Un total de 716 médicos firmaron una misiva donde urgen a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que realicen una visita in situ en Nicaragua, para constatar el abordaje de la pandemia de COVID-19 en el país, ante la negligencia con la que el régimen orteguista ha actuado.

Los especialistas además demandaron el cese de la persecución y acoso a los profesionales de la salud y exigieron al régimen Ortega-Murillo y al Estado de Nicaragua que declaren «fase de transmisión comunitaria y actúe en consecuencia».

La recomendación de los más de 700 profesionales de la salud -ante la fase de transmisión comunitaria- son la suspensión de actividades masivas, el cierre temporal de centros de educación (primaria, secundaria y superior), la suspensión de actividades no esenciales que impliquen presencia física, suspender las actividades presenciales de estudiantes de las universidades y, de ser necesaria, la cuarentena comunitaria.

«El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad sobre la salud de los
nicaragüenses», exhortaron los especialistas en la misiva.

Además demandaron la entrega de equipos de protección personal a los profesionales sanitarios que están en la primera línea de atención y la realización del mayor número de pruebas para detectar los focos de infección y tomar las medidas de contención del brote.

Autocuido

En el documento, los especialistas también aprovecharon para llamar a la población a tomar medidas de autocuido, quedarse en casa, asumir las recomendaciones de la OMS, practicar el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla al salir de casa.

Los médicos también apuntaron en la necesidad de que el apoyo de los estudiantes en la pandemia debe ser de forma «voluntaria» y en el «marco de sus capacidades». También recordaron a todos los que decidan apoyar se les debe suministrar «los equipos adecuados de protección».

Asimismo, ratificaron que es urgente que las medidas de protección se prioricen para los grupos «más vulnerables de la sociedad», tales como: personas de la tercera edad, los privados de libertad y los abandonados socialmente (indigentes).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación -en las últimas semanas- principalmente por los privados de libertad y, en especial, por los presos políticos de la dictadura que ascienden a más de 90, de los cuales por lo menos 30 han presentado síntomas de COVID-19.

Hasta la fecha, en Nicaragua se registra un total de 759 casos positivos de COVID-19, 35 muertes y 370 recuperaciones. No obstante, en el país no se han asumido medidas estrictas de distanciamiento social, no se han suspendido las clases en centros públicos y tampoco hay medidas económicas que ayuden a los sectores más vulnerables.

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