El dictador Daniel Ortega le quitó la funciones administrativas y financieras al ministro dHacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a través del acuerdo presidencial 45-2020. La acción de la dictadura se da siete días después que el funcionario fue sancionado por el Gobierno de los Estados por ser cómplice de violaciones a derechos humanos.
En otro acuerdo presidencial, 46-2020 también publicado este viernes en La Gaceta, además  se establece la anulación del nombramiento de Acosta como representante del Estado de Nicaragua en la administración de las acciones dentro de la Distribuidora de Electricidad del Norte (DISNORTE) y la  Distribuidora de Electricidad del Sur (DISSUR).
Sin embargo, el funcionario orteguista  -a diferencia de otros sancionados- no fue removido de su cargo, aunque prácticamente es dejado solo con el título de ministro sin funciones, tal como ocurrió en un principio con el ahora expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.
 

Quien ahora asumirá las funciones de Acosta será José Adrián Chavarría Montenegro, nombrado como viceministro general  al que se le otorgan las «facultades y competencias de firmar todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Chavarría Montenegro tendrá a partir de la publicación del acuerdo 45-2020 la firma autorizada para girar los “desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan”.

Mientras que como representante de las acciones de capital del Estado de Nicaragua en las entidades DISNORTE y DISSUR  se nombra a  Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, facultandolo para que participe y vote dentro de las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas.

Las sanciones

Acosta fue sancionado junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, el pasado 22 de mayo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó, según el documento que publicaron, por seguir “organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”.

Además lo señalaron de amenazar “personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”.

Ambos funcionarios orteguistas perdieron sus derechos en todos los bienes e intereses que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, pues todo orden de la OFAC es que fueron bloqueados y reportados. Asimismo, las sanciones contra Acosta y Avilés  establecen que “cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos también está bloqueada”.

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