a Confidencial hace tres años.
Por eso consiguió bastante popularidad y sus publicaciones eran generadoras de debates y de difusión.
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«No es un delciente, es un periodista»
Luego de que se dictara su culpabilidad, sus familiares realizaron una conferencia donde niegan los delitos que se le acusa a Miguel y demandaron su liberación; y señalaron que «no es un delicuente, sino un periodista».
«Miguel es un periodista de profesión que ha dedicado momentos importantes de su vida a la crónica deportiva, pero nos atreveríamos a decir que el amor por lo justo es lo que verdaderamente lo que le apasiona. Hoy en día Miguel es un preso político que enfrenta una acusación que padece constantes incumplimientos al debido proceso, por lo que este veredicto de culpabilidad no es considerado como válido. Por lo tanto, cuando llegue la hora de la justicia sus efectos tendrán que ser suprimidos», leen en el comunicado.
Decenas de periodistas protestaron el día de su juicio protestaron frente al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) emitieron un comunicado donde calificaron el juicio de “arbitrario”.
“Hoy, 8 de febrero del 2022, se realiza un arbitrario juicio contra Miguel Mendoza, periodista, cronista deportivo y miembro de esta organización, un juicio ilegal y plagado de arbitrariedades que solo tiene como fin tratar de silenciar las voces de las mujeres y hombres de prensa que a diario informan a pesar del riesgo que representa en Nicaragua”, señalan.
Como en los ocho juicios anteriores, a Miguel se le declaró culpable sin garantías judiciales. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el veredicto se basó en qué publicó mensajes en Twitter y retuiteó a representantes y congresistas de los Estados Unidos.
La Fiscalía solicita nueve años de cárcel y la lectura de sentencia será realizada el 16 de febrero.
