Familiares de algunas de las 35 personas presas políticas que permanecen en los sistemas penitenciarios de Tipitapa, León, Matagalpa y en la estación policial de Nueva Guinea, urgieron «libertad ya», lanzando la campaña «#NosFaltan35», luego que estos no fueron incluidos por la dictadura en la lista de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
Además, urgieron a la comunidad internacional, a organismos de derechos, gobiernos amigos y al pueblo de Nicaragua, que los continúen apoyando en su demanda de libertad para sus familiares “que siguen secuestrados en condiciones degradantes para cualquier ser humano”.
“Les hacemos un llamado a que continuemos luchando para que en Nicaragua no quede un solo preso político, a los países amigos de la justicia, la democracia y la libertad llamamos a que se pronuncien en favor de recibir a nuestros familiares, y a todas las organizaciones de víctimas y a la sociedad civil a que se unan a nuestra lucha”, indicaron en un comunicado que leyeron a través de una transmisión en vivo.
El grupo de familiares denunció que las 35 personas presas políticas han sufrido y siguen siendo víctimas de “torturas y malos tratos”, que van desde desde “la negativa de atención médica, visitas sin contacto físico, negación del derecho a una defensa técnica de su confianza, castigos injustificados como negación a salida de patio sol, encierro prolongado, robo a sus pertenencias, requisas violentas, trato denigrante a sus familiares, acoso con fotos y videos durante las visitas, firma obligatoria de buen trato en el sistema, y amenazas de maltrato a sus familiares si interponemos denuncias”.
También, señalaron que la dictadura orteguista miente al señalar que en el país solo hay dos presos políticos, en referencia a monseñor Rolando Álvarez y Fanor Alejandro Ramos, a los que acusó de no querer subir al avión en el que los iban a expulsar del país, reiterando que los otros 33, que no fueron incluidos en esa lista también son presos políticos, reconocidos en listas oficiales del Mecanismo para Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
“Durante el discurso emitido por Ortega después de la liberación de los 222 presos políticos, expresó una serie de mentiras y falsos testimonios sobre nuestros familiares refiriéndose que había presos políticos que no quisieron abordar el avión y que el resto de presos no fueron liberados porque fueron encontrados culpables de delitos comunes», apuntaron.
El grupo, aunque celebró la liberación de 217 personas que estaban encarceladas por motivos políticos, pero que fueron desterradas a Estados Unidos, señaló que la dictadura incluyó en la lista de los 222 desterrados a personas que “públicamente se conoció que estuvieron a su servicio y quienes fueron juzgados por delitos comunes, inclusive fue liberado un paramilitar confeso de crímenes de lesa humanidad”.
Mencionaron que entre los liberados y desterrados por la dictadura estaban: Marlon Gerardo Sáenz Cruz (alias Chino Enoc), María José Camacho Chévez, Hans Camacho Chévez, Roberto Emiliano Larios Meléndez, Humberto Alejandro Pérez Largaespada, «quienes no eran presos políticos ya que fueron parte del aparato represor del Frente Sandinista, como también es el caso de Humberto Alejandro Pérez Largaespada, quien ha sido acusado por ciudadanos opositores de amenazas de muerte y ser jefe de paramilitares en el municipio de Jalapa».
Los familiares denunciaron que la exclusión de sus familiares de la lista de liberados y desterrados del país obedece a un ensañamiento de la dictadura orteguista con los opositores, por lo que apuntaron que seguirán luchando hasta conseguir libertad para cada uno de los ciudadanos encarcelados injustamente, hasta que «no quede ningún preso político en las cárceles de Nicaragua».
