María Esperanza Sánchez fue la presa política que más tiempo estuvo privada de libertad. El pasado 26 de enero cumplió tres años de estar en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, mayormente conocido como «La Esperanza». Y después de todo ese tiempo injustamente encarcelada, todavía no se cree que se encuentra en libertad, aunque desterrada.
“Estoy contenta porque por un lado porque estoy libre, pero por otro, tengo sentimientos encontrados. Es un cambio total. Pensé que íbamos a salir libres, pero para nuestras casas, no para acá (Estados Unidos). Sinceramente nunca pensé en salir del país, incluso cuando saliera de la cárcel”, expresa la activista de 54 años.
Sánchez cuenta que durante las visitas con su hija, ella le decía: “mamá, cuando salga (de la cárcel) tiene que irse”, pero Sánchez solo le decía que no sabía “porque no quería dejar su patria”. El exilio, y en este caso, el destierro, nunca cruzaron por su mente. Su vida estaba en Nicaragua.
En junio de 2020 fue condenada a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas por supuesto tráfico de drogas, pero ella sostiene que su único delito fue alzar la voz y protestar pacíficamente.
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también denunció y documentó las diferentes irregularidades que se dieron durante el juicio, ya que nunca se respetó su derecho al debido proceso.
El pasado 9 de febrero ella y otras 221 personas presas políticas fueron desterradas de Nicaragua a Estados Unidos, fueron declaradas “traidores a la patria” y les quitaron su nacionalidad nicaragüense, según la maquinaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Tres años después desde su detención ahora puede contar ella misma las violaciones a sus derechos que sufría en la cárcel, el trato diferenciado que recibía ella y las otras presas políticas con respecto a las presas comunes, y las pequeñas resistencias cívicas para continuar en su lucha por la democracia.
El día que Sánchez perdió su libertad en enero de 2020 fue llevada a El Chipote, donde cuenta que la torturaron, golpearon e interrogaron, pero al no tener ninguna información que dar, fue trasladada a La Esperanza, “donde comenzó un proceso muy duro”, dice.
Desde que llegó a La Esperanza recibió amenazas de muerte por parte de otra presa, y a pesar que ella pidió ayuda a las autoridades del penal, nunca la ayudaron, ni hicieron nada para proteger su integridad.
“Yo pedía que me ayudaran porque tenía amenazas de muerte de una mujer que decía que el demonio le decía que me matara y entonces yo pasaba noches sin poder dormir”, cuenta.
Durante todo ese tiempo, tampoco recibió atención médica adecuada, una situación que puso en peligro su vida en más de una ocasión, ya que ella padece de asma, problemas respiratorios, cardiovasculares e hipertensión.
Aunque ella muchas veces expuso a las autoridades del penal los problemas de salud que tenía, estas no le permitían ser atendida por las brigadas médicas que llegaban y sí trataban a las presas comunes. A las otras presas políticas tampoco les permitía ser revisadas médicamente.
“El penal nunca me dio ningún tratamiento, si tomaba algo eran medicamentos de fuera, y eso que tampoco permitían la entrada de medicinas para mí. En agosto del año pasado pasé con una crisis respiratoria casi un mes porque no podía respirar. Pasé muchas noches en las que sentía que me moría”, cuenta Sánchez.
En esa crisis respiratoria que sufrió en agosto de 2022, se puso tan grave que casi tuvo un paro respiratorio, y fue hasta ese momento que le atendieron la enfermedad.
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Ellas y las otras presas políticas tampoco les permitieron ejercer su derecho a ejercer su fe, no les permitían el acceso a las misas en el caso de las mujeres católicas y no les permitían el acceso a los cultos en el caso de las cristianas-evangélicas.
Comenta que incluso hasta el 9 de febrero de este año, día que fueron desterradas a Estados Unidos, los oficiales no les permitían rezar cuando estaban por montarse al avión. “La violencia psicológica estuvo presente hasta el último día”, dice.
Las presas políticas no podían hablarse entre ellas. Estaban distribuidas estratégicamente en el penal para que no estuvieran juntas y no pudieran comunicarse. Y cuando las sacaban al patio para tomar el sol durante media hora, lo hacían una por una, así no tenían contacto en ningún momento.
Esto afectó profundamente a Sánchez, ya que no podía hablar con su “hermana de lucha”, Karla Escobar, la otra presa política que también se encontraba privada de libertad desde el 2020. Ellas dos se hicieron amigas cercanas y juntas se apoyaron para aguantar todas esas prácticas en la cárcel.
“No nos mirábamos, no sabíamos nada la una de la otra. Solo nos saludabamos de largo con la mano. Eso fue hasta el último momento en que nos sacaron”, señala.
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Durante las salidas al patio también eran fuertemente custodiadas por altos funcionarios del penal, y les tomaban fotografías y videos “para que después dijeran que estábamos bien, pero no lo estábamos”, dice Sánchez.
En medio de todos esos malos tratos, Sánchez encontraba pequeños momentos para protestar pacíficamente y mostrarse firme en su activismo. Desde crear banderas y mascarillas azules y blanco hasta pintarse las uñas siempre de esos colores, hacía sus actos de resistencia.
“El 19 de julio de 2020 todas las camas tenían banderas roja y negra. Yo conseguí fomi azul y blanco e hice una bandera azul y blanco. Después el nuevo alcaide a decirme que la debía quitar porque estaba irrespetando la bandera”, cuenta.
En 2021 durante pleno apogeo de la pandemia, pudo mandar a hacer mascarillas de los mismos colores de la bandera, que luego nuevamente les fueron arrebatadas.
Y el último acto que hizo hasta el final: pintarse las uñas en azul y blanco. Así las anduvo desde su detención hasta el momento en el que estaba en el avión a Washington. Indica que hasta hace un par de días se limpió la pintura por primera vez.
“Era tanta la cosa que habían prohibido la venta de pintura azul para nosotras, pero yo siempre encontraba la manera para conseguirla”, dice en entrevista con La Lupa.
Aunque en condición de desterrada, Sánchez asegura sentirse alegre por estar libre después de tanto tiempo y sobre todo, por volver a reunirse con su amiga Karla Escobar. Ella y Karla saludan y se dan un fuerte abrazo juntas. Ahora sus planes son conseguir permiso de trabajo y reunirse con sus familias.
“Nosotras vamos a regresar pronto a Nicaragua. Dios está con nosotras. Nuestra patria va a ser libre. Nuestra solidaridad es con todos los presos políticos que quedaron”, dice Sánchez junto a Karla.
Ellas sostienen que van a continuar demandando la liberación de las 35 personas presas políticas que todavía se encuentran en Nicaragua, y un país en democracia.
